Transparencia Venezuela urge elecciones como una medida necesaria para evitar que la administración encabezada por Delcy Rodríguez consolide su permanencia en el poder en medio de un escenario marcado por incertidumbre institucional y debates sobre la aplicación de la Constitución.
La advertencia fue realizada por Mercedes de Freitas, directora de la organización, quien considera que el retraso en la convocatoria de nuevos comicios favorece a un gobierno que, según su análisis, busca normalizar su continuidad mediante cambios de narrativa política y estrategias orientadas a mejorar su legitimidad tanto dentro como fuera del país.
Las declaraciones fueron formuladas durante el foro denominado “La Trampa de la Estabilización”, un espacio de discusión centrado en los desafíos políticos, económicos e institucionales que enfrenta Venezuela. Allí, De Freitas sostuvo que el paso del tiempo juega un papel determinante en favor de quienes actualmente ejercen el poder, especialmente cuando las instituciones responsables de activar mecanismos constitucionales guardan silencio o evitan tomar decisiones que permitan despejar la incertidumbre política existente.
El planteamiento se produce en un contexto donde diversos sectores mantienen la exigencia de una nueva convocatoria electoral, mientras crecen las interrogantes sobre la duración de la administración interina y sobre el papel que desempeñan organismos del Estado en la interpretación de las disposiciones constitucionales relacionadas con la ausencia de la jefatura del Ejecutivo.
Transparencia Venezuela urge elecciones para evitar la consolidación del poder político
Mercedes de Freitas sostiene que la prolongación de los tiempos institucionales beneficia directamente a quienes ejercen actualmente funciones de gobierno. Desde su perspectiva, cada día que transcurre sin una convocatoria electoral contribuye a fortalecer una percepción de normalidad alrededor de una situación que originalmente fue presentada como temporal.
La directora de Transparencia Venezuela considera que los procesos de legitimación política no siempre se construyen mediante grandes transformaciones visibles. En muchos casos, explica, surgen a través de cambios graduales en el discurso, la comunicación institucional y la manera en que distintos actores nacionales e internacionales perciben una determinada realidad.
Durante su intervención, señaló que el gobierno ha desarrollado una estrategia orientada a modificar el lenguaje político utilizado durante años. Según afirmó, la administración actual combina mensajes dirigidos a distintos públicos y adapta sus narrativas según las circunstancias nacionales e internacionales.
A juicio de la activista, este fenómeno puede generar un proceso de normalización progresiva que reduzca la presión existente para convocar elecciones y resolver mediante el voto las interrogantes sobre la conducción política del país.
Las declaraciones también reflejan la preocupación de organizaciones civiles respecto a la falta de definiciones claras sobre el calendario electoral. Diversos sectores consideran que la ausencia de plazos concretos favorece la consolidación de estructuras de poder que originalmente debían tener carácter transitorio.
La exigencia de una convocatoria electoral se ha convertido en uno de los principales puntos de coincidencia entre organizaciones de la sociedad civil, dirigentes políticos y expertos constitucionales. Todos coinciden en que la claridad institucional resulta fundamental para reducir la incertidumbre y fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos.
Para Transparencia Venezuela, la realización de elecciones no solo permitiría resolver una discusión jurídica sobre la sucesión presidencial, sino que también contribuiría a restaurar la legitimidad de las instituciones y ofrecería una vía pacífica para canalizar las diferencias políticas existentes.
El debate constitucional mantiene abiertas las interrogantes sobre los plazos electorales
Las demandas relacionadas con una nueva elección presidencial encuentran sustento en interpretaciones del marco constitucional venezolano. Diversos analistas han citado el artículo 234 de la Constitución como uno de los elementos centrales dentro de la discusión actual.
Esa disposición regula los mecanismos aplicables en situaciones de ausencia temporal o absoluta del presidente de la República y establece procedimientos destinados a garantizar la continuidad institucional mientras se resuelven circunstancias excepcionales.
Sin embargo, el debate se intensifica debido a la falta de pronunciamientos claros por parte de organismos que poseen competencias para definir el alcance de esas normas. El Parlamento, controlado por el chavismo, no ha impulsado decisiones orientadas a fijar plazos o establecer rutas concretas para una eventual convocatoria electoral.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia ha respaldado la continuidad de la administración encabezada por Delcy Rodríguez y ha evitado fijar fechas específicas para una elección presidencial. En lugar de ello, ha trasladado la responsabilidad de determinadas interpretaciones a otros órganos del Estado.
Esta situación alimenta la incertidumbre y genera posiciones encontradas entre distintos sectores políticos y jurídicos. Algunos consideran que la continuidad administrativa resulta necesaria para preservar la estabilidad institucional, mientras otros sostienen que la ausencia de cronogramas definidos contradice el espíritu de las disposiciones constitucionales.
La falta de consensos también dificulta la construcción de acuerdos que permitan ofrecer respuestas claras a la ciudadanía. Mientras tanto, el debate permanece abierto y continúa ocupando un lugar relevante dentro de la agenda pública nacional.
Expertos en derecho constitucional señalan que la interpretación de los artículos relacionados con las faltas presidenciales debe realizarse considerando tanto el texto legal como los principios democráticos que inspiran la Carta Magna. Por ello, insisten en la importancia de establecer mecanismos que permitan resolver la situación dentro de parámetros transparentes y previsibles.
Inversión extranjera y presión internacional aparecen como factores determinantes
Además de insistir en la necesidad de convocar elecciones, Mercedes de Freitas abordó otros aspectos vinculados con la relación entre democracia, inversión internacional y gobernabilidad.
La directora de Transparencia Venezuela planteó que las empresas extranjeras que desarrollen actividades económicas en el país deben mantener los mismos estándares de transparencia, responsabilidad corporativa y respeto institucional que aplican en sus naciones de origen.
Según explicó, la experiencia observada en otros países demuestra que determinadas inversiones pueden terminar contribuyendo indirectamente a la legitimación de gobiernos cuestionados por prácticas autoritarias. Como ejemplo, mencionó situaciones registradas en Cuba, donde cadenas hoteleras internacionales han sido objeto de debate respecto al impacto político de sus operaciones.
De Freitas considera que la comunidad internacional posee herramientas capaces de influir positivamente en los procesos de democratización. Entre ellas destacó el papel que podrían desempeñar organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.
A su juicio, instituciones financieras internacionales deberían vincular acuerdos económicos, programas de cooperación y procesos de financiamiento al cumplimiento de compromisos concretos relacionados con transparencia, derechos ciudadanos y fortalecimiento democrático.
La dirigente también destacó la importancia de mantener la atención internacional sobre la evolución de la situación política venezolana. Considera que la presión externa puede desempeñar un papel relevante para incentivar avances institucionales y promover soluciones ajustadas a principios democráticos.
Mientras continúa el debate sobre la convocatoria electoral, las declaraciones de Transparencia Venezuela reafirman una preocupación compartida por diversos sectores: el riesgo de que la ausencia de definiciones políticas contribuya a consolidar una situación inicialmente concebida como temporal. En ese contexto, la exigencia de elecciones adquiere una dimensión que trasciende el ámbito jurídico y se convierte en una discusión sobre legitimidad, institucionalidad y futuro democrático.
La evolución de los acontecimientos durante los próximos meses será determinante para establecer si las instituciones avanzan hacia una solución electoral o si, por el contrario, se prolonga una etapa de incertidumbre que continúa generando interrogantes dentro y fuera del país.
Con información de El Nacional
