La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades venezolanas a liberar inmediata e incondicionalmente a los militares que permanecen detenidos por motivos políticos. En un comunicado del 6 de octubre, también expresó preocupación por el procesamiento de integrantes y exintegrantes de la Fuerza Armada y otros cuerpos de seguridad ante tribunales militares.
El organismo manifestó solidaridad con los familiares, quienes denuncian falta de información y dificultades para comunicarse con sus allegados. Asimismo, pidió al Estado poner fin a los procesos y restricciones derivados de detenciones arbitrarias.
CIDH reclama transparencia sobre las cifras de detenidos
Justicia, Encuentro y Perdón registró, hasta el 20 de septiembre, al menos 196 integrantes y exintegrantes de instituciones militares, policiales y de seguridad privados de libertad por razones políticas. De ellos, 165 estaban activos y 31 en retiro cuando ocurrió su detención; ocho son mujeres y al menos 14 presentarían problemas graves de salud.
Por su parte, Foro Penal contabilizó 144 militares entre las personas que considera presas políticas. La Comisión explicó que las diferencias responden a los criterios de documentación de cada organización y subrayó la necesidad de contar con información oficial transparente.
Denuncias de incomunicación y falta de atención médica
El pronunciamiento recoge señalamientos sobre restricciones severas de visitas, aislamiento prolongado y reclusión en espacios pequeños, sin ventilación adecuada. También menciona obstáculos para recibir asistencia médica oportuna y especializada.
Entre los establecimientos señalados figuran Ramo Verde, El Rodeo I, Tocorón, Yare II y el Fuerte Guaicaipuro. Los detenidos enfrentan, principalmente, acusaciones de traición a la patria y rebelión.
La Comisión expresó alarma por las muertes bajo custodia. Según los datos citados de Justicia, Encuentro y Perdón, fallecieron cuatro miembros de la Fuerza Armada y dos exfuncionarios de seguridad. Foro Penal informó de otros registros correspondientes a cuatro fallecidos: tres de la DGCIM y uno del Sebin. Los reportes no permiten sumar ambos balances como casos distintos.
Amnistía limitada y cuestionamientos a la justicia militar
La institución observó que la ley de amnistía, promulgada el 19 de febrero, ofrece un alcance limitado para estos detenidos. Sus disposiciones excluyen determinados hechos y delitos, entre ellos la rebelión militar vinculada con los sucesos de enero a abril de 2019.
Además, recordó que la jurisdicción castrense debe operar de manera restrictiva y excepcional. Solicitó a las autoridades abstenerse de utilizar el encarcelamiento y los tribunales militares como instrumentos de persecución o represalia contra personas consideradas opositoras políticas.
Con información de El Pitazo
