El Instituto Casla exige preservar los centros de detención en Venezuela como sitios de memoria, justicia y evidencia judicial, una solicitud que busca impedir la alteración, destrucción o transformación de instalaciones señaladas por organizaciones de derechos humanos como escenarios de presuntas violaciones graves contra personas detenidas. La petición, formulada desde Madrid, plantea la necesidad de proteger estos espacios con el objetivo de garantizar futuras investigaciones, facilitar la reconstrucción de hechos documentados y contribuir a eventuales procesos de rendición de cuentas tanto en el ámbito nacional como internacional.
La organización sostiene que numerosos recintos de reclusión, sedes de organismos de inteligencia y lugares utilizados para detenciones arbitrarias poseen un valor histórico, jurídico y social que trasciende su función original. Según su planteamiento, estos espacios contienen elementos materiales que podrían resultar determinantes para esclarecer denuncias relacionadas con torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y otros hechos investigados por distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
La propuesta también incorpora una dimensión simbólica. Para el Instituto Casla, la preservación de estos lugares representa una forma de reconocimiento hacia las víctimas y una herramienta para fortalecer la memoria colectiva. La organización considera que las sociedades que documentan y conservan los escenarios vinculados a episodios de represión cuentan con mayores herramientas para comprender su pasado y construir mecanismos que eviten la repetición de prácticas similares en el futuro.
Instituto Casla exige preservar los centros de detención en Venezuela como patrimonio de memoria y prueba judicial
El pronunciamiento de la organización se centra en la necesidad de mantener intactas las instalaciones que han sido señaladas en diversos informes como escenarios de presuntas violaciones de derechos humanos. Según el Instituto Casla, cualquier modificación estructural, demolición o cambio de uso podría afectar la posibilidad de realizar futuras investigaciones técnicas y judiciales.
La entidad sostiene que estos espacios conservan información física relevante para la reconstrucción de hechos ocurridos durante distintos períodos. Celdas, áreas de interrogatorio, estructuras internas y otros elementos arquitectónicos pueden aportar datos esenciales para peritajes especializados orientados a determinar responsabilidades individuales.
La petición se fundamenta en principios reconocidos por el derecho internacional y en experiencias desarrolladas en distintas regiones del mundo. De acuerdo con la organización, la preservación de lugares vinculados a episodios de violencia institucional ha desempeñado un papel fundamental en procesos de verdad, justicia y reparación impulsados por numerosos países.
En este contexto, el Instituto Casla subraya que la conservación de estos recintos no responde únicamente a una necesidad histórica. También constituye una medida práctica destinada a garantizar que investigadores, fiscales, tribunales y organismos especializados dispongan de elementos verificables para examinar denuncias y contrastar testimonios.
La organización considera que la protección temprana de estos espacios resulta especialmente importante porque evita la pérdida de evidencia potencialmente valiosa. Además, permite desarrollar procesos de documentación más rigurosos y favorece la construcción de registros que puedan servir como referencia para futuras generaciones.
El planteamiento adquiere relevancia dentro del debate sobre justicia transicional y memoria histórica, temas que han cobrado protagonismo en numerosos países que enfrentaron períodos de conflicto político, violencia estatal o violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Experiencias internacionales respaldan la conservación de sitios vinculados a la represión
Para respaldar su petición, el Instituto Casla recurre a varios precedentes internacionales que muestran cómo diferentes naciones decidieron preservar espacios asociados a períodos de represión, persecución o violencia institucional.
Entre los ejemplos mencionados figura Auschwitz-Birkenau, uno de los lugares más emblemáticos relacionados con la memoria del Holocausto. Su conservación ha permitido desarrollar investigaciones históricas, procesos educativos y actividades orientadas a mantener vivo el recuerdo de las víctimas.
La organización también destaca el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida como ESMA, convertida en un espacio de memoria dedicado a documentar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar argentina.
Asimismo, menciona a Villa Grimaldi, uno de los principales centros de detención utilizados durante el régimen militar chileno, y a Robben Island, símbolo de la lucha contra el apartheid y lugar donde permaneció encarcelado durante años Nelson Mandela.
Otro ejemplo citado es Tuol Sleng Genocide Museum, antiguo centro de detención transformado en museo para documentar los crímenes cometidos durante el régimen de los Jemeres Rojos.
Según el Instituto Casla, todos estos casos demuestran que la conservación de lugares asociados con graves violaciones de derechos humanos cumple múltiples funciones sociales. Estos espacios permiten documentar acontecimientos de forma científica, respaldar investigaciones judiciales y generar procesos educativos orientados a promover valores democráticos.
La organización considera que Venezuela puede beneficiarse de experiencias similares y desarrollar mecanismos destinados a proteger recintos que, en el futuro, podrían desempeñar un papel importante dentro de eventuales procesos de esclarecimiento histórico y judicial.
Protección de las víctimas y garantía de no repetición forman parte de la propuesta
El documento presentado por el Instituto Casla identifica cuatro pilares fundamentales que justifican la preservación de estos espacios: evidencia material y forense, reparación moral, educación ciudadana y garantía de no repetición.
En primer lugar, la organización destaca el valor probatorio de las instalaciones. Según su análisis, las estructuras físicas pueden constituir elementos esenciales para reconstruir acontecimientos, verificar testimonios y facilitar investigaciones penales desarrolladas por órganos nacionales o internacionales.
El segundo componente se relaciona con la reparación simbólica. La preservación de estos lugares puede representar un acto de reconocimiento hacia las víctimas, sus familiares y las personas que sobrevivieron a experiencias traumáticas. Mantener visibles estos espacios contribuye a dignificar sus testimonios y reconocer públicamente el sufrimiento padecido.
La tercera dimensión apunta hacia la educación ciudadana. Para el Instituto Casla, estos recintos pueden transformarse en herramientas pedagógicas capaces de mostrar a futuras generaciones las consecuencias derivadas del abuso de poder, el autoritarismo y la vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, la organización enfatiza la importancia de la garantía de no repetición. La existencia de sitios de memoria dificulta la negación de los hechos documentados y fortalece los mecanismos sociales destinados a prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
Con base en estos argumentos, el Instituto Casla formuló una petición dirigida a la comunidad internacional, a los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos y a las futuras autoridades democráticas que eventualmente asuman responsabilidades institucionales en el país.
La organización solicita la adopción de medidas cautelares, administrativas y legislativas orientadas a identificar, catalogar, documentar y proteger exhaustivamente cada uno de estos recintos. Según su planteamiento, una acción temprana permitirá evitar pérdidas irreversibles de información y garantizará que futuras investigaciones cuenten con herramientas adecuadas para esclarecer los hechos denunciados.
El pronunciamiento concluye con una reflexión sobre la importancia de la memoria histórica en la construcción democrática. Para el Instituto Casla, preservar estos espacios no solo responde a una necesidad de justicia, sino también a un compromiso con las generaciones futuras. La organización sostiene que recordar el pasado constituye una condición indispensable para fortalecer las instituciones, honrar a las víctimas y consolidar una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
#Venezuela: COMUNICADO:
LA PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN UTILIZADOS PARA LA TORTURA EN VENEZUELA: UN DEBER DE MEMORIA, JUSTICIA Y NO REPETICIÓNEl Instituto CASLA considera fundamental que los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y espacios de… pic.twitter.com/1akaoEVYWd
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 12, 2026
Con información de El Nacional
