En la madrugada del 20 de diciembre, una interdicción marítima ejecutada por fuerzas estadounidenses marcó algo más que la incautación de un buque petrolero vinculado a Venezuela. El evento, presentado oficialmente como una acción contra el tráfico ilícito de crudo sancionado —en línea con las directrices del Departamento del Tesoro (OFAC) y la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Internacionales (IEEPA)—, consolidó un cambio de fase: Washington dejó atrás el terreno exclusivo de las sanciones financieras y entró en una lógica operacional propia de los conflictos armados. No se trata de una declaración formal de guerra, pero sí de una señal inequívoca de que el régimen de Nicolás Maduro ha sido colocado dentro de un marco de confrontación donde el uso de la fuerza deja de ser hipotético.
Durante años, la relación entre Estados Unidos y Caracas se movió en el plano judicial y económico. Acusaciones por narcotráfico, como la acusación de 2020 del Departamento de Justicia contra la cúpula chavista, sanciones a individuos y empresas, congelamiento de activos y aislamiento diplomático, conformaron una estrategia de asfixia progresiva. Sin embargo, la interdicción directa de activos estratégicos —en este caso, el petróleo— supone una mutación cualitativa. En el derecho internacional, específicamente bajo los criterios del Manual de San Remo sobre Conflictos Armados en el Mar, la interdicción sostenida de bienes en alta mar se acerca peligrosamente a la figura del bloqueo, una medida asociada históricamente a situaciones de guerra, incluso cuando se la intenta revestir de «aplicación de sanciones».
Desde el punto de vista jurídico, Maduro no ha sido declarado objetivo militar. Hasta el cierre de esta nota, ningún comunicado oficial estadounidense utiliza esa expresión literal. Pero el derecho de los conflictos armados no se activa por frases, sino por hechos. Cuando un Estado emplea fuerzas armadas para neutralizar activos estratégicos de otro, bajo el argumento de que esos activos financian estructuras criminales que amenazan su seguridad —argumento central de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos—, se abre la puerta a una reinterpretación del estatus del adversario. El régimen deja de ser solo un sujeto sancionado y comienza a ser tratado como una entidad hostil.
El fundamento legal que Washington parece estar construyendo descansa en una narrativa precisa: Venezuela no sería simplemente un Estado violador de derechos humanos, como lo han señalado diversos informes de la ONU, sino una plataforma de corporación criminal transnacional, término acuñado en informes del Center for a Secure Free Society. Bajo esa lógica, el petróleo deja de ser un recurso económico y pasa a ser considerado un instrumento de financiamiento del narcotráfico, del terrorismo y de operaciones desestabilizadoras en el hemisferio. Este encuadre permite justificar el uso de la fuerza sin una declaración formal de guerra, amparándose en la defensa de la seguridad nacional y regional.
Las implicaciones geopolíticas de este giro son profundas. En Colombia, la escalada no se percibe como un asunto lejano. La frontera colombo-venezolana es un espacio donde convergen disidencias armadas, economías ilícitas y redes de contrabando documentadas ampliamente por Insight Crime, que funcionan como vasos comunicantes entre ambos países. Si Washington intensifica su presión militar indirecta sobre Caracas, Bogotá queda atrapada entre la necesidad de cooperar en materia de seguridad y el riesgo de verse arrastrada a una confrontación regional en un contexto político interno ya frágil. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha intentado en los últimos días distanciarse de Maduro, aunque el mensaje llega tarde.
El profesor experto en conflictos armados Fernando Vargas Quemba sostiene que Colombia se encuentra en la encrucijada debido a la relación estratégica que el presidente Petro mantiene con el chavismo, y que tanto el Estado como la sociedad colombiana se verán perjudicados por las acciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, como consecuencia de una política exterior equivocada y de la afiliación ideológica con el modelo del socialismo del siglo XXI desde sus inicios.
En este tablero destaca el silencio relativo sobre Cuba, que Vargas Quemba califica como «revelador». La Habana ha sido durante décadas un actor clave en la formación, asesoría y sostenimiento político e ideológico del chavismo. Sin embargo, Estados Unidos parece optar por no ampliar públicamente el teatro del conflicto. La razón es estratégica: mencionar a Cuba implicaría reconocer un eje de confrontación más amplio y elevar el costo diplomático en foros multilaterales como la OEA o la ONU. Al concentrar el foco en Venezuela como nodo financiero y logístico, Washington busca aislar al régimen de Maduro sin abrir simultáneamente múltiples frentes.
Desde la óptica militar, el riesgo principal no es una invasión convencional, sino la escalada gradual. Hoy son tanqueros; mañana podrían ser escoltas armadas, puertos o infraestructuras clave bajo el argumento de interrumpir flujos ilícitos. Cada paso incrementa la probabilidad de un incidente que desborde el control político y transforme una operación de interdicción en un enfrentamiento directo. En ese punto, la discusión jurídica sobre si Maduro es o no un «objetivo militar» se volvería irrelevante: los hechos habrían creado el conflicto.
El mensaje que envía Washington es deliberadamente ambiguo. No declara la guerra, pero actúa como si estuviera dispuesto a ejercerla de forma limitada y selectiva. No nombra a Maduro como blanco, pero ataca los pilares materiales que sostienen su poder. Esta ambigüedad no es debilidad, sino doctrina, asociada a la «zona gris» de la guerra moderna definida por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. La Administración Trump mantiene la presión máxima mientras deja abierta la puerta a la negación plausible en el plano diplomático.
En definitiva, con las acciones de este fin de semana, Estados Unidos ha cruzado una frontera que redefine el conflicto con Venezuela, pese a la ausencia de una declaración formal de guerra. Vargas Quemba advierte que «todo dependerá de cuánto tiempo pueda sostenerse esta zona gris sin que la región pague el precio de una confrontación abierta».
Mientras tanto, Maduro prepara la realización de un Congreso Bolivariano Constituyente Originario con el que busca reconfigurar el bloque histórico de la revolución chavista y, aunque no necesita ser llamado «objetivo militar», se encuentra sin duda en el centro de una guerra que ya ha comenzado.
Artículo de opinión publicado en epochtimes.es
