
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció una nueva normativa que transformará drásticamente la supervisión migratoria en las terminales de ingreso y egreso del país.
En este sentido, a partir del 26 de diciembre de este año, el Gobierno estadounidense estará autorizado a capturar imágenes de la totalidad de los ciudadanos no estadounidenses y a solicitar datos biométricos complementarios a aquellos que no cuenten con una exención, tanto al entrar como al salir del territorio nacional.
Esta disposición legal, insertada en el Federal Register, modifica las normativas existentes al suprimir referencias a programas experimentales y restricciones geográficas.
Dicha modificación permitirá la aplicación del sistema de identificación biométrica en todos los puntos de tránsito autorizados, lo que abarca aeropuertos, puestos fronterizos terrestres, terminales marítimas y, en el futuro, medios de transporte privado.
Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional.
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— acento.com.do (@acentodiario) October 27, 2025
Recolección Universal de Datos: Turistas y Trabajadores Incluidos
La medida impacta a todos los individuos de nacionalidad foránea, sin importar su tipo de visado o categoría migratoria. Esto incluye a visitantes con visas de turismo, estudiantes, empleados temporales, residentes provisionales, y personas de todas las edades.
Un cambio significativo es la aplicación de estos protocolos tanto al ingresar como al abandonar Estados Unidos, poniendo fin a las prácticas anteriores que únicamente exigían la información biométrica al momento de la entrada.
Fines y Beneficios de la Implementación
De acuerdo con el DHS, la puesta en marcha de este sistema biométrico integrado de entrada y salida tiene como propósitos fundamentales: corroborar la identidad fehaciente de los viajeros, prevenir la permanencia ilegal por expiración de visado, y reforzar la lucha contra el terrorismo y el fraude documental.
El organismo gubernamental calcula que los desembolsos anuales por la implementación oscilarán entre $119 y $122 millones de dólares, con ahorros proyectados de entre $49 y $54 millones hasta 2029.
Con información de El Tiempo




