Agentes de las fuerzas de seguridad italianas han detenido al empresario hispano-venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado en la localidad de Bardonecchia, un enclave alpino próximo a la frontera francesa.
El arresto se produjo el pasado 5 de enero, momento en el que las autoridades verificaron la vigencia de una orden internacional de captura emitida por Venezuela en 2023.
La detención ha causado un fuerte revuelo mediático debido al alto perfil del empresario, residente habitual en Mallorca y figura conocida en los círculos económicos españoles.
D’Agostino fue interceptado cuando intentaba transitar por la zona fronteriza, activándose las alertas de los sistemas de cooperación policial internacional.
Graves acusaciones: La trama del petróleo
El requerimiento judicial que pesa sobre D’Agostino incluye cargos graves por tráfico ilícito de petróleo, fraude y falsificación de documentos. Según el expediente de la Fiscalía venezolana:
- Se le acusa de integrar una red criminal dedicada al desvío de cargamentos de crudo.
- La operación habría utilizado embarcaciones no registradas («barcos fantasma») para comercializar el petróleo en mercados internacionales.
- El objetivo principal de la trama era esquivar las sanciones financieras impuestas a la administración de Nicolás Maduro —quien fue capturado por Estados Unidos— y monetizar recursos estatales de forma ilegal.
De prosperar la extradición y ser hallado culpable, el empresario podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
Francisco D’Agostino ha mantenido una presencia notable en España, combinando inversiones inmobiliarias y taurinas con una vida social ligada a la aristocracia.
Es cuñado y amigo íntimo de Luis Alfonso de Borbón (bisnieto de Alfonso XIII) y también cuñado del veterano político venezolano Henry Ramos Allup.
Gestiona plazas de toros en Inca y Muro, y recientemente protagonizó titulares por un litigio millonario sobre una finca en Valldemossa y su interés en las plazas de Palma y Jerez.
Tras su captura, D’Agostino fue puesto a disposición del Tribunal de Apelación de Turín para determinar su situación legal frente a la solicitud de extradición, en un proceso que pone a prueba la cooperación judicial entre Europa y Venezuela.
Con información de El Pitazo
