Desde hace varias noches, el silencio alrededor del penal El Rodeo I, en el municipio Zamora, se ha visto roto por los gritos de internos y familiares que reclaman por la plena aplicación de la nueva Ley de Amnistía, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional venezolana.
Las voces que cruzan los muros de la prisión reflejan la ansiedad y frustración de quienes esperan la liberación o beneficios legales, mientras sostienen un diálogo a distancia con sus seres queridos, iluminados por velas en la oscuridad.
La protesta se ha intensificado con medidas de fuerza dentro del penal, como huelgas de hambre iniciadas por más de 200 reclusos que exigen ser incluidos en los beneficios previstos por la nueva normativa y también reclaman mejores condiciones de detención y atención médica.
Entre los internos que han participado en estas acciones figura un ciudadano extranjero, el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien según familiares continuó con la huelga de hambre días después de iniciada la protesta en El Rodeo I, aunque luego habría levantado esa medida tras un contacto telefónico con sus allegados.
La llamada Ley de Amnistía fue aprobada por el Parlamento venezolano con el objetivo de otorgar beneficios a personas detenidas por motivos políticos a lo largo de varios años. En su primera semana de vigencia, las autoridades reportaron decenas de liberaciones y beneficios legales aplicados a miles de solicitudes, aunque organizaciones de derechos humanos y familiares sostienen que persisten cientos de presos políticos que no han sido liberados y que el proceso avanza de manera lenta.
Las vigilias de familiares no se limitan a El Rodeo I: también se han registrado manifestaciones frente a otros centros de detención en Caracas, donde se exigió una mayor celeridad en la aplicación de la ley y se denunciaron condiciones irregulares en las detenciones.
La situación refleja la tensión existente entre expectativas de liberaciones tras la aprobación de la amnistía y la percepción de familiares y defensores de derechos humanos de que aún falta mucho por hacer para garantizar la libertad y protección de los detenidos por razones políticas en el país.
