El reciente artículo de Juan Carlos Sosa Azpúrua contiene una verdad que no podemos ignorar y debemos reconocer: Venezuela no comenzó a perder su soberanía el 3 de enero de 2026.
Para entonces, la República llevaba décadas debilitada por la corrupción, la destrucción institucional, la dependencia económica y la penetración de intereses extranjeros.
Pero de esa verdad no puede extraerse una conclusión equivocada: que los errores y entregas del pasado puedan justificar las concesiones del presente.
Si la memoria selectiva es peligrosa, también lo es la resignación colectiva . No podemos solo condenar la tutela cubana, china, rusa o iraní y, al mismo tiempo, aceptar sin examen la de Washington .
La soberanía no tiene ideología ni nacionalidad. Se pierde frente a cualquier poder extranjero cuando quienes ejercen el poder carecen de legitimidad, comprometen el patrimonio nacional sin autorización auténticamente democrática o colocan intereses externos por encima del interés Nacional o la voluntad popular.
Una historia que debemos admitir:
La corrupción venezolana no nació con Hugo Chávez, se potenció.
Negarlo sería históricamente falso y políticamente irresponsable.
RECADI fue el comienzo del final; fue creado en 1983, durante el último año del gobierno de Luis Herrera Campíns, después del llamado Viernes Negro. Continuó durante la administración de Jaime Lusinchi y fue eliminado en 1989.
Durante el segundo gobierno de CAP. Durante los cinco años del gobierno de Lusinchi se mal administró alrededor de 50.000 millones de dólares destinados a importaciones. Las investigaciones de la época documentaron denuncias de sobrefacturación, empresas fantasmas, tráfico de influencias, comisiones y otorgamiento privilegiado de divisas.
(Esa cantidad corresponde al dinero administrado por el sistema, no a una cifra judicialmente comprobada como íntegramente sustraída). El País, abril de 1989
Años después, el chavismo reprodujo y multiplicó aquel mecanismo mediante CADIVI, creado en 2003.
La diferencia entre el dólar oficial y el mercado real convirtió la asignación de divisas en una enorme fuente de enriquecimiento ilícito. Un informe de Transparencia Venezuela recoge la estimación del exministro Jorge Giordani según la cual empresas de maletín recibieron al menos 25.000 millones de dólares.
En 2013, funcionarios del propio gobierno reconocieron que una parte sustancial de los beneficiarios podía corresponder a compañías ficticias.
No se trató simplemente de “ Empresas llevándose o sacando dólares.” Fueron redes público-privadas integradas por funcionarios, intermediarios, importadores reales y empresarios ficticios que convirtieron la diferencia cambiaria en una maquinaria de extracción de la renta nacional.
RECADI contribuyó al descrédito de la democracia y creó condiciones sociales que facilitaron el ascenso de Chávez. Sin embargo, el chavismo no corrigió aquellas desviaciones: las industrializó, eliminó los controles institucionales y transformó la corrupción en un sistema de poder.
A ello se sumó la subordinación exterior. Investigaciones documentaron la participación cubana en la reorganización de los servicios militares y de inteligencia venezolanos; China concedió líneas de crédito acumuladas cercanas a 60.000 millones de dólares, muchas vinculadas al suministro petrolero; y organizaciones de derechos humanos comprobaron que grupos armados colombianos llegaron a ejercer control social sobre comunidades del estado Apure.
Por tanto, la pérdida de soberanía no es nueva. Lo que no podemos hacer es convertir su repetición histórica en una costumbre nacional.
El acuerdo petrolero ya no es una conjetura
La Casa Blanca publicó el 31 de agosto de 2026 los términos generales del nuevo acuerdo. Según su propia versión, las autoridades interinas venezolanas concedieron a North American Blue Energy Partners derechos por cien años sobre 17 campos que contendrían aproximadamente 65.000 millones de barriles.
El Departamento de Guerra estadounidense recibiría un 35 % de participación en la empresa matriz; el Departamento de Estado podría adquirir al costo de producción un 20 % de todo el petróleo extraído y tendría derecho preferente sobre el 80 % restante. Estados Unidos también dispondría de poder de veto sobre los integrantes de la junta directiva.
La Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó el acuerdo el 1 de septiembre mediante votación a mano alzada. No obstante, diputados que se abstuvieron manifestaron que no habían recibido el texto integral y exigieron conocer su contenido jurídico completo.
Esto obliga a precisar el debate. No sería correcto afirmar que no existió ninguna aprobación parlamentaria. Sí hubo una aprobación formal. La pregunta es otra: ¿puede una Asamblea carente de suficiente legitimidad democrática, dominada por la misma estructura que desconoció el resultado presidencial de 2024, autorizar válidamente un compromiso intergeneracional cuyo texto completo ni siquiera habría sido entregado a todos los parlamentarios?
