
El acuerdo de Doral con ICE vuelve al centro del debate político en el sur de Florida. Activistas, líderes comunitarios y funcionarios electos piden a la alcaldesa Christi Fraga y al Concejo Municipal que pongan fin a la alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Exigen valentía a las autoridades para discutir el pacto de cara a la comunidad.
La presión aumentó después de una advertencia del abogado de la ciudad. Según él, discutir el acuerdo 287(g) podría interpretarse como un incumplimiento anticipado y una intención de violar la ley estatal. La advertencia llegó cuando la concejal Maureen Porras pidió que el Concejo hablara del tema en público. Porras dijo que solo quería debatirlo con sus colegas, con el abogado y con la comunidad, y que le cierran esa puerta.
Los activistas rechazan ese argumento. Sostienen que mantener el pacto fuera de la agenda impide la rendición de cuentas y silencia el debate sobre una política que afecta a miles de residentes. Piden una discusión abierta y transparente sobre si el acuerdo beneficia a la ciudad.
El pacto tiene un origen reciente. El Concejo aprobó en abril de 2025 una resolución que autorizó a la ciudad a firmar el acuerdo con ICE. El programa 287(g) permite que los departamentos de policía locales colaboren con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias. Doral alberga la mayor comunidad venezolanoamericana del país.
El temor se refleja en la economía local. Comerciantes venezolanos atribuyen a la presencia de ICE caídas de hasta 70 % en sus ventas. Fraga responde que la ciudad no puede impedir las operaciones federales y que tampoco recibe avisos previos. La alcaldesa también asegura que la Policía de Doral no participa en las redadas.
La alcaldesa afirmó, además, que firmó el acuerdo bajo la amenaza del gobernador Ron DeSantis. Otras disposiciones estatales exigen cooperar con las autoridades federales y prohíben ciertas políticas de ciudades santuario. Esas normas generan dudas sobre las consecuencias de rescindir el convenio.
El Concejo deberá decidir ahora si abre el debate en una sesión pública. Los vecinos, mientras tanto, siguen pendientes de una discusión que afecta a sus familias y a sus negocios.




