La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una normativa que busca otorgar beneficios jurídicos vinculados a hechos políticos ocurridos en los últimos años. La sesión, convocada para las 4:00 de la tarde, comenzó con más de dos horas de retraso en el Palacio Legislativo y estuvo marcada por expectativas, reclamos de organizaciones defensoras de derechos humanos y la presencia de familiares de detenidos que pedían la ampliación del alcance del instrumento legal.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó la jornada como “histórica” y aseguró que la amnistía constituye un acto de perdón dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico venezolano. Subrayó que la norma no promueve la impunidad y que solo aplica a delitos tipificados, excluyendo conductas que atenten contra la soberanía o la integridad territorial del país.
Contenido y alcance del instrumento legal
La ley, integrada por 16 artículos y una disposición única, entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial. Para formalizar su promulgación, se designó una comisión especial compuesta por 23 diputados, encargada de entregar el texto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 9, que excluye del beneficio conductas relacionadas con la promoción o financiamiento de acciones armadas contra el Estado. Este apartado, aprobado también por unanimidad, deja fuera a quienes estén vinculados a investigaciones por presunta solicitud de intervención extranjera o actos considerados atentatorios contra la soberanía nacional.
El presidente del Legislativo alertó, además, que tras la aprobación podrían generarse provocaciones destinadas a fomentar divisiones internas, por lo que llamó a mantener la cohesión y evitar confrontaciones.
Ajustes y consensos en el debate
La discusión previa estuvo marcada por diferencias en torno al artículo 7, que había motivado la suspensión del segundo debate en la sesión anterior. Finalmente, se acordó mantener la exigencia de que los solicitantes se pongan a derecho ante los tribunales, aunque se introdujo la posibilidad de que quienes se encuentren en el exilio puedan ser representados por un abogado de confianza para gestionar la solicitud.
Asimismo, se estableció que mientras se tramita el beneficio, el solicitante no podrá ser detenido, siempre que comparezca ante la autoridad judicial correspondiente. Estos ajustes facilitaron el respaldo unánime de las distintas bancadas.
La diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial, reconoció que el texto no es perfecto, pero lo calificó como un paso significativo hacia la reconciliación nacional. Señaló que el objetivo es mitigar el sufrimiento de numerosos venezolanos y reiteró la necesidad de cesar la persecución política.
Por su parte, Jorge Arreaza instó a mantener el espíritu de consenso y evitar discursos motivados por cálculos partidistas.
Los 13 eventos incluidos en la amnistía
El artículo 8 detalla 13 hechos concretos que serán considerados para la aplicación del beneficio. Entre ellos figuran el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de ese mismo año, manifestaciones vinculadas al referendo revocatorio de 2004, protestas de 2007, 2009, 2013, 2014 y 2017, así como movilizaciones relacionadas con procesos electorales recientes y la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015.
También se incluyen acontecimientos asociados a las primarias presidenciales de 2023 y a las elecciones de julio de 2024 y 2025. No obstante, la plenaria dejó abierta la posibilidad de que una comisión especial evalúe casos no contemplados en el listado para determinar si procede el beneficio.
Quedaron fuera del texto algunos sucesos polémicos, como el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, lo que generó observaciones por parte de organizaciones no gubernamentales que alegan que existen personas privadas de libertad en esos contextos sin pleno respeto al debido proceso.
Debate sobre la Ley Contra el Odio
Durante la sesión, el diputado Pablo Pérez solicitó ampliar la amnistía a dirigentes sindicales y trabajadores procesados por reclamos laborales, así como revisar casos derivados de la aplicación de la Ley Contra el Odio. En respuesta, Jorge Rodríguez admitió que es probable que dicha normativa sea objeto de reforma, al reconocer que en algunos casos pudo haberse aplicado de manera incorrecta.
Indicó que el Programa de Convivencia y Paz, designado por Delcy Rodríguez, evaluará posibles modificaciones para garantizar mayor equilibrio en su implementación.
Un nuevo escenario político
La aprobación de la Ley de Amnistía abre una etapa distinta en el panorama político venezolano. Para sus promotores, representa un paso hacia la distensión y la convivencia democrática; para críticos y organizaciones civiles, aún quedan vacíos y exclusiones que podrían limitar su impacto real.
La efectividad de la norma dependerá de su aplicación práctica y de la disposición institucional para garantizar que el proceso se traduzca en libertades plenas. Mientras tanto, la atención se centra en la pronta publicación en Gaceta Oficial y en las primeras decisiones que adopte la comisión encargada de evaluar los casos.
Con información de Efecto Cocuyo
