Delcy Rodríguez visitó la Cota 905 durante el dominio de «el Koki» y resurgen denuncias sobre presuntos vínculos con el chavismo

Las declaraciones de Yarián Revete, hija del fallecido cabecilla criminal Carlos Luis Revete, reabrieron la controversia sobre las relaciones entre funcionarios del chavismo y la megabanda que controló sectores de Caracas. Investigaciones periodísticas documentaron visitas oficiales a la Cota 905 y señalaron una presunta reunión privada en 2017

Las visitas de Delcy Rodríguez en la Cota 905 volvieron al centro del debate público después de que Yarián Revete, hija del fallecido delincuente Carlos Luis Revete, alias «el Koki», denunciara presuntos vínculos entre la organización criminal que dirigía su padre y funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, publicada el 14 de noviembre, aseguró que representantes oficialistas frecuentaban al cabecilla y que la banda recibió armamento y protección.

Según Revete, las autoridades buscaban mantener una fuerza armada de apoyo ante una eventual intervención extranjera o un golpe de Estado. Aunque evitó identificar a los presuntos involucrados y no presentó documentos que respaldaran sus afirmaciones, su testimonio coincide parcialmente con antecedentes investigados por InSight Crime sobre la política de zonas de paz y los contactos entre representantes gubernamentales y estructuras delictivas.

Delcy Rodríguez en la Cota 905: la visita de 2017 y la presunta reunión con «el Koki»

En agosto de 2017, Rodríguez visitó el sector Las Quintas de la Cota 905 cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente.

La funcionaria acudió acompañada por otros dirigentes, entre ellos Jorge Rodríguez, entonces alcalde de Caracas, y Pedro Infante, durante una actividad comunitaria que el oficialismo presentó como una iniciativa de paz.

Sin embargo, InSight Crime señaló, con base en fuentes locales, que representantes gubernamentales también mantuvieron una reunión privada con «el Koki».

La organización sostuvo que aquel encuentro habría permitido reactivar una tregua entre las autoridades y la banda.

El Gobierno no confirmó públicamente ese supuesto acuerdo, por lo que su existencia continúa sustentada en investigaciones periodísticas y testimonios.

La entrega de juguetes en territorio controlado por la megabanda

Rodríguez también encabezó actividades navideñas en la Cota 905 durante los años en que las organizaciones criminales mantenían influencia sobre el sector.

En diciembre de 2020, reportes periodísticos situaron a la funcionaria en una jornada de entrega de regalos a niños de Las Quintas y La Cancha.

Las actividades comunitarias contaron con difusión en medios estatales y presentaron la presencia gubernamental como parte de programas sociales.

Sin embargo, estos encuentros provocaron cuestionamientos por desarrollarse en territorios donde los organismos policiales enfrentaban restricciones operativas.

La participación de funcionarios en actos públicos no demuestra, por sí sola, que existieran acuerdos de colaboración con dirigentes criminales.

El enfrentamiento de 2021 puso fin al dominio territorial de «el Koki»

La situación cambió durante julio de 2021, cuando enfrentamientos armados entre la megabanda y los cuerpos de seguridad paralizaron sectores del suroeste de Caracas.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo para recuperar el control de la Cota 905, mientras los principales cabecillas consiguieron escapar inicialmente.

Carlos Luis Revete permaneció prófugo hasta el 8 de febrero de 2022, cuando las fuerzas policiales anunciaron su muerte durante un enfrentamiento en Las Tejerías, estado Aragua.

Su hija cuestionó posteriormente esa versión y sostuvo que una persona cercana habría facilitado su muerte.

Las nuevas declaraciones también coinciden con acusaciones recientes de Diosdado Cabello contra sectores opositores por supuestos contactos con antiguas bandas caraqueñas.

El contraste entre estos señalamientos y los antecedentes de visitas oficiales mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad institucional en la expansión del crimen organizado y la necesidad de esclarecer las relaciones entre funcionarios y grupos armados.

Con información de El Pitazo

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