Las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) establecen qué empresas y operaciones pueden participar legalmente en determinadas actividades petroleras y gasíferas en Venezuela. Al mismo tiempo, parte de los ingresos obtenidos por esas ventas permanece en cuentas designadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que las autoridades venezolanas presentan sus necesidades de gasto y que Estados Unidos supervisa el proceso de desembolso. Aunque la propiedad del petróleo y de los recursos continúa siendo venezolana, el Gobierno de Venezuela no puede disponer directamente de una parte de esos fondos.
Este mecanismo plantea interrogantes sobre el alcance de la autoridad estadounidense. La supervisión busca evitar el desvío de recursos, pero también genera preguntas sobre quién toma las decisiones, bajo qué criterios, con qué mandato y cuándo terminará esta autoridad extraordinaria.
La discusión adquiere mayor relevancia porque la política estadounidense también responde a objetivos propios de política exterior y seguridad nacional. Al mismo tiempo, Washington impulsa nuevas inversiones en Venezuela y busca aumentar la producción petrolera, gasífera y eléctrica.
Durante su visita a Caracas el 11 de febrero de 2026, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que Estados Unidos trabajaba en nuevas licencias para facilitar la participación de empresas ya presentes y de otras interesadas en invertir en Venezuela, con el objetivo de incrementar la producción, generar empleos y elevar los ingresos por exportaciones.
De esta manera, Estados Unidos supervisa parte de los ingresos provenientes del sector petrolero mientras promueve una mayor inversión y producción en esa misma industria. El punto central pasa entonces por establecer mecanismos que permitan conocer cómo se toman las decisiones y quién puede fiscalizarlas.
El seguimiento de los ingresos petroleros
Según cálculos del Financial Times, más de US$13.000 millones procedentes del petróleo venezolano habían sido recaudados bajo el esquema estadounidense hasta finales de julio. Sin embargo, no existe con el mismo nivel de detalle una cuenta pública que permita determinar cuánto ha sido desembolsado, con qué propósito y cuánto permanece todavía bajo control estadounidense.
Ante esa falta de información, algunos analistas han tenido que reconstruir parte del movimiento financiero utilizando datos sobre buques, volúmenes de exportación y precios del crudo.
Roxanna Vigil, exasesora sénior de política de sanciones de OFAC y exdirectora para Asuntos Andinos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calculó que durante los primeros cuatro meses del mecanismo circularon cerca de 100 millones de barriles, valorados en unos US$8.000 millones, sin que existiera un registro público completo sobre las ventas, los ingresos y el destino posterior de los recursos.
Vigil también señaló que, en abril, un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de US$3.000 millones para Venezuela, aunque no pudo precisar cuánto dinero permanecía en las cuentas del Tesoro.
La situación evidencia una diferencia entre ejercer control sobre los recursos y garantizar una rendición de cuentas transparente. Un sistema puede establecer presupuestos, autorizar desembolsos y realizar auditorías sin ofrecer al público información suficiente para reconstruir el recorrido de cada decisión financiera.
Para Venezuela, el desafío consiste en evitar que la falta de transparencia que caracterizó durante años la administración de los recursos públicos simplemente adopte una nueva forma. Si los fondos continúan perteneciendo a los venezolanos, la supervisión también plantea la necesidad de saber quién decide sobre ellos, cómo se determina su uso y quién puede examinar esas decisiones.
La discusión tampoco se limita al destino final del dinero. También involucra la forma en que se determina quién obtiene acceso, influencia y participación dentro del sistema que actualmente administra una parte de los recursos petroleros venezolanos.
