Colombia ha sido reconocida por la comunidad internacional como uno de los países con mayores avances normativos en materia de regularización migratoria frente al éxodo venezolano. Más de 2,8 millones de personas han encontrado en su territorio una oportunidad de protección jurídica y estabilidad relativa. Sin embargo, cuando las políticas públicas no se traducen en acciones efectivas, los derechos consagrados en decretos y resoluciones se diluyen en la práctica cotidiana.
Ese es el escenario que hoy enfrentan miles de niños, niñas y adolescentes venezolanos en Colombia, atrapados en una contradicción institucional que los deja expuestos a riesgos crecientes.
El PEP Tutor: una promesa inconclusa
El Permiso Especial de Permanencia Tutor, conocido como PEP Tutor, fue anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro como una herramienta humanitaria destinada a garantizar la unidad familiar y la protección integral de menores venezolanos con estatus migratorio regular. El mecanismo permite regularizar a padres, madres o cuidadores de niños que ya cuentan con Permiso por Protección Temporal, siempre que este haya sido obtenido antes del 31 de diciembre de 2023.
En teoría, el objetivo es inequívoco: evitar separaciones familiares, reducir la irregularidad migratoria y asegurar el acceso a derechos fundamentales como la salud, el trabajo formal y condiciones de vida dignas. No obstante, la experiencia en territorio revela una brecha profunda entre la intención normativa y su ejecución real.
Una política que no opera
Organizaciones que acompañan de manera permanente a familias migrantes y refugiadas advierten que el PEP Tutor no está funcionando de forma efectiva. A pesar de existir en la normativa, el mecanismo no se ha materializado en soluciones concretas para quienes dependen de él. De cerca de 100 solicitudes gestionadas, apenas seis han sido aprobadas y ninguna ha concluido con la entrega del documento correspondiente.
Esta situación genera una irregularidad de facto: personas con decisiones administrativas favorables continúan sin poder formalizar su permanencia, acceder plenamente al sistema de salud o incorporarse al mercado laboral. La política existe en los textos oficiales, pero no en la vida diaria de las familias que esperan una respuesta.
Niños regularizados, padres invisibles
Las consecuencias más graves de esta inacción recaen sobre la población infantil. Muchos niños y adolescentes están escolarizados y cuentan con estatus migratorio regular, pero conviven con al menos uno de sus padres en condición irregular. Esta contradicción vulnera el principio del interés superior del niño y afecta de manera directa los procesos de integración social y comunitaria.
El miedo constante a operativos migratorios, la imposibilidad de acceder a empleos formales y la precariedad económica profundizan los círculos de exclusión. La protección, fragmentada, deja a las familias en un limbo jurídico que erosiona su bienestar emocional y material.
El tiempo corre en contra
La situación resulta aún más preocupante si se considera que la Cancillería colombiana ha establecido como fecha límite para la recepción de solicitudes del PEP Tutor el 30 de abril de 2026. Cada día de retraso administrativo representa una nueva afectación a derechos y amplía la distancia entre la promesa institucional y su cumplimiento efectivo.
La ausencia de información clara, los cuellos de botella burocráticos y la falta de emisión de documentos han desnaturalizado una política que podría convertirse en una de las más relevantes en materia de protección infantil migrante en la región.
Más que trámites, derechos
Diversos colectivos insisten en que no basta con diseñar mecanismos legales si estos no son accesibles, oportunos y operativos. La niñez migrante no puede seguir siendo protegida únicamente en el discurso. Cada demora institucional tiene consecuencias reales: interrupciones educativas, dificultades para acceder a atención médica y una integración social incompleta.
Las organizaciones sociales se han puesto a disposición del Estado como articuladoras para destrabar procesos y contribuir a soluciones efectivas. Su llamado apunta a una gestión más transparente, con plazos claros y un enfoque diferenciado que priorice a las familias con niños, niñas y adolescentes.
Exigencias urgentes al Estado
Ante este panorama, se han elevado solicitudes concretas a Migración Colombia y a las entidades competentes, entre ellas la implementación inmediata y real del PEP Tutor, la emisión sin dilaciones de los documentos ya aprobados, la claridad sobre los tiempos del proceso y la adopción de un enfoque prioritario para la infancia migrante.
Defender el PEP Tutor no es un asunto administrativo menor. Se trata de una obligación ética, jurídica y humanitaria. La protección de la niñez venezolana en Colombia no puede seguir siendo una promesa incumplida. Convertir la norma en realidad es, hoy, una urgencia impostergable.
Con información de Alberto News
