Los acontecimientos de las últimas horas confirman que Venezuela atraviesa un momento decisivo de su historia contemporánea, tras la captura de Nicolás Maduro en la madrugada de ayer, quien deberá comparecer este lunes ante los tribunales de Nueva York, respondiendo por un prontuario criminal que durante 27 años sostuvo un régimen autoritario, represivo y profundamente lesivo para la nación.
En este contexto, expreso mi rechazo absoluto a la juramentación ilegítima de Delcy Rodríguez, presentada como una supuesta salida ante una “falta presidencial”. Dicha acción carece de toda validez constitucional, no responde a la voluntad popular y constituye un intento de continuismo fraudulento por parte de estructuras que ya no tienen legitimidad política, jurídica ni moral para gobernar Venezuela.
Asimismo, las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una administración temporal del país por parte de los Estados Unidos deben entenderse como parte de un escenario excepcional, derivado del colapso institucional provocado por el propio régimen. No obstante, es fundamental dejar claro que la salida democrática para Venezuela no puede ni debe sustituir la soberanía popular, sino garantizarla.
La única vía legítima para la transición es el respeto irrestricto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en 2024, que otorgó un mandato claro para que Edmundo González asuma la Presidencia de la República. Cualquier mecanismo transitorio debe estar subordinado a ese mandato, ser temporal, y orientarse exclusivamente a restaurar el orden constitucional y convocar a una transición democrática efectiva.
Venezuela llega a este punto tras 27 años de autoritarismo, con más de 8 millones de personas forzadas al exilio, más de 1.000 presos políticos que hoy siguen injustamente encarcelados, y al menos 7 millones de venezolanos dentro del país con necesidades humanitarias urgentes. Estas cifras no son estadísticas: son vidas marcadas por la separación familiar, la persecución, el empobrecimiento y la negación sistemática de derechos.
Ante este escenario, hago un llamado al pueblo venezolano, dentro y fuera del país, a que transitemos este momento en paz, con calma, civismo y responsabilidad histórica. Es tiempo de un gran reencuentro nacional, orientado a la reconciliación social, la reconstrucción del tejido democrático y la recuperación del país sin odio ni venganzas, pero con verdad y justicia.
A la comunidad internacional, y en particular a instancias como Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y CELAC, hago un llamado a conformar una comisión internacional de acompañamiento, que supervise, garantice y verifique el cumplimiento del marco constitucional venezolano y de las normas internacionales, asegurando una transición democrática real, pacífica y ordenada.
Del mismo modo, exhorto a los gobiernos de la región que acogen a población venezolana a reforzar sus políticas de asilo y protección, poniendo en el centro a las personas más vulnerables, con enfoque de derechos humanos, en coordinación con mecanismos como la Plataforma R4V, el Proceso de Quito y los países firmantes de la Declaración de Cartagena.
Venezuela no clama por más confrontación, sino por justicia, democracia y libertad plena.
Este es el momento de actuar con coherencia, responsabilidad y visión histórica, para cerrar definitivamente el ciclo de opresión y abrir uno nuevo de reconstrucción nacional
