El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presuntamente conspirar para cometer actos de tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
La nueva acusación, presentada el jueves 8 de octubre ante un tribunal federal de Nueva York, se suma al proceso que ambos enfrentan por presuntos delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados con armas. Según el Departamento de Justicia, los nuevos señalamientos describen un supuesto sistema de represión que habría operado en Venezuela durante años.
De acuerdo con los fiscales, entre 1999 y 2025 integrantes de organismos estatales y grupos armados habrían participado en amenazas, detenciones ilegales, agresiones y torturas contra personas consideradas adversarias del Gobierno venezolano. La acusación incluye nueve presuntas víctimas de tortura, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses, según Reuters.
La Fiscalía también atribuye a Flores presunta participación en órdenes de tortura relacionadas con personas vinculadas a investigaciones criminales que afectaban a su entorno familiar. Estas afirmaciones forman parte de la acusación presentada por las autoridades estadounidenses y deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.
Maduro y Flores fueron capturados en Caracas el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense y posteriormente trasladados a Nueva York. Ambos permanecen detenidos en Brooklyn mientras avanza el caso. La nueva acusación contempla penas potenciales severas si fueran declarados culpables, aunque las sanciones definitivas corresponderían al tribunal.
En paralelo, el juez rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores, quien alegó problemas de salud. La defensa había pedido que pudiera continuar el proceso fuera de prisión, pero el tribunal consideró que no existían motivos suficientes para conceder la petición.
El juicio está previsto para junio de 2027. La incorporación de los nuevos cargos amplía el alcance de la causa, que ahora incluye presuntas violaciones cometidas contra opositores y ciudadanos estadounidenses, además de los delitos que ya se investigaban.
