Imposible no denunciar en voz alta y escribirlo para que quede constancia del genocidio que ha cometido el chavismo en Venezuela. Y cada vez más estas denuncias se hacen desde el exilio, desde esta gigantesca diáspora de casi 9 millones de venezolanos obligados a abandonar el país por persecución, riesgo de muerte, hambre, o desesperación.
El régimen instaurado por Chávez despreció la vida del venezolano desde que se involucró en el Caracazo en 1989 y en los dos golpes de estado de 1992, donde murieron inútilmente civiles y militares. Ya siendo gobierno, demostraron que no les interesaba la vida de los venezolanos. En el 2002 no les tembló el pulso para disparar a matar contra civiles desarmados que marchaban hacia Miraflores para pedir la renuncia de Chávez. Desde entonces, centenares de venezolanos han sido asesinados por las fuerzas armadas y los colectivos en protestas contra el régimen, un escenario que tuvo su cenit entre los años 2014 y 2017, bajo el mando dictatorial de Nicolás Maduro.
Pero no solo a balazos y bombazos mueren los venezolanos. El genocidio puede ser más silencioso: doblegar a la población por el hambre, desatender la salud pública sin dotar hospitales, mantener la pensión de los jubilados en un monto ridículo que los hace morir de mengua, entregar la seguridad pública al hampa y a la policía corrupta, condenar a sombrías cárceles a inocentes que mueren sin ninguna atención. O expropiar tierras y empresas, dejando así en la miseria a miles de familias. O eyectar del país a migrantes que murieron en selvas, páramos y barrios desconocidos.
27 años de chavismo no solo implosionaron los cimientos de Venezuela sino también con los venezolanos, que sufren la separación familiar, la mayor inflación mundial, sus propiedades depreciadas y sus negocios asfixiados. Hay que vivir allá para entender el infierno que está viviendo una población que se levanta todos los días a enfrentar un rally estresante por la supervivencia: sin electricidad, sin internet, sin transporte, sin agua, sin seguridad.
Por eso afirmamos que el doble terremoto del 24 de junio vino a revelar ante el mundo el genocidio contra un país y sus habitantes.
Una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, que tiene casi dos décadas documentando los manejos del régimen, aporta información acerca de la respuesta oficial a esta tragedia. Según este informe, el gobierno en las primeras 48 horas (que es considerado el tiempo en que hay mayor probabilidad de rescatar personas con vida) apenas cubrió el 12,6% de la necesidad. El 83% de los sobrevivientes fueron rescatados por vecinos y voluntarios.
Según el informe de Transparencia Venezuela, con una emergencia catastrófica de hasta ahora más de 5.000 muertes y casi 20.000 heridos, los hospitales públicos están en un nivel operativo y quirúrgico del 40% y con un desabastecimiento de medicinas del 74%.
Y no es casualidad que más de la mitad de los edificios construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela en La Guaira se desplomaron o sufrieron daños irreparables: eso sucede cuando un gobierno ocupa lugar de honor entre los más corruptos del mundo y contrata a constructoras recién registradas y sin licitación, ni estudio de suelos ni calidad comprobada de materiales, para construir en tiempo récord. Todo lo dicho también califica como genocidio.
La agobiante situación económica de los venezolanos se agrava con los efectos de los terremotos, los daños a las propiedades que no pueden ser cubiertos, la cada vez peor situación de los servicios públicos, aunado a la incertidumbre política que genera la presencia al frente del gobierno de los mismos que destruyeron el país. Aunque se entienda que sí hay un tutelaje de parte de Estados Unidos, la opinión pública es un maremágnum de especulaciones sobre el futuro y sus tiempos.
La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, la médico Dignora Hernández, ha sido reconocida por Estados Unidos como la última autoridad legítimamente electa, pasando por alto que hubo elecciones presidenciales en 2024, ganadas en forma aplastante por el Dr. Edmundo González y por María Corina Machado.
El 1 de agosto, ha dicho el presidente Donald Trump, comienza la negociación. No es diálogo, todo está hablado. Aún no se conocen los nombres de quienes se sentarán en esa mesa decisoria, pero lo fundamental es que deben respetar el deseo mayoritario de los venezolanos, que exige la transmisión del poder a través de unas elecciones legítimas y trazar una ruta clara hacia la restauración de la república. Mucho trabajo por hacer, pero ya es hora de detener el genocidio de Venezuela.
@charitorojasperiodista
