
La agresión sufrida por la ingeniera venezolana Dilmara Jiménez y su grupo familiar en un establecimiento comercial de Santiago de Chile ha generado una ola de repudio entre la comunidad venezolana dentro y fuera del país.
A través de las diversas plataformas sociales, los usuarios expresaron su rechazo al ataque, recordando el historial de Venezuela como país receptor de migrantes de diversas nacionalidades.
Es de recordar, que el lamentable incidente, ocurrido en el mercado La Vega Central, fue calificado por Jiménez como un acto de discriminación. Según su relato, ella, su madre, su hermana y su pareja fueron golpeados y humillados después de que el propietario del local donde compraban les exigiera de manera despectiva que movieran su carro de compras. “Cuando escucharon que éramos venezolanos, se unieron para golpearnos”, denunció la víctima en redes sociales.
Los comentarios del público en la noticia mostraron una rápida solidaridad. Muchos lectores manifestaron que Venezuela acogió a todos los extranjeros que tuvieron que abandonar sus países, sin que se registraran actos de xenofobia hacia ellos. Otros demandaron acciones legales y pidieron denunciar el suceso a las autoridades chilenas.

El debate de la xenofobia y los derechos migratorios
El caso ha revitalizado la discusión sobre la discriminación a extranjeros en Chile, país que ha recibido a más de medio millón de venezolanos en los últimos años. La familia de Dilmara Jiménez acudió a Carabineros, donde se les indicó que debían regresar este lunes 3 de noviembre para proseguir con la querella.
El abogado Braulio Jatar, especialista en derechos humanos y defensor de migrantes, aconsejó a las víctimas de discriminación en Chile que acudan a las instancias del Estado y formalizar sus casos.
Según Jatar, aunque el sistema legal puede tener deficiencias, Chile posee una institucionalidad robusta, incluyendo la Ley Zamudio, diseñada para penalizar la discriminación y los crímenes de odio. El abogado hizo hincapié en que la respuesta judicial puede variar en función del contexto y del tipo de agresor (si es un funcionario, un particular o un empleado). Por ello, instó a los migrantes a no rendirse y a reclamar sus derechos a través del sistema legal.
Con información de El Pitazo




