Los apagones en Venezuela mantienen a millones de personas sin electricidad durante varias horas al día, con interrupciones que en algunas localidades superan las diez horas, según la información recopilada por El Pitazo. Aunque la administración de Delcy Rodríguez atribuye los racionamientos al aumento de la demanda por las altas temperaturas, especialistas señalan problemas estructurales que limitan la capacidad de respuesta del sistema.
El ingeniero Miguel Lara, exgerente general de la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (Opsi), advirtió en una entrevista con Radio Fe y Alegría que la infraestructura disponible no alcanza para atender las necesidades actuales. Su diagnóstico apunta a una combinación de generación insuficiente, instalaciones deterioradas y deficiencias administrativas.
El especialista también planteó que los racionamientos podrían extenderse hasta 2027. Esa advertencia constituye una proyección sobre las dificultades de recuperación del servicio, no un calendario oficial de cortes ni una fecha definitiva para superar la emergencia.
La explicación de la crisis reúne cinco factores principales: el déficit de generación, la paralización de plantas, las denuncias de corrupción, el deterioro de las redes y la pérdida de capacidades profesionales. Estos problemas afectan distintas etapas del suministro y ayudan a entender por qué una mayor temperatura no explica, por sí sola, la persistencia de las interrupciones.
Apagones en Venezuela evidencian la brecha entre capacidad y generación
De acuerdo con las cifras que recoge El Pitazo, la demanda eléctrica alcanzó 15.625 megavatios el lunes 10 de agosto, mientras la disponibilidad rondaba los 12.000 megavatios. La diferencia entre ambos valores equivale a 3.625 megavatios, aproximadamente el 23 % del requerimiento señalado.
Esta comparación ilustra la magnitud del desequilibrio, aunque no permite calcular por sí sola cuántas horas de racionamiento corresponde aplicar en cada región. La duración y distribución de los cortes también dependen de las condiciones de las redes y de las decisiones operativas.
Cuando la generación disponible no cubre el consumo, el operador restringe parte del suministro para evitar una pérdida mayor de estabilidad. Los usuarios experimentan esa limitación mediante interrupciones que afectan viviendas, comercios y actividades productivas.
Lara cuestionó que las autoridades presenten el consumo reciente como una exigencia extraordinaria. Recordó que Venezuela registró una demanda cercana a los 18.700 megavatios en 2013, una cifra superior a la reportada para agosto.
La comparación histórica aporta un elemento central: el problema no consiste únicamente en cuánto consumen los usuarios, sino en cuánta electricidad puede entregar hoy la infraestructura. Un sistema con menor disponibilidad puede enfrentar dificultades incluso ante requerimientos inferiores a los que atendía años atrás.
El segundo factor corresponde a las plantas fuera de servicio. Según el texto de El Pitazo, desde 2007 el país incorporó más de 14,5 gigavatios y alcanzó alrededor de 36,5 gigavatios de capacidad instalada.
Sin embargo, capacidad instalada y generación disponible no significan lo mismo. La primera describe el potencial nominal de los equipos; la segunda depende de cuáles unidades funcionan y de las restricciones que enfrentan. Por eso, sumar la potencia de todas las instalaciones no demuestra que puedan producirla simultáneamente.
Los informes de Corpoelec citados por el medio situaban la generación termoeléctrica en unos 2.600 megavatios a principios de agosto. El reporte también señala que más del 80 % de las unidades térmicas permanecía fuera de servicio, principalmente por averías y falta de mantenimiento.
El porcentaje de unidades paralizadas no equivale necesariamente al mismo porcentaje de potencia perdida, porque las máquinas tienen capacidades diferentes. Aun con esa precisión, el diagnóstico describe un parque de generación que aporta mucho menos de lo que podría ofrecer con sus instalaciones operativas.
Las denuncias de corrupción contrastan con los recursos invertidos
El tercer elemento involucra el destino de los fondos públicos. Según las estimaciones de Transparencia Venezuela recogidas en el material, entre 1999 y 2016 el Estado destinó casi 38.000 millones de dólares al Sistema Eléctrico Nacional. La organización calcula que la corrupción comprometió el 61 % de ese monto.
