El hallazgo sin vida de Mateo Pérez Rueda encendió una nueva alarma sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en las regiones de Colombia. El joven comunicador desapareció esta semana en Briceño, Antioquia, mientras realizaba labores de reportería en una zona rural afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales.
El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia y señaló como presuntos responsables a integrantes de una disidencia de las antiguas FARC, mientras organismos humanitarios y defensores de derechos humanos pidieron una investigación rápida, seria y efectiva.
Mateo Pérez Rueda y una reportería en zona de riesgo
Mateo Pérez Rueda había llegado al municipio de Briceño para cubrir una realidad que golpea a varias comunidades del norte de Antioquia: la presencia de grupos armados, la disputa por corredores estratégicos y el impacto de las economías ilegales sobre la población civil. Según la información conocida, el periodista desapareció cuando adelantaba un reporte para el medio digital que fundó y dirigía, El Confidente, un proyecto enfocado en contar lo que ocurre en su región.
Su caso generó preocupación desde las primeras horas, porque la zona donde se perdió su rastro registra confrontaciones entre estructuras ilegales. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre una crisis humanitaria en Briceño y pidió garantías para ubicar al comunicador. La entidad explicó que el contexto territorial resultaba grave por la disputa entre disidencias y el Clan del Golfo, actores que buscan controlar rutas, territorios y economías ilícitas.
La recuperación del cuerpo ocurrió mediante una misión humanitaria en la que participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. Después de esa labor, las autoridades trasladaron el cuerpo para los procedimientos forenses correspondientes. Este paso resulta clave para formalizar la identificación, avanzar en la investigación penal y entregar respuestas a la familia.
El presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias a la madre del periodista y afirmó que las autoridades atribuyen el crimen a una estructura disidente. El mandatario también sostuvo que ese grupo no participa en una negociación activa dentro de la política de “paz total” y anunció acciones de la Fuerza Pública para fortalecer la presencia estatal en la zona.
El caso expone una realidad compleja: muchos periodistas regionales trabajan cerca de los hechos, conocen a las comunidades y reportan desde territorios donde el Estado llega con dificultad. Esa cercanía les permite mostrar historias que otros medios no alcanzan a cubrir, pero también los deja frente a amenazas directas cuando investigan intereses armados o economías ilegales.
El crimen reabre el debate sobre seguridad regional
La muerte de Mateo Pérez Rueda no solo representa una tragedia familiar y profesional. También abre una discusión sobre las garantías que tiene la prensa para informar desde zonas rurales afectadas por el conflicto. En Colombia, los reporteros locales suelen cubrir temas sensibles con recursos limitados, sin esquemas de protección y con escaso respaldo institucional.
La Fundación para la Libertad de Prensa condenó el asesinato y advirtió que el periodismo regional sigue trabajando bajo condiciones extremas de desprotección. La organización señaló que los grupos armados presionan, amenazan y silencian a comunicadores que intentan informar sobre corrupción, violencia, control social o negocios ilegales. Además, la FLIP indicó que desde 2022 ha registrado 387 agresiones contra la prensa cometidas por actores armados.
Este tipo de violencia no solo ataca a una persona. También afecta el derecho de las comunidades a recibir información. Cuando un periodista deja de cubrir una zona por miedo, cuando un medio local se autocensura o cuando una fuente evita hablar, la sociedad pierde datos esenciales para entender lo que ocurre en su territorio.
En regiones como el norte de Antioquia, la información local cumple un papel vital. Los medios comunitarios y digitales alertan sobre desplazamientos, confinamientos, amenazas, combates, abusos y cambios en la vida cotidiana. Por eso, el asesinato de un periodista produce un efecto que va más allá del dolor inmediato: instala miedo, rompe canales de comunicación y debilita la vigilancia ciudadana.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también rechazó el homicidio y pidió a las autoridades investigar, juzgar y sancionar a los responsables. El organismo recordó que los grupos armados no estatales deben respetar a la población civil, incluidos quienes buscan y difunden información.
El llamado internacional refuerza una exigencia central: el Estado debe actuar con rapidez. La investigación no puede quedarse en comunicados ni en señalamientos iniciales. Las autoridades necesitan esclarecer quién ordenó el crimen, quién lo ejecutó, qué móviles existieron y qué fallas permitieron que un periodista quedara expuesto en un territorio con alertas previas.
Autoridades enfrentan presión por respuestas
Tras el hallazgo del cuerpo, diferentes sectores exigieron resultados concretos. La familia de Mateo Pérez Rueda necesita verdad y justicia. El periodismo colombiano reclama garantías para trabajar. Las comunidades de Briceño requieren protección frente a los grupos que disputan el territorio. Y el Gobierno enfrenta la obligación de demostrar que puede proteger a civiles, líderes sociales y comunicadores en zonas de alto riesgo.
La investigación deberá avanzar en varias líneas. Primero, debe confirmar plenamente las circunstancias del crimen. Luego, las autoridades tendrán que establecer si el asesinato respondió directamente a su labor periodística. También deberán determinar si hubo amenazas previas, si alguna estructura ilegal lo vigilaba o si su presencia en la zona incomodó intereses armados.
El contexto territorial complica el proceso. Las disidencias de las antiguas FARC y otros grupos ilegales controlan áreas rurales, imponen reglas, regulan movimientos y disputan rutas asociadas a economías criminales. En ese ambiente, los periodistas quedan atrapados entre la necesidad de informar y el riesgo de ingresar a zonas donde los actores armados controlan la vida diaria.
Aun así, la respuesta institucional no puede limitarse a la reacción posterior. Colombia necesita mecanismos de prevención que lleguen antes de la tragedia. Las alertas tempranas, las rutas de protección y la presencia estatal deben funcionar con mayor eficacia, especialmente en territorios donde los reporteros cubren violencia, minería ilegal, narcotráfico o corrupción local.
El asesinato de Mateo Pérez Rueda deja una advertencia dolorosa: informar desde las regiones sigue siendo una tarea peligrosa en Colombia. Su caso recuerda que la libertad de prensa no se defiende solo en grandes redacciones ni en debates nacionales. También se protege en veredas, municipios apartados y medios digitales pequeños que documentan lo que ocurre lejos de los centros de poder.
La muerte del periodista exige justicia, pero también exige memoria. Su labor reflejaba el valor de quienes deciden contar historias incómodas, escuchar a comunidades afectadas y poner la mirada pública sobre territorios atravesados por la violencia. Si el país permite que estos crímenes queden impunes, los grupos armados ganan espacio y la ciudadanía pierde voz.
Por ahora, el caso sigue bajo la mirada de las autoridades, los organismos de derechos humanos y las organizaciones de prensa. La expectativa se concentra en una investigación que identifique a los responsables y en medidas que reduzcan los riesgos para otros comunicadores. Colombia no solo debe esclarecer el crimen de Mateo Pérez Rueda; también debe garantizar que informar no cueste la vida.
Con información de Caracol Noticias
