La Unión Europea decidió extender por un año más el régimen de sanciones individuales contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, una medida que refleja la persistente preocupación del bloque comunitario por la situación política, institucional y de derechos humanos en el país sudamericano. La decisión, adoptada por los ministros de Exteriores de los Estados miembros, mantendrá vigentes las restricciones hasta el 10 de enero de 2027 y alcanza actualmente a 69 personas vinculadas al aparato estatal venezolano.
Para Bruselas, las acciones de estas figuras continúan socavando la democracia, el Estado de derecho y las garantías fundamentales, especialmente tras los acontecimientos derivados de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El fundamento de la decisión europea
Según el Consejo de la Unión Europea, la prórroga de las sanciones responde a “persistentes acciones que debilitan la democracia” y a la continuidad de prácticas represivas contra la sociedad civil y la oposición política. El organismo recordó que las medidas restrictivas no están dirigidas contra la población venezolana, sino contra individuos considerados responsables de violaciones de derechos humanos, abuso de poder o manipulación institucional.
Las sanciones implican la congelación de bienes dentro del territorio comunitario, la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, así como la imposibilidad de ingresar o transitar por países de la UE.
Un régimen de sanciones vigente desde 2017
Las medidas europeas contra Venezuela fueron introducidas en noviembre de 2017. En su origen, incluyeron un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna. Posteriormente, el bloque amplió las restricciones a personas específicas mediante prohibiciones de viaje y bloqueos financieros.
Desde 2018, la lista se ha ido ampliando progresivamente, incorporando a altos cargos del Ejecutivo, del sistema judicial, de los cuerpos de seguridad y de organismos electorales.
Figuras clave del poder político y militar
Entre los nombres más conocidos sancionados por la UE se encuentran figuras centrales del chavismo. Diosdado Cabello Rondón, actual ministro de Interior y Justicia, figura en la lista por su rol político y su influencia dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. También está incluida Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, señalada por su participación en decisiones gubernamentales cuestionadas por organismos internacionales.
Otros altos cargos sancionados son el fiscal general Tarek William Saab, el exvicepresidente y exministro Tareck El Aissami, así como Néstor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas. En el ámbito judicial, aparecen nombres como Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Sandra Oblitas, exministra y actual rectora universitaria.
Responsables de seguridad e inteligencia
La lista europea también alcanza a figuras vinculadas a los cuerpos de seguridad y de inteligencia del Estado. Gustavo González López, exjefe del SEBIN y actual presidente de PDVSA; Iván Hernández Dala, exdirector de la DGCIM; y Alexander Granko Arteaga, jefe de Asuntos Especiales de ese organismo, figuran entre los sancionados.
Asimismo, se incluyen altos mandos militares como Jesús Suárez Chourio y Carlos Enrique Terán Hurtado, así como funcionarios regionales y sectoriales, entre ellos gobernadores, ministros y directores de entes estratégicos.
Nuevas incorporaciones en 2025
En enero de 2025, la Unión Europea amplió el listado con 15 nuevos funcionarios. Esta ampliación se centró especialmente en responsables del sistema judicial, electoral y de seguridad, señalados por su participación en procesos considerados carentes de independencia y garantías.
Entre ellos figuran Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Fanny Márquez, vicepresidenta de ese organismo; e Inocencio Figueroa, magistrado de la Sala Constitucional. También fueron sancionados altos cargos del Consejo Nacional Electoral, como Elvis Amoroso, Carlos Quintero, Conrado Pérez y Rosalba Gil, por su rol institucional en procesos electorales cuestionados.
Señalamientos por represión y violaciones de derechos humanos
La lista reciente incluye igualmente a responsables de cuerpos de seguridad acusados de detenciones arbitrarias y torturas. Alexis Rodríguez Cabello y Miguel Muñoz Palacios, director y subdirector del SEBIN, así como Asdrúbal Brito Hernández, de la DGCIM, fueron sancionados por su responsabilidad de mando.
El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Larez, también fue incluido por su papel como alto mando en operaciones internas vinculadas a represión y control político.
Alcance político de las sanciones
La UE subraya que estas medidas buscan presionar por cambios concretos en materia de derechos humanos, independencia judicial y garantías democráticas. Aunque Caracas rechaza sistemáticamente las sanciones y las califica de injerencistas, Bruselas sostiene que se trata de un instrumento legítimo dentro de su política exterior.
La extensión del régimen de sanciones confirma que, para la Unión Europea, la situación venezolana continúa siendo motivo de seria preocupación. Con una lista que abarca a los principales engranajes del poder político, militar, judicial y electoral, el bloque comunitario envía un mensaje claro sobre su postura frente a la crisis institucional del país. Mientras no se registren avances sustanciales, las restricciones seguirán siendo una de las principales herramientas de presión internacional sobre el gobierno venezolano.
Con información de El Pitazo
