La doctora venezolana Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a una pena de 30 años de prisión por el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira el pasado 14 de noviembre.
A través de varios medios de comunicación se conoció que la sentencia se dictó a raíz de un simple audio de WhatsApp en el que la profesional compartía su perspectiva sobre la situación nacional. Su detención y condena han sido catalogadas por activistas y familiares como una clara vulneración a su derecho a la libertad de expresión.
El Origen de la acusación: Un audio y una denuncia CLAP
Es de recordar, que la doctora Orozco fue arrestada el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, luego de ser denunciada por una vocera de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su comunidad.
El audio que desató la acción penal estaba relacionado con un llamado a la participación en las elecciones presidenciales de julio.
La Fiscalía imputó a Orozco por crímenes severos, incluyendo traición a la patria, incitación al odio y conspiración. El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, condenó la decisión de la juez Luz Dary Moreno, calificándola de «acto perverso» contra una persona con delicados problemas de salud.
De la misma manera, alertaron que la situación de Orozco se agravó tras su encarcelamiento. La médica, que padecía previamente de patologías cardíacas y depresión (agravada por la trágica pérdida de dos hijos), sufrió un infarto el 15 de septiembre de 2024 mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Pese a ser trasladada brevemente a un hospital para atención, fue regresada a la sede de la PNB y posteriormente, en diciembre, transferida al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente (CPO).
El ecosistema de vigilancia y el riesgo de falsos positivos
El caso de la Dra. Orozco y otros recientes arrestos, como el de las emprendedoras Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén (condenadas a 10 años por conspirar para estampar camisetas con una imagen satírica de una estatua de Chávez tras ser contactadas por un policía encubierto), revelan un patrón de vigilancia sistemática en Venezuela.
Aunque expertos confirman que el cifrado de extremo a extremo de plataformas como WhatsApp es tecnológicamente robusto, la vigilancia gubernamental ocurre por vías alternativas, alimentada por un clima de monitoreo ciudadano y miedo.
Organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han documentado que el aparato de control del régimen incluye intercepciones de llamadas, monitoreo de redes sociales y el uso de aplicaciones gubernamentales como VenApp. Esta plataforma, aunque presentada para servicios públicos, fue utilizada tras los comicios de julio de 2024 para centralizar reportes sobre protestas sociales y presuntas «Guarimbas Fascistas», convirtiéndose en una herramienta de control y censura que erosiona las libertades digitales.
La Dra. Marggie Orozco (65 años) fué condenada a 30 años de prisión. Denunciada por una jefa del CLAP de su comunidad en San Juan de Colón por un simple audio de WhatsApp sobre las elecciones del 28 de julio.
La sentencia, dictada por la juez Luz Dary Moreno, es un acto perverso… pic.twitter.com/TttP0YCA5K
— César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) November 16, 2025
Con información de El Pitazo
