Daniel Lozano-Camargo, un migrante venezolano que cruzó la frontera de Estados Unidos siendo menor, fue expulsado a El Salvador en contra de una orden judicial. Meses después, terminó devuelto a Caracas como parte de un canje entre gobiernos. Su paradero actual es desconocido.
Una salida forzada antes del fallo judicial
Lozano-Camargo cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 con 17 años. Luego de pasar por un centro de detención para menores, solicitó asilo al cumplir la mayoría de edad. Desde ese momento, y según dictámenes legales vigentes, estaba protegido contra cualquier deportación mientras su solicitud estuviera activa. Sin embargo, en marzo de 2025, el Gobierno de Donald Trump lo deportó a El Salvador sin resolución judicial definitiva.
Pese a una orden emitida un mes después por una jueza federal en Maryland que exigía su retorno inmediato, el joven permaneció encarcelado en territorio salvadoreño por más de cuatro meses.
Un canje opaco y una desaparición
El pasado 18 de julio, Lozano-Camargo fue devuelto a Venezuela junto a más de 200 compatriotas como parte de un intercambio entre los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. A cambio, el régimen de Nicolás Maduro liberó a prisioneros estadounidenses y opositores detenidos en su país.
La mayoría de los deportados, entre ellos el joven venezolano, fueron acusados por la Administración Trump de tener vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, catalogado por Washington como una organización terrorista. No obstante, nunca se presentaron pruebas concluyentes en el caso de Lozano-Camargo.
Sus abogados, quienes solo lo identifican como “Cristian” en documentos judiciales, desconocen su paradero desde su llegada a Caracas. Aseguran que no fueron notificados antes de su traslado, y han denunciado que su cliente fue utilizado como moneda de cambio.
Un tribunal ignorado y derechos vulnerados
La jueza Stephanie Gallagher, quien había prohibido expresamente la deportación de “Cristian”, condenó la actuación de las autoridades migratorias. En su fallo de abril, consideró que la expulsión fue contraria a un acuerdo judicial aprobado en 2024, que protegía a jóvenes que ingresaron como menores no acompañados.
La magistrada ha insistido en que el caso no trata sobre si Lozano-Camargo merece asilo, sino sobre el derecho al debido proceso. En mayo, reiteró que lo fundamental es que las normas sean respetadas, independientemente del resultado final de la solicitud.
La defensa prepara acciones legales
Durante una audiencia reciente, los abogados del joven anunciaron que solicitarán sanciones contra la Administración Trump por desacato. Mientras tanto, el Departamento de Justicia argumenta que la liberación de Lozano-Camargo hace innecesario su retorno, aunque admite que ignora su localización actual.
El caso sigue abierto, y la jueza Gallagher advirtió que el tribunal no renunciará a sus esfuerzos para restaurar los derechos violados del joven. El drama de Lozano-Camargo encarna así los dilemas éticos y legales de una política migratoria cada vez más restrictiva y politizada.
