La dolarización oficial de Venezuela forma parte de una propuesta que el economista estadounidense Steve Hanke entregó a la administración del presidente Donald Trump, según informó el propio especialista. El plan plantea sustituir formalmente el bolívar por el dólar como moneda de curso legal con el propósito de estabilizar la economía y proteger los ingresos de la población.
Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins y promotor de reformas monetarias en varios países, desarrolló la iniciativa junto con el diputado venezolano Antonio Ecarri. El economista aseguró que presentó el documento después de recibir una solicitud directa de la Casa Blanca.
“Ellos me solicitaron presentarles un plan y yo se lo he dado”, declaró durante una entrevista con el periodista Jorge Agobian este lunes 31 de agosto.
La entrega del proyecto no significa que Estados Unidos o Venezuela hayan aprobado su aplicación. La información suministrada tampoco incluye una respuesta oficial de la Casa Blanca, un calendario de ejecución o el contenido completo del documento.
Dolarización oficial de Venezuela sustituiría al bolívar
El planteamiento de Hanke propone eliminar el bolívar como moneda de curso legal y adoptar formalmente el dólar estadounidense. El cambio modificaría la unidad utilizada para expresar precios, salarios, contratos, impuestos y obligaciones dentro del país.
“Una forma obvia de promover el uso del dólar estadounidense es alentar a los países a dolarizarse, a eliminar su moneda que no vale nada y reemplazarla oficialmente por el dólar estadounidense como moneda de curso legal”, afirmó el economista.
Su declaración refleja una postura favorable a esta reforma y una crítica directa al desempeño del bolívar. Sin embargo, el material proporcionado no incluye una evaluación independiente sobre sus posibles beneficios, costos o riesgos.
La economía venezolana ya utiliza dólares en numerosas operaciones privadas. No obstante, ese uso cotidiano difiere de una dolarización oficial, porque el bolívar conserva su condición formal dentro del sistema monetario.
El plan de Hanke busca convertir la práctica parcial en una estructura jurídica completa. Para lograrlo, las autoridades tendrían que definir una tasa de conversión, adaptar las cuentas bancarias y establecer reglas para transformar contratos y obligaciones.
La propuesta también requeriría decisiones sobre el papel del Banco Central de Venezuela. Una dolarización reduciría o eliminaría su capacidad para emitir moneda nacional, por lo que el organismo tendría que asumir funciones distintas.
Hanke afirmó que el Banco Central dispone de reservas suficientes para ejecutar la conversión monetaria. Sin embargo, la información suministrada no detalla el monto disponible, la composición de esos activos o el cálculo utilizado para llegar a esa conclusión.
Conocer esas cifras permitiría analizar si los recursos alcanzarían para respaldar el cambio de los bolívares en circulación y atender otras obligaciones. La ausencia de datos impide evaluar de forma independiente esa afirmación.
El economista presenta la reforma como una herramienta para erradicar la hiperinflación y recuperar la estabilidad. El resultado, sin embargo, también dependería de las políticas fiscales, el funcionamiento del sistema financiero y la capacidad de la economía para generar ingresos sostenibles.
Trabajadores recibirían sus ingresos en dólares
Hanke sostuvo que la adopción oficial del dólar permitiría a los trabajadores cobrar sus salarios en una divisa con mayor estabilidad. Según su planteamiento, esa medida tendría un impacto positivo e inmediato sobre la capacidad de compra.
El cambio de moneda podría reducir la pérdida asociada con una rápida depreciación del bolívar. Sin embargo, expresar un salario en dólares no garantiza automáticamente que su monto alcance para cubrir alimentos, vivienda, transporte y otros gastos.
El poder adquisitivo depende de la relación entre los ingresos y los precios. Si los salarios permanecen bajos frente al costo de vida, la sustitución monetaria por sí sola no resolvería las dificultades de los hogares.
La propuesta necesita explicar cómo convertirían las remuneraciones actuales, qué tasa aplicarían y cómo protegerían los contratos durante la transición. También tendría que establecer reglas para pensiones, prestaciones y deudas.
Otro desafío consiste en garantizar suficiente liquidez para las operaciones diarias. El país necesitaría billetes, monedas y sistemas de pago capaces de atender las transacciones de empresas y ciudadanos.
Los bancos tendrían que adecuar sus plataformas, cajeros, créditos y mecanismos contables. El Gobierno también debería adaptar el presupuesto público y los sistemas utilizados para recaudar impuestos.
Hanke estimó que la posibilidad de aplicar la dolarización se encuentra entre 50 % y 80 %. Ese rango representa su valoración personal sobre la viabilidad política y técnica, no una probabilidad confirmada por las autoridades.
El especialista también aseguró que una consulta o referéndum recibiría respaldo mayoritario. La información proporcionada no incluye encuestas, estudios de opinión o resultados electorales que permitan comprobar esa proyección.
Una decisión de esta magnitud requeriría informar a la población sobre el proceso y sus efectos. Los ciudadanos necesitarían conocer qué ocurriría con sus cuentas, ahorros, salarios y compromisos financieros.
La discusión también tendría que incluir a trabajadores, empresarios, bancos, especialistas y organizaciones sociales. Cada sector enfrentaría condiciones diferentes durante la transición.
Venezuela y Argentina aparecen dentro de una estrategia regional
Hanke reveló que integra un equipo de asesores de la Casa Blanca asignado al proyecto denominado “Gran Estrategia del Dólar”. Según explicó, la iniciativa busca consolidar y ampliar la presencia internacional de la moneda estadounidense.
El economista identificó a Venezuela y Argentina como los principales candidatos latinoamericanos para adoptar este esquema. La información suministrada no incluye una confirmación independiente de la Casa Blanca sobre el equipo, sus integrantes o el alcance del proyecto.
Tampoco se conocen los criterios utilizados para seleccionar a ambos países. Hanke relaciona la propuesta venezolana con la necesidad de estabilizar una economía que ha enfrentado inflación, depreciación monetaria y pérdida de capacidad de compra.
La participación de Antonio Ecarri incorpora a un dirigente venezolano dentro del desarrollo del plan. Sin embargo, el texto no explica qué aspectos preparó el diputado ni qué instituciones nacionales han recibido la propuesta.
Para que Venezuela adopte oficialmente el dólar, sus autoridades tendrían que aprobar cambios legales y coordinar la transición con el sistema financiero. La propuesta entregada a Washington no sustituye las decisiones que corresponderían a los órganos venezolanos.
El Gobierno estadounidense podría respaldar técnica o políticamente la iniciativa, pero la información disponible no define qué participación asumiría. Tampoco aclara si proporcionaría dólares, asistencia financiera o apoyo institucional.
El plan deja pendientes preguntas sobre la tasa de conversión, las reservas disponibles y el tratamiento de las obligaciones en bolívares. También falta conocer cómo abordarían la supervisión bancaria y el financiamiento del gasto público.
Hanke considera que la dolarización eliminaría una fuente de inestabilidad al impedir la emisión de moneda nacional. Sus críticos podrían advertir, en cambio, que el país perdería herramientas propias de política monetaria. El material proporcionado no incluye esas posiciones ni una comparación de experiencias internacionales.
Por ahora, el documento representa una propuesta entregada a la administración Trump y no una decisión adoptada. Su avance dependerá del respaldo político, el análisis técnico y las acciones que asuman las autoridades de ambos países.
La revelación abre un debate sobre el futuro del bolívar y el papel del dólar dentro de la economía venezolana. La publicación completa del plan permitiría conocer sus condiciones y evaluar cómo afectaría a trabajadores, empresas, bancos y organismos públicos.
Con información de El Nacional
