La transformación del sistema de justicia penal impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, continúa desarrollándose en medio de fuertes cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y su verdadero alcance. A casi seis meses de la salida de Nicolás Maduro del poder, diversos especialistas y defensores de derechos humanos advierten que los cambios anunciados conviven con prácticas judiciales heredadas del chavismo que aún permanecen vigentes.
Uno de los principales focos de debate ha sido la aplicación de la ley de amnistía promovida por las nuevas autoridades. La abogada penalista Magaly Vásquez considera que la medida resultó insuficiente debido a que muchos procesos judiciales continúan abiertos y persisten problemas relacionados con la falta de independencia de los jueces. Según explicó, la ausencia de autonomía limita la posibilidad de aplicar criterios más amplios en beneficio de los afectados.
Las dudas también alcanzan el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Diversos sectores han criticado cambios realizados sobre la marcha, como la modificación de la ley que regula el máximo tribunal y el aumento del número de magistrados durante el propio proceso de selección. Para Vásquez, cualquier reforma requiere reglas claras y estables desde el inicio para generar confianza.
Mientras tanto, el propio oficialismo ha reconocido problemas estructurales dentro del sistema. Diosdado Cabello informó recientemente sobre la depuración de miles de funcionarios policiales vinculados a hechos de corrupción, mientras que Delcy Rodríguez admitió la existencia de extorsiones, irregularidades y politización de la justicia, anunciando mecanismos de denuncia para combatir estas prácticas.
Aunque abogados defensores reportan algunas mejoras en el acceso a expedientes y en el trato dentro de los tribunales, persisten denuncias sobre retrasos procesales, traslados de causas sin explicación clara y mecanismos que, según juristas, continúan afectando el debido proceso. Para analistas y organizaciones de derechos humanos, el principal desafío sigue siendo garantizar una verdadera independencia judicial más allá de los cambios administrativos anunciados.
