Desde mi humilde punto de vista, como abogado, diplomático y analista Internacional , considero que
este clamor no es solo político: es social, moral e institucional.
Y si lo miramos desde la óptica de de la sociología política y de la ciencia jurídica No es y el derecho constitucional, lo que aparece es un patrón histórico repetitivo, cuando un país debilita la educación cívica, tolera la impunidad y convierte al “Estado en botín”, el deterioro se vuelve sistémico, y termina en un círculo vicioso y sintiéndose como un destino inevitable.
1) Un país con recursos, pero con una trampa institucional.
Bolivia no es pobre por naturaleza. Es un país con recursos energéticos, minerales y potencial agroindustrial. De hecho, durante años el ciclo de hidrocarburos sostuvo una parte grande del ingreso externo. Pero ese mismo modelo fue creando una trampa:
• En el auge, los hidrocarburos llegaron a ser una proporción decisiva de los ingresos por exportación (por ejemplo, para 2014 se registra un peso muy alto del rubro energético en las exportaciones).
• Y cuando el gas empezó a declinar por falta de inversión sostenida, el país lo sintió en divisas, subsidios y abastecimiento: de exportar hidrocarburos por alrededor de US$ 6.624 millones (2014) a cerca de US$ 2.058 millones (2023), según análisis con cifras públicas.
• Incluso hubo hitos recientes como el fin de exportaciones de gas a Argentina en septiembre de 2024, asociado a la caída de producción y cambios regionales.
Un país puede tener recursos, pero si no crea instituciones fuertes para administrarlos, esos recursos se convierten en fuente de corrupción, clientelismo y conflicto.
2) El síntoma visible: corrupción; la causa profunda: impunidad y captura del Estado
La corrupción no prospera solo porque “hay malos”. Prospera cuando el sistema manda el mensaje: robar sale barato.
Un indicador internacional muy citado, el Índice de Percepción de la Corrupción, ubica a Bolivia con puntuación 28/100 y rango 136 (edición 2024).
Eso no prueba cada caso concreto, pero sí refleja algo que la gente percibe: debilidad de controles, castigo insuficiente y opacidad.
En sociología política, a esto se le llama “captura institucional” : cuando los órganos de control, la justicia, la administración pública y la contratación dejan de servir al ciudadano y pasan a servir a redes de lealtad.
3) El corazón del problema: educación cívica y moral pública.
Ciertamente es una verdad dura: si no se “siembra” educación (cívica, ética, jurídica), el Estado se vuelve vulnerable a la demagogia y al abuso.
Y lo más trágico es que Bolivia sí ha gastado mucho en educación en términos del PIB (por ejemplo, el indicador de gasto público en educación como % del PIB muestra valores altos y un dato reportado para 2023 alrededor de 8,3% del PIB).
Pero aquí está el punto clave: no basta gastar. Hay que asegurar calidad, mérito, formación docente, y sobre todo una columna vertebral de educación ciudadana: derechos humanos, deberes, Constitución, límites del poder, pensamiento crítico, cultura de legalidad.
Cuando la escuela y la universidad no forman ciudadanos, se reemplaza el criterio por el fanatismo, y la política se reduce a obediencia o resentimiento.
4) Derecho y Constitución: el país no se salva sin justicia independiente.
Como abogado, lo digo con claridad: sin justicia confiable no existe República. No hay inversión, no hay igualdad ante la ley, no hay protección del débil, no hay castigo del corrupto.
La Constitución de 2009 define a Bolivia como una nación plural: “formada por todos los bolivianos… las naciones y pueblos indígena originario campesinos… y comunidades interculturales y afrobolivianas”.
Esto es importante por una razón: el problema de Bolivia no se arregla enfrentando identidades, sino uniendo ciudadanía alrededor de reglas comunes: legalidad, mérito, derechos.
En los últimos años, múltiples análisis y pronunciamientos han insistido en que la independencia judicial en Bolivia requiere reformas reales y no solo procesos formales. La CIDH, por ejemplo, ha llamado al Estado a garantizar elecciones judiciales y abordar el tema de independencia y acceso a la justicia.
Organizaciones especializadas también han señalado que no basta con “elegir” autoridades si el diseño del proceso no asegura independencia, idoneidad y ausencia de captura política.
Mi mensaje jurídico central:
la lucha anticorrupción no empieza con discursos; empieza con un sistema de justicia que investigue, procese y condene sin mirar color político.
5) Una respuesta sentida, pero con ruta: ¿Qué hacer para un país mejor?
Yo propondria un camino de cinco pilares.
No es romántico: es práctico.
Pilar 1 : Unidad cívica (no tribal)
El país necesita una mayoría que piense así: primero Bolivia, luego el partido.
Esa unidad debe excluir el racismo y la humillación cultural, porque eso destruye coaliciones democráticas y alimenta la propaganda autoritaria.
Pilar 2: Reforma judicial verificable.
No “reforma” de papel, sino medidas concretas:
• carrera judicial por mérito,
• evaluaciones públicas,
• transparencia patrimonial,
• sanción real a prevaricato y corrupción,
• independencia del Ministerio Público con controles externos,
• reglas claras para selección de altas cortes y del órgano disciplinario.
(El diagnóstico sobre independencia y elecciones judiciales ya está documentado en informes especializados).
Pilar 3: Estado transparente: el dinero público con lupa
• compras públicas abiertas,
• trazabilidad del gasto,
• auditorías periódicas con publicación de hallazgos,
• protección a denunciantes,
• digitalización para reducir discrecionalidad.
Pilar 4: Educación para la República (como alguien antes lo propone : “sembrar la educación “).
Aprovechar el alto esfuerzo presupuestario en educación para introducir (en serio):
• Cátedra de Constitución y ciudadanía
• Derechos humanos y cultura de paz
• Ética pública y anticorrupción
• Pensamiento crítico y alfabetización mediática
Y esto debe comenzar en la familia, sí, pero el Estado y la sociedad civil deben hacerlo política de Estado.
Pilar 5 : Nuevo pacto socio productivo: “menos dependencia, más futuro”.
Si el gas ya no sostiene como antes, el país necesita diversificar:
• valor agregado (industrialización real donde sea viable),
• reglas estables para inversión,
• impulso a exportaciones no tradicionales,
• formalización con incentivos (no persecución ciega),
• infraestructura y logística.
6) La frase que sostiene todo: No se trata de cambiar un gobierno por otro. Se trata de cambiar el incentivo:
Que el poder deje de ser premio y vuelva a ser servicio.
Que el Estado deje de ser botín y vuelva a ser institución.
Que la política deje de ser culto y vuelva a ser responsabilidad.
Este a mi juicio es el nuevo paradigma y desafío no solo para Bolivia sino para América Latina y la Región.
