En un contexto político excepcional y bajo la sombra de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta correspondiente a 2025.
El acto, celebrado en el Palacio Federal Legislativo y transmitido como un ejercicio de continuidad institucional, estuvo cargado de gestos simbólicos, mensajes de confrontación externa y anuncios económicos de amplio alcance.
Entre ellos destacaron una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la creación de dos fondos soberanos para administrar los ingresos petroleros y una propuesta de ley orientada a los derechos socioeconómicos, iniciativas que el Ejecutivo busca proyectar como pilares del plan gubernamental para los próximos años.
Un acto político cargado de simbolismo
Desde el inicio de su intervención, Rodríguez imprimió un tono político y emotivo al balance anual. Solicitó un minuto de aplausos en honor a las personas fallecidas tras los ataques estadounidenses y aludió a la rosa roja colocada en el escaño que tradicionalmente ocupaba Cilia Flores desde la instalación del Parlamento. La presencia de los hijos de Flores reforzó el mensaje de cohesión interna frente al proceso judicial que enfrenta la pareja presidencial en Nueva York.
Rodríguez aseguró que el plan de gobierno para 2026 había sido revisado con Maduro apenas seis horas antes de la incursión militar que derivó en su captura. Con ello, buscó transmitir una imagen de continuidad política y legitimidad, pese a la ausencia del líder chavista y a la presión internacional que atraviesa el país.
Defensa del balance y discurso de confrontación
Al presentar los resultados de 2025, la presidenta encargada calificó el año como “positivo”, a pesar de lo que describió como un bloqueo impuesto por Estados Unidos, acompañado de restricciones financieras y presencia naval en el Caribe. En un tono desafiante, rechazó cualquier señal de debilidad personal y afirmó que, de tener que acudir a Washington, lo haría “de pie”, como expresión de soberanía nacional.
Este discurso se enmarcó en una narrativa de resistencia, en la que las dificultades económicas y sociales fueron atribuidas a factores externos, mientras se resaltaron avances sectoriales como prueba de la capacidad de gestión del Ejecutivo.
Reforma a la Ley de Hidrocarburos y modelo Antibloqueo
Uno de los anuncios centrales fue la propuesta de reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según explicó Rodríguez, el objetivo es incorporar formalmente los modelos productivos contemplados en la Ley Antibloqueo, con el fin de atraer inversiones hacia campos petroleros sin desarrollo previo ni infraestructura existente.
Ante los diputados, solicitó la aprobación de esta modificación legal, argumentando que permitirá canalizar capitales nacionales e internacionales hacia nuevas áreas de explotación. En ese marco, detalló que el acuerdo con Chevron se rige por un contrato de participación productiva que impone límites de producción a la empresa estadounidense.
De acuerdo con las cifras oficiales, este esquema habría permitido inversiones cercanas a los 900 millones de dólares durante 2025 y un aumento de la producción petrolera hasta alcanzar 1,2 millones de barriles diarios. Rodríguez atribuyó estos resultados al esfuerzo conjunto de inversionistas locales y extranjeros bajo el nuevo modelo.
Fondos soberanos y promesa de transparencia
La presidenta encargada también anunció la creación de dos fondos soberanos para administrar las divisas provenientes de la cooperación energética. El primero estaría orientado a la protección social, con recursos destinados a salarios, hospitales, centros educativos, programas de alimentación y viviendas. El segundo se enfocaría en infraestructura y servicios públicos, incluyendo electricidad, agua potable y vialidad.
Como complemento, propuso el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita transparentar el uso de los recursos, la cual, según afirmó, debe estar libre de burocracia y corrupción. No obstante, no ofreció detalles sobre los mecanismos de control independientes ni sobre la supervisión institucional de estos fondos.
Derechos socioeconómicos y control de precios
En el ámbito legislativo, Rodríguez presentó un proyecto de ley orgánica sobre derechos socioeconómicos. Indicó que la iniciativa se basa en un sistema de precios acordados, alejándose —según su versión— de esquemas punitivos, y busca reforzar la protección de los consumidores. El planteamiento se inscribe en una estrategia de regulación económica que el chavismo ha defendido históricamente como herramienta de justicia social.
Resultados oficiales y contrastes en la realidad
Durante el balance, la funcionaria destacó la incorporación de 5.000 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional y un incremento del 110 % en el acceso al agua potable. Sin embargo, el informe omitió datos verificables sobre la recuperación del empleo formal y la reducción de la mortalidad materna, concentrándose en logros de seguridad sin respaldo estadístico en áreas sociales clave.
A pesar de los anuncios energéticos, habitantes de diversas regiones del país continúan reportando apagones frecuentes y fluctuaciones eléctricas, lo que contrasta con la versión oficial de estabilización del servicio. Estas discrepancias se producen en un clima de incertidumbre política, marcado por la ausencia de Maduro y la redefinición del poder dentro del chavismo.
En ese escenario, la memoria y cuenta de 2025 se presentó no solo como un balance de gestión, sino como un intento de reafirmación política en medio de una de las coyunturas más complejas que ha enfrentado el oficialismo en los últimos años.
Con información de El Pitazo
