El plan del presidente de Chile, José Antonio Kast, para acelerar la expulsión de migrantes enfrenta un importante obstáculo, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) reconociera que actualmente no puede deportar a miles de ciudadanos venezolanos.
Durante una sesión en el Senado, la PDI admitió que es “imposible” expulsar a cerca de 6.000 venezolanos que cuentan con órdenes de salida del país, debido principalmente a la falta de relaciones consulares con Venezuela.
Esta situación evidencia las limitaciones estructurales del plan migratorio impulsado por el gobierno, que ha puesto como una de sus principales prioridades el control de la inmigración irregular.
Sin vínculos diplomáticos activos, Chile enfrenta dificultades para verificar identidades, emitir documentos y coordinar el retorno de los ciudadanos, requisitos clave para concretar las deportaciones.
El tema se discute en medio del avance de proyectos legislativos que buscan endurecer las medidas contra el ingreso clandestino, mientras crece la presión por mostrar resultados concretos en materia migratoria.
Así, una de las principales promesas de campaña del Ejecutivo se ve enfrentada a la realidad operativa y diplomática, lo que complica su implementación en el corto plazo.