El problema no es la inversión, sino la legitimidad
Venezuela necesita capital, tecnología, mercados y cooperación internacional. Rechazar toda inversión extranjera sería condenar al país al estancamiento. Pero una cooperación legítima debe fundarse en igualdad, transparencia, beneficio mutuo y respeto a la Constitución.
El artículo 5 constitucional establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El artículo 12 dispone que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República y son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles. Los artículos 137 y 138 someten a los órganos públicos a la Constitución y declaran nulos los actos de una autoridad usurpada. Los artículos 150 y 187, numeral 9, exigen autorización parlamentaria para determinados contratos de interés público con Estados, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela. Constitución venezolana.
Una concesión operativa no equivale automáticamente a transferir la propiedad jurídica del subsuelo. Sin embargo, cuando la propia Casa Blanca presenta el convenio como un mecanismo para obtener “control mayoritario” sobre las reservas venezolanas, por cien años y con petróleo garantizado al costo, surge una contradicción política y constitucional que no puede ocultarse detrás de tecnicismos.
Existen, al menos, cinco aspectos que deben examinarse:
1. La competencia y legitimidad de quienes comprometieron a la República.
2. La constitucionalidad de las concesiones y su duración extraordinaria.
3. La existencia de una aprobación parlamentaria verdadera
4. La compatibilidad del control corporativo, financiero y comercial extranjero con el dominio público venezolano.
5. La transparencia, causa de interés público y equilibrio económico del convenio.
Sin conocer los contratos, anexos, garantías, cláusulas de terminación y mecanismos de controversias, no es responsable emitir una sentencia definitiva. Pero sí existen fundamentos serios para sostener que el acuerdo podría ser declarado nulo o inoponible a un futuro gobierno legítimo si se demuestra usurpación de autoridad, violación constitucional, desviación de poder, ausencia de deliberación parlamentaria auténtica o lesión grave del patrimonio público.
El punto de partida sigue siendo el 28 de julio
Venezuela no necesita inventar una nueva fuente de legitimidad. Ya la tiene: la voluntad expresada el 28 de julio de 2024.
El Centro Carter comprobó que las actas recopiladas en aproximadamente el 80 % de las mesas otorgaban a Edmundo González Urrutia cerca del 67 % de los votos, mientras el Consejo Nacional Electoral nunca publicó resultados desglosados por mesa que sustentaran la proclamación de Nicolás Maduro. Centro Carter.
Estados Unidos declaró inicialmente que González había obtenido la mayor cantidad de votos y posteriormente lo reconoció como presidente electo. Embajada de Estados Unidos, Reuters.
Washington no puede reconocer aquella voluntad popular cuando resulta conveniente y luego borrarla para negociar con autoridades procedentes del régimen derrotado. Una transición que desconozca el 28 de julio no sería democrática: sería una administración de conveniencias.
El primer paso no debe ser obligar al pueblo a repetir inmediatamente una elección que ya realizó y cuyo resultado defendió con enormes sacrificios. Debe reconocerse el mandato de Edmundo González Urrutia y, a partir de esa legitimidad, constituirse un Gobierno o Junta de Gobernabilidad y Emergencia Nacional, plural, temporal y sometido a controles.
Su mandato debe limitarse a restablecer la Constitución, liberar a los presos políticos, facilitar el regreso de los exiliados, reconstruir los servicios públicos, recuperar la independencia judicial, designar un Consejo Nacional Electoral confiable y establecer un cronograma breve para futuras elecciones libres. Mientras dure la emergencia, esa autoridad no debería comprometer activos estratégicos por décadas, salvo que resulte indispensable y exista control institucional independiente.
El acuerdo petrolero debe publicarse íntegramente, someterse a auditoría técnica y jurídica, identificar a sus beneficiarios finales y suspender cualquier acto irreversible hasta que pueda ser revisado por instituciones legítimas. Toda nueva contratación debería incluir licitación competitiva, precios internacionales, auditorías independientes, protección ambiental, empleos y salarios dignos, solución equilibrada de controversias y rendición pública de cada dólar recibido.
Venezuela no puede sustituir La Habana por Washington, CADIVI por NABEP ni una dependencia por otra. Tampoco puede rechazar la cooperación internacional que necesita. El desafío consiste en negociar con el mundo sin entregar al país.
La soberanía no es una bandera colocada sobre Miraflores. Es la capacidad de un pueblo para elegir a sus gobernantes, controlar su territorio, administrar sus recursos y exigir cuentas a quienes actúan en su nombre.
No debemos rasgarnos las vestiduras fingiendo que antes éramos plenamente soberanos. Pero tampoco debemos aceptar un nuevo síndrome de Estocolmo nacional. Los crímenes del pasado no absuelven los excesos del presente.
Venezuela necesita una segunda oportunidad, pero esa oportunidad debe comenzar con la verdad del 28 de julio, la restitución de la institucionalidad y una regla que nunca más pueda ser quebrantada: “ nuestros recursos pueden servir para construir alianzas, equitativas, justas y de mutuo beneficio “.
La República no está en venta.
