La reconstrucción de Venezuela no comenzará únicamente con un cambio de gobierno. Comenzará cuando la República recupere uno de los principios esenciales del Estado democrático y constitucional de Derecho: “que toda persona que haya administrado recursos públicos responda ante el pueblo venezolano por la gestión que le fue confiada”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los principios de transparencia, responsabilidad y “rendición de cuentas” como pilares de la Administración Pública. Estos principios no constituyen simples declaraciones programáticas; representan obligaciones jurídicas y morales que vinculan a todos los funcionarios y administradores de bienes públicos.
Por ello, propongo la creación, mediante una Ley Especial de la República, de la “ Comisión Nacional de Rendición de Cuentas de la República”, como un órgano autónomo, independiente, técnico y plural, cuya misión sea restablecer la transparencia administrativa y reconstruir la confianza institucional de la Nación.
Esta Comisión deberá estar integrada por representantes de los órganos constitucionales competentes, las universidades nacionales, las academias, los colegios profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en control fiscal, auditoría pública y administración financiera del Estado. Igualmente, podrá contar con el acompañamiento de organismos internacionales especializados, en calidad de observadores, para fortalecer la credibilidad y la transparencia del proceso.
Su objetivo no será perseguir adversarios políticos, reabrir conflictos ideológicos ni convertirse en un instrumento de retaliación.
Su único propósito será restablecer la confianza desde la verdad y el control administrativo de la República.
La Comisión tendrá la responsabilidad de recibir, revisar, auditar y sistematizar las rendiciones de cuentas de todas aquellas personas que, durante los últimos treinta años, hayan administrado recursos, bienes, activos, empresas, fondos o patrimonio pertenecientes al Estado venezolano, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Toda persona que haya ejercido funciones públicas o administrado recursos de la República deberá presentar un informe completo de su gestión, acompañado de los soportes administrativos, financieros, contables y legales que permitan verificar el destino de los bienes bajo su responsabilidad.
Este deber comprenderá, sin distinción alguna, a quienes hayan ejercido funciones en cualquiera de los Poderes Públicos, en empresas del Estado, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías, fondos públicos, organismos descentralizados o cualquier otra entidad que haya administrado patrimonio de la República, así como a quienes hayan tenido bajo su administración o control activos del Estado en el exterior, cualquiera que haya sido el fundamento jurídico o político de dicha administración.
La rendición de cuentas no constituye una sanción.
Constituye un deber inherente al ejercicio de la función pública.
Solo una vez conocidas las cuentas de la Nación podrán determinarse, mediante los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes, las responsabilidades administrativas, civiles, fiscales o penales que eventualmente correspondan, garantizando en todo momento el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
La ausencia de rendición de cuentas no puede convertirse en una forma de impunidad institucional.
El transcurso del tiempo no extingue el derecho del pueblo venezolano a conocer cómo fueron administrados los bienes que le pertenecen.
La República necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos y de la comunidad internacional.
Y esa confianza solamente podrá edificarse sobre la verdad, la transparencia, la documentación verificable y la responsabilidad pública.
Escribo estas líneas también desde una experiencia personal.
En la única oportunidad en que tuve el honor de administrar recursos públicos, como Director General de la Alcaldía de Caracas, entendí que mi responsabilidad no concluía con la presentación de mi renuncia. Consideré que mi deber republicano era entregar una rendición integral de cuentas de toda mi gestión, documentando detalladamente las actuaciones administrativas realizadas durante el período en que representé al Ayuntamiento.
Dicha rendición de cuentas fue presentada formalmente a la Cámara Municipal de Caracas, una vez examinada, mi gestión fue aprobada por unanimidad por los Concejales integrantes del ayuntamiento Municipal.
Nunca consideré ese acto como un mérito extraordinario.
Lo entendí simplemente como el cumplimiento de una obligación elemental que todo servidor público debe asumir frente a la Nación.
Precisamente por haber cumplido ese deber, hoy sostengo con absoluta convicción y autoridad Moral que el mismo principio debe exigirse a toda persona que haya administrado recursos pertenecientes al pueblo venezolano.
No propongo una comisión para perseguir personas o a ex funcionarios públicos.
Propongo una comisión, un instrumento , para reconstruir la confianza de la República y recuperar los activos que son patrimonio de la Nación.
No propongo una comisión para dividir a Venezuela.
Propongo una comisión para reconciliarla con la verdad.
Porque el patrimonio nacional no pertenece a los gobiernos, ni a los partidos políticos, ni a quienes circunstancialmente ejercieron el poder.
Pertenece exclusivamente al pueblo venezolano.
Y el pueblo tiene un derecho irrenunciable a conocer cómo fueron administrados sus recursos.
Solo una Nación que conoce la verdad sobre su pasado puede construir con firmeza su futuro.
La reconstrucción de Venezuela exige justicia, pero también exige transparencia e impunidad.
Exige reconciliación, pero también responsabilidad.
Exige memoria, pero también rendición de cuentas.
Porque ninguna República puede renacer mientras permanezcan cerrados los libros de su historia administrativa.
La verdad no divide a las naciones.
Las fortalece.
Y la rendición de cuentas constituye el primer acto de respeto que todo servidor público debe ofrecer al pueblo en cuyo nombre ejerció el poder.
