Las compañías petroleras rusas están destinando grandes cantidades de dinero a proteger sus refinerías e instalaciones energéticas frente al aumento de los ataques ucranianos, reconoció este miércoles el vice primer ministro de Rusia, Alexandr Novak.
“Se trata de costes significativos para las refinerías e instalaciones energéticas”, afirmó Novak, citado por la agencia Interfax. El funcionario explicó que estos gastos son necesarios debido a que una eventual paralización de las refinerías provocaría pérdidas todavía mayores para las empresas.
Novak señaló que las compañías petroleras trabajan junto al Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad de sus instalaciones. Según indicó, estos esfuerzos se han intensificado durante los últimos meses debido al incremento de los ataques contra las refinerías.
El vice primer ministro también informó que cerca del 10 % de las refinerías rusas se encuentran actualmente en reparación. Sin embargo, algunas labores de mantenimiento que estaban previstas fueron aplazadas para responder a la elevada demanda de combustibles durante el verano.
A finales de julio, Novak había señalado que el mercado ruso de combustibles mostraba una estabilización parcial después de que varias refinerías finalizaran sus trabajos de mantenimiento. No obstante, reconoció que la situación continuaba siendo complicada en distintas regiones.
Durante agosto, el mercado habría entrado en una segunda etapa de crisis. Las autoridades rusas esperan que las condiciones mejoren cuando las refinerías que permanecen en mantenimiento vuelvan a operar.
Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa desde finales de junio han generado daños que, según estimaciones preliminares, equivalen a cerca del 1 % del PIB del país.
Putin calificó los drones ucranianos como un “importante desafío” para Rusia en tierra, aire y mar, aunque aseguró que el país podrá resolver los problemas derivados de estos ataques.
El mandatario también sostuvo que la decisión de establecer una gestión externa sobre empresas que no destinan recursos a la protección de infraestructuras críticas no representa una expropiación.
