La Corte Penal Internacional (CPI) atraviesa un cambio trascendental en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El fiscal Karim Khan, quien dirigía el denominado Caso Venezuela I, fue apartado del proceso debido a un conflicto de intereses, derivado de la contratación de su cuñada por el equipo legal del gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque la decisión no detiene el trabajo judicial, marca un punto de inflexión en un proceso que ya había enfrentado retrasos y cuestionamientos.
Razones de la recusación
La Sala de Apelaciones de la CPI aplicó la regla 35 de su normativa, que contempla la separación de un fiscal cuando existe riesgo de parcialidad. El organismo consideró que el vínculo familiar de Khan con una integrante del equipo defensor de Maduro comprometía la credibilidad de la investigación, pese a que el propio fiscal negó cualquier intercambio de información con su pariente.
A este escenario se sumaba que Khan estaba previamente suspendido por una indagación interna sobre presunto acoso sexual, situación que lo mantenía fuera de sus funciones desde mayo.
Continuidad en manos de fiscales adjuntos
La investigación queda ahora a cargo de los fiscales Mame Mandiaye Niang y Nazhat Shameem Khan. Aunque cuentan con atribuciones legales para actuar, expertos señalan que podrían optar por no tomar decisiones de fondo mientras se define si habrá un nuevo fiscal jefe o si Khan regresará a su puesto, algo improbable dado que no podrá retomar este caso específico.
La experiencia indica que la elección de un nuevo fiscal puede prolongarse varios meses. En el pasado, el reemplazo de Fatou Bensouda por Karim Khan tomó un tiempo considerable y también estuvo rodeado de controversias.
Alcance del Caso Venezuela I
El Caso Venezuela I comenzó formalmente en 2021, tras el anuncio de Khan de pasar de la fase de examen preliminar, abierta en 2018, a una investigación plena. El objetivo: determinar si existen fundamentos para presentar cargos por delitos de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas de 2014.
Durante su visita oficial a Caracas, el fiscal firmó con Nicolás Maduro un memorando de entendimiento que comprometía a ambas partes a cooperar para “establecer la verdad” bajo el marco del Estatuto de Roma. No obstante, organizaciones de derechos humanos advirtieron que las investigaciones internas del Estado venezolano eran insuficientes.
Implicaciones futuras
Si bien la salida de Khan introduce un cambio de liderazgo, el marco jurídico garantiza que las pesquisas continúen. La decisión de apartarlo busca preservar la integridad del proceso y mantener la confianza de las víctimas y de la comunidad internacional.
El desenlace dependerá de la elección o no de un nuevo fiscal principal y de la voluntad de los fiscales adjuntos para impulsar el expediente. En cualquier caso, el proceso ante la CPI sigue siendo un elemento clave en la lucha contra la impunidad de los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