Estas cifras corresponden a una estimación de la organización y requieren esa atribución. No equivalen, por sí mismas, a una sentencia judicial sobre la totalidad de las inversiones ni permiten asignar responsabilidades individuales sin revisar cada expediente.
Entre los casos señalados figura Derwick Associates, empresa vinculada con Alejandro Betancourt. De acuerdo con la información citada, la compañía obtuvo más de doce contratos en catorce meses, por un valor estimado superior a los 2.100 millones de dólares, para instalar plantas eléctricas.
La investigación periodística «La trampa eléctrica» expuso señalamientos sobre sobreprecios, irregularidades y falta de idoneidad técnica en esas contrataciones. Al abordar estos hallazgos, corresponde distinguir las denuncias documentadas por periodistas y organizaciones de las responsabilidades que determinen las autoridades judiciales.
El texto también atribuye a Transparencia Venezuela una comparación entre los 3.516 megavatios contratados y una producción de 827 megavatios en las plantas de Derwick hasta 2019. Ese dato describe un balance histórico: no permite establecer cuánto generan actualmente esas instalaciones.
El contraste entre inversión, capacidad contratada y resultados operativos plantea preguntas sobre la supervisión de los proyectos. Evaluar el desempeño exige conocer qué obras concluyeron, cuáles equipos entraron en funcionamiento y qué mantenimiento recibieron después.
La revisión también necesita separar las causas de cada incumplimiento. Una planta puede enfrentar problemas de construcción, fallas de equipos o limitaciones operativas posteriores. Sin información desagregada, resulta difícil determinar cuánto pesa cada factor en la pérdida de generación.
Redes deterioradas y pérdida de técnicos dificultan la recuperación
El cuarto problema aparece en la transmisión y distribución. Generar electricidad no garantiza que llegue de manera estable a los consumidores: el sistema necesita transportar esa producción y entregarla a través de redes que funcionen dentro de sus límites técnicos.
Los especialistas citados en el material advierten que la red de transmisión opera con frecuencia por encima de sus márgenes de seguridad. También señalan años de deterioro en la distribución, la etapa que conecta el suministro con los usuarios finales.
Un reporte previo sobre las explicaciones oficiales de la crisis eléctrica recoge cuestionamientos similares. Los expertos consultados sostienen que las restricciones de generación y transporte preceden a los episodios de mayor temperatura y que la planificación debe contemplar las variaciones habituales del consumo.
Esto implica que recuperar plantas no resolvería automáticamente todas las interrupciones. La rehabilitación debe acompañarse de trabajos en líneas, subestaciones y circuitos de distribución para que la nueva disponibilidad pueda traducirse en un servicio más continuo.
El quinto factor corresponde a la organización del sector y la pérdida de personal especializado. Desde la creación de Corpoelec en 2007, el Estado concentró la gestión de la industria eléctrica. Los críticos de ese modelo cuestionan el predominio de decisiones políticas y la designación de responsables sin experiencia suficiente en el área.
La centralización, por sí sola, no permite medir la calidad de cada decisión. Para evaluar sus consecuencias hacen falta indicadores de mantenimiento, disponibilidad, ejecución presupuestaria y resultados del servicio. El cuestionamiento de los especialistas apunta a la falta de criterios técnicos y de mecanismos eficaces de supervisión.
A ese panorama se suma la salida de trabajadores. En 2019, la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela denunció que al menos 24.000 empleados habían abandonado Corpoelec, entre ellos 14.700 ingenieros y técnicos, por bajos salarios y hostigamiento. La cifra pertenece a aquella denuncia y no constituye un balance actualizado.
La pérdida de experiencia dificulta las inspecciones, reparaciones y maniobras operativas. Reemplazar equipos demanda recursos, pero recuperar conocimientos también requiere formación y condiciones laborales que permitan conservar al personal.
El diagnóstico describe una recuperación que depende de varias acciones simultáneas: rehabilitar generación, reparar redes, supervisar inversiones y fortalecer los equipos profesionales. Mientras esas áreas mantengan sus limitaciones, los aumentos de consumo seguirán presionando una infraestructura con escaso margen de respuesta.
Con información de El Pitazo
