Estados Unidos permitió que el gobierno de Venezuela pague la defensa legal de Nicolás Maduro como una excepción dentro del régimen de sanciones, con el fin de garantizar su derecho a una defensa adecuada en tribunales.
La medida fue autorizada por el Departamento del Tesoro mediante licencias especiales, luego de que la defensa argumentara que impedir estos pagos violaba el derecho constitucional del acusado a elegir a sus abogados, protegido por la Sexta Enmienda.
Hasta ahora, las sanciones impedían que Caracas cubriera los honorarios legales, lo que incluso fue usado como argumento para intentar frenar el proceso judicial.
La autorización incluye condiciones estrictas: los fondos deben ser recientes y no pueden provenir de ingresos petroleros sancionados por Estados Unidos.
La decisión no implica un levantamiento de sanciones, sino una flexibilización puntual para evitar retrasos en el caso y garantizar el debido proceso.
