El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) lanzó una advertencia contundente: el gobierno de Nicolás Maduro estaría aplicando el método nazi conocido como Sippenhaft, una práctica de castigo colectivo en la que familiares de personas perseguidas cargan con las consecuencias de los presuntos delitos de sus parientes.
Según la organización, esta política represiva ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en un patrón sistemático que busca quebrar a la disidencia y sembrar miedo en toda la sociedad venezolana. Las denuncias no solo apuntan a detenciones arbitrarias, sino también a secuestros de niños, amenazas, desapariciones y un repertorio de abusos que afecta a núcleos familiares completos.
Una táctica represiva que va más allá del opositor
Durante más de dos décadas, la represión estatal en Venezuela ha estado marcada por detenciones, torturas, desapariciones temporales y persecución contra actores políticos, militares y ciudadanos críticos del gobierno. Sin embargo, el OVP subraya que en los últimos años se ha consolidado una fase más cruel: la extensión del castigo a familiares directos e, incluso, a personas sin vinculación política.
Este mecanismo, comparado con prácticas históricas empleadas por dictaduras como la Alemania nazi y Corea del Norte, implica perseguir a madres, padres, hijos, hermanos, primos y hasta mascotas para obligar a un disidente a entregarse o simplemente castigarlo. El objetivo es intimidar y destruir vínculos afectivos, un eje esencial del tejido social.
El Sippenhaft: historia y llegada a Venezuela
El término Sippenhaft alude a la responsabilidad familiar: si un miembro cometía un delito contra el régimen, toda su familia podía ser encarcelada o ejecutada. En 2021, un testimonio recogido por la Misión Internacional Independiente de la ONU mencionó por primera vez que este método estaba siendo aplicado por organismos venezolanos como la DGCIM. El entrevistado relató que, tras ser torturado, los agentes le advirtieron que arrestarían a sus parientes, y así ocurrió: dos hermanas y un cuñado fueron detenidos para castigarlo.
Sin embargo, el OVP recuerda que los primeros indicios de esta práctica se remontan a 2014, cuando comenzaron los hostigamientos sistemáticos a parientes de presos políticos. Desde 2017, las detenciones directas se hicieron más frecuentes. Una investigación de Armando.Info documentó al menos 25 casos entre 2017 y 2020, incluyendo la captura de familiares del general García Palomo, del capitán Heredia y de un alcalde opositor de Mérida.
Una política que se profundiza tras las protestas de 2025
Tras las manifestaciones poselectorales del 28 de julio de 2025 —duramente reprimidas y cuestionadas internacionalmente—, el sistema de castigo familiar se habría institucionalizado. El OVP registró al menos 23 nuevos casos solo en el último año, cifra que consideran conservadora dada la opacidad y el miedo a denunciar.
Entre los casos reseñados destacan:
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Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, detenida junto con su hija, su esposo, su exesposo y varios hermanos.
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Ana Carolina Guaita, periodista arrestada al no ser hallados sus padres.
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Yenny Barrios, dirigente política y paciente oncológica; tras su excarcelación, capturaron a su hijo Diego Sierralta.
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Familia de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González.
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Familiares del dirigente Biagio Pilieri y de Juan Pablo Guanipa, cuyos hijos y hermanos fueron arrestados.
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Pedro Hernández, defensor de derechos humanos, junto con su esposa, su padre, su hermano y un primo.
Otros casos incluyen la detención de adultos mayores, de familias completas y de personas sin relevancia pública que fueron usadas como rehenes para obligar a opositores a entregarse.
El escalamiento más grave: secuestro de niños
El OVP subraya que el régimen ha llegado a detener menores de edad, cruzando un límite prohibido por el derecho internacional. En Carabobo, al no encontrar al dirigente Miguel Guillén, fueron arrestados su madre de 72 años, sus dos hijos —uno de 17 años—, su hija adulta y su nieta de dos años. Los niños permanecieron en una sede policial durante tres días.
En Barinas, cuatro menores —de 5, 7, 9 y 12 años— fueron secuestrados junto a su niñera y la madre de los niños durante más de 72 horas. El caso más reciente es el de Samanta Sofía Hernández, de 16 años, hermana del teniente en el exilio Christian Hernández. Su padre y otra hermana también fueron apresados.
Para el OVP, estos hechos reflejan un patrón sostenido de violaciones a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad y a la protección de la vida familiar.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
El Observatorio Venezolano de Prisiones afirma que documenta cada caso y lo remite a instancias como la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, con el fin de activar mecanismos de protección y sanción. La organización exige investigaciones imparciales, el cese inmediato de esta política de persecución por parentesco y reparación integral para todas las víctimas.
Una práctica que desnuda la degradación institucional
La denuncia del OVP revela un deterioro profundo del Estado de derecho en Venezuela. El uso deliberado del castigo familiar, prohibido por todas las normas internacionales, constituye una de las formas más crueles de represión. Para las víctimas, la esperanza radica en que estos crímenes no queden impunes. Para el país, el desafío es reconstruir un sistema donde la justicia prevalezca sobre la persecución.
Con información de La Patilla
