La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal alianza opositora de Venezuela, elevó este martes su exigencia de que la ley de amnistía en discusión parlamentaria sea verdadera, integral y efectiva, reclamando la libertad plena, inmediata e incondicional de todos los presos políticos. La presión se intensifica en un contexto en el que el proyecto de ley de amnistía, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha generado tanto expectativas como críticas por supuestas omisiones y exclusiones que, según sectores de la oposición, limitarían su alcance real.
En un mensaje difundido en la red social X, la PUD expresó que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y advirtió que cualquier instrumento legal que condicione, limite o seleccione a quiénes beneficia **no constituye un acto de justicia, sino una administración continuada del castigo”. La coalición opina que la normativa propuesta hasta ahora carece de las garantías necesarias para garantizar derechos fundamentales y restituir la justicia en el país.
Debates y tensiones en el Parlamento venezolano
El proyecto de ley de amnistía, que abarca delitos cometidos desde 1999 hasta la actualidad, fue aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, pero el segundo y último debate fue pospuesto debido a desacuerdos sobre artículos clave, especialmente uno que impone la condición de “puesta a derecho” para acceder al beneficio legal.
La PUD ha señalado que esta exigencia podría operar como un filtro político que limita quiénes pueden acogerse a la amnistía, algo que consideran inaceptable. A su juicio, disponer que la libertad dependa de interpretaciones discrecionales del sistema de justicia afectaría negativamente la restitución de derechos. En este escenario, la coalición afirma que la reconciliación nacional no puede avanzar mientras persistan mecanismos normativos que encarcelan, inhabilitan y persiguen a opositores, y mientras las estructuras represivas sigan intactas.
Además de debatirse la fórmula jurídica exacta, el Parlamento se enfrenta a presiones sociales. Familias de detenidos políticos han protagonizado protestas y acciones de presión frente a centros de reclusión en Caracas, incluida una huelga de hambre por parte de mujeres que reclaman la liberación de sus parientes.
Excarcelaciones parciales y cifras de detenidos
Desde el 8 de enero de 2026, cuando se anunció un proceso de liberación de presos políticos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, el gobierno venezolano ha puesto en marcha excarcelaciones parciales. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal contabilizan más de 600 personas aún detenidas por motivos políticos, pese a que las cifras oficiales han variado y, en algunos casos, suman liberaciones previas también incluidas en los conteos gubernamentales.
Este desfase entre números ha alimentado la percepción de que los avances no han sido suficientes y que muchas personas siguen privadas de libertad en condiciones que, según defensores de derechos humanos, justifican demandas urgentes de una ley de amnistía efectiva.
Demandas de asociaciones y el debate por los exiliados
La Plataforma Unitaria no se limita a pedir la liberación de los detenidos, sino que también reclama que la amnistía incluya la anulación de inhabilitaciones políticas y la posibilidad de retorno seguro de exiliados, muchas de las cuales se encuentran dispersos en países vecinos o en otras partes del mundo. Para la coalición opositora, estas medidas son esenciales para la reconstrucción del tejido democrático y la restitución de los derechos civiles y políticos transgredidos durante décadas.
La propuesta opositora también contempla la restitución de partidos políticos judicializados, el fin de la persecución y una ruta hacia la restauración de la Constitución y el marco de derechos en el país. En palabras de sus voceros, “el país ya ha sufrido y esperado demasiado”, y solo una amnistía amplia y sin condicionamientos podría contribuir a superar años de polarización y represión.
Hacia una reconciliación pendiente
El debate en torno a la ley de amnistía continúa marcado tanto por la presión social como por la complejidad política de un proceso que podría redefinir el futuro institucional de Venezuela. Mientras la coalición opositora busca garantizar que ninguna persona quede excluida del beneficio, otras voces advierten que el texto actual, tal como está planteado, podría dejar fuera a sectores importantes de la población detenida por razones políticas.
El avance de la normativa en la Asamblea Nacional será clave en las próximas semanas, en medio de una creciente exigencia pública por la libertad total de los presos políticos, sin trampas jurídicas ni condiciones que perpetúen la exclusión o la fragmentación social. Para muchos, lograr una amnistía verdadera, integral y efectiva no es solo una demanda legal, sino un paso indispensable hacia la paz y la reconstrucción democrática en Venezuela.
Con información de El Nacional
