El anuncio de excarcelaciones realizado por las autoridades venezolanas reactivó la preocupación del Gobierno de Colombia por la situación de sus ciudadanos detenidos en el país vecino. A través de un pronunciamiento público, la Cancillería colombiana pidió que el proceso incluya de manera efectiva a los colombianos privados de libertad en centros penitenciarios venezolanos, muchos de ellos señalados por delitos graves sin que, según Bogotá, existan pruebas claras que respalden las acusaciones.
El reclamo se produce en un contexto regional marcado por tensiones políticas, limitaciones diplomáticas y un debate más amplio sobre la vigencia de los derechos humanos y la democracia en América Latina.
Un llamado directo desde la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró su posición frente al proceso de liberaciones anunciado por el régimen venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Mediante un mensaje difundido en la red social X, la cartera diplomática instó públicamente a que las excarcelaciones contemplen también a los ciudadanos colombianos que continúan recluidos en cárceles venezolanas.
En su declaración, la Cancillería saludó el anuncio formulado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela sobre la liberación de detenidos nacionales y extranjeros. No obstante, subrayó que hasta el momento no se ha precisado la cifra total de personas que serán beneficiadas, limitándose las autoridades venezolanas a señalar que se trataría de un “número importante”, sin mayores detalles.
Incertidumbre sobre los beneficiarios
Bajo la dirección de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el Gobierno colombiano manifestó su expectativa de que el proceso de revisión de casos se traduzca en acciones concretas para los connacionales privados de libertad. La falta de información oficial sobre los criterios de selección y los plazos para las excarcelaciones mantiene en vilo a las familias afectadas y a las autoridades diplomáticas.
Según los reportes de la Cancillería, entre los colombianos detenidos en Venezuela figuran Martín Emilio Rincón Quitián, Carlos Alberto Cañas Carreño, Danner Gonzalo Baraja Luque, Manuel Alejandro Tique Chaves, Arlei Danilo Espitia Lara, Luis Eduardo Quinchia, Pantaleón De La Asunción Aragón, José Luis De La Asunción Aragón, Moisés David Uribe Garizao y Luis Carlos Peña. Estos nombres se han convertido en el símbolo de una situación que Bogotá considera urgente y prioritaria.
Familias atrapadas entre el silencio y la angustia
El impacto humano de estas detenciones se refleja en los testimonios de los familiares. Víctor Manuel Tique, padre de uno de los colombianos encarcelados, reconoció públicamente la desesperación que enfrentan. En declaraciones a medios nacionales, expresó la dificultad para acceder a información confiable y el desgaste emocional provocado por la incertidumbre prolongada.
Las acusaciones formuladas por el régimen venezolano contra varios de los detenidos apuntan a presuntos vínculos con terrorismo. Sin embargo, la Cancillería colombiana ha advertido que en numerosos casos no existen pruebas sólidas que sustenten los cargos. A esta situación se suma la limitada asistencia consular, obstaculizada durante el último año por restricciones impuestas por las autoridades venezolanas.
Antecedentes que no disipan la preocupación
En octubre de 2025, un grupo de 18 colombianos fue liberado tras haber permanecido más de nueve meses detenido bajo acusaciones de mercenarismo.
Aunque ese episodio fue recibido como un avance, el Gobierno colombiano sostiene que la situación actual dista de estar resuelta. Los connacionales que siguen encarcelados permanecen, según la Cancillería, a la espera de que los anuncios oficiales se concreten en decisiones verificables.
Petro y la defensa de las amnistías
Antes del pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema y defendió su participación en gestiones orientadas a la concesión de amnistías en Venezuela. Para el mandatario, estas iniciativas representan un paso hacia el fortalecimiento democrático regional y la superación de prácticas autoritarias.
Petro sostuvo que la existencia de presos políticos evidencia un modelo de poder que surge cuando los gobernantes pierden respaldo popular y buscan perpetuarse mediante mecanismos de control. En sus reflexiones, vinculó la ética pública con la alternancia, señalando que la permanencia indefinida en el poder responde a intereses individuales más que a necesidades colectivas.
Diálogo y distensión política
El jefe de Estado colombiano subrayó la importancia de un diálogo incluyente entre las fuerzas sociales y políticas venezolanas, con el objetivo de avanzar hacia un Gobierno compartido con respaldo ciudadano. A su juicio, la unidad social constituye un elemento esencial para el ejercicio pleno de la soberanía.
En ese marco, Petro compartió el pronunciamiento del partido venezolano Centrados, que calificó la liberación del exdiputado Enrique Márquez como una señal positiva para la distensión política y la convivencia democrática. Mientras tanto, Colombia mantiene su exigencia: que los anuncios de excarcelación no se queden en declaraciones y se traduzcan en libertad efectiva para sus ciudadanos detenidos en Venezuela.
Con información de Infobae
