A tres semanas del doble terremoto que destruyó la zona norte costera de Venezuela, la evaluación de las pérdidas humanas y materiales crece día a día. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha estimado en 37.000 millones de dólares los daños físicos directos, unos 24.000 millones de dólares los daños a edificaciones comerciales, escuelas, hospitales e instalaciones públicas, más otros 13.000 millones de dólares en infraestructura, vías y carreteras, agregando unos 5.000 millones en pérdidas del sector telecomunicaciones.
La alianza del gobierno de Estados Unidos y la organización Global Empowerment Mission (GEM) proyectan que Venezuela necesita auxilio al menos por cinco años, ante la pública e incuestionable realidad de la inoperatividad del Estado venezolano, la impericia del régimen, la crisis multidimensional que enfrenta el país desde hace años en lo económico, social y asistencial.
Las operaciones de rescate y ayuda, lideradas por el gobierno americano para eludir la burocracia del internato y el desvío de las donaciones, ha entrado en una nueva etapa tras la primera fase de dos semanas de excavación de los lomos, venidos de todas partes del mundo. Las cifras oficiales dan prueba de la magnitud de la tragedia: casi 5.000 fallecidos, más de 17.000 heridos, unos 7.000 rescatados con vida, 21.000 damnificados viviendo en un centenar de campamentos en la calle, 190 edificios caídos y 890 inhabitables. Aún no suministran cifras de desaparecidos.
“Venezuela necesita un plan completo y a largo plazo, organizado por entes internacionales, para reconstruir un país cuya ruina ha develado la catástrofe.”
Esta nueva etapa está marcada por una realidad que los familiares de las víctimas no rescatadas se niegan a aceptar. En lenguaje de los informes de los rescatistas “la desmovilización general responde al agotamiento de la ventana biológica de supervivencia, el riesgo inminente de colapso secundario y la urgencia de introducir maquinaria pesada”. Lo cual se traduce en que ya no hay posibilidades reales de supervivencia entre los escombros después de tanto tiempo, las excavaciones de los topes pueden ocasionar nuevos y peligrosos derrumbes y por ello es necesario utilizar maquinaria capaz de levantar vigas y estructuras pesadas.
Otro tema no menos importante es el riesgo biológico que se corre en las extensas zonas de catástrofe. La descomposición está en el ambiente, el contacto peligroso con miles de personas permanece especialmente en el estado La Guaira y con otros miles que bajan diariamente a prestar auxilio, recorrer la zona o trasladar insumos. La contaminación no es una cuestión menor. Hay que dar sepultura a los cuerpos y retirar escombros contaminados, que de ninguna manera pueden ser echados a las aguas del mar, como sería lo más fácil de hacer.
Ya los ambientalistas han advertido de los efectos letales para la vida marina, para la principal actividad económica de la costa, que es la pesca, y las consecuencias para la salud de los habitantes.
La atención se ha centrado fundamentalmente en las zonas de desastre, pero con el transcurrir de los días se conoce que hay muchos más afectados, que no han sido atendidos y que sus daños pueden ser pequeños en la escala, pero para quienes los sufren son verdaderamente graves y no pueden afrontarlos sin auxilio financiero. Estamos hablando de los miles de edificios, condominios, casas, pequeños comercios, que tienen afectaciones en paredes, techos, grietas, resquebrajamiento de cerámicas, frisos.
Hablamos de familias y comerciantes que ya están en una profunda crisis económica, agravada por la incertidumbre política y un dólar que este año de interinato ha escalado 125%.
Sin fondos, sin créditos bancarios, sin ayuda externa, estas personas van a quedar sin sus hogares y comercios resquebrajados. Hasta las iglesias históricas como la Catedral de Caracas y Santa Teresa, que tiene advertencia roja y la emergencia de salvar la imagen del Nazareno de San Pablo, requieren de asistencia para rescatar su patrimonio histórico.
Venezuela necesita no solo de generosas donaciones que ayuden a quienes quedaron damnificados, sino un plan completo y a largo plazo, organizado por entes internacionales que proporcionen recursos para reconstruir un país cuya ruina ha develado ante el mundo la catástrofe sísmica del 24 de junio.
Para ello es indispensable tener un gobierno legítimo, concurrido por los organismos financieros, que inspire seguridad en la correcta inversión de los fondos.
Venezuela requiere de un plan como el que recuperó a Europa después de la II Guerra Mundial: un Plan Marshall que reconstruya una nación devastada por una guerra llamada Socialismo del siglo XXI, que aún pretende perdurar.
