Organizaciones del exilio venezolano presentaron este lunes ante el Congreso de Estados Unidos y el secretario de Estado, Marco Rubio, un informe en el que advierten sobre una situación migratoria cada vez más vulnerable para los venezolanos en el país desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025.
El documento fue elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), ambas con sede en Miami. Según las organizaciones, los cambios implementados desde 2025 han reducido las protecciones migratorias, interrumpido permisos de trabajo y aumentado la exposición de algunos venezolanos a procesos de detención.
Entre las medidas señaladas se encuentra la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio del que dependían unos 607.000 venezolanos, además de la reducción de los permisos humanitarios conocidos como parole y el fin, previsto para octubre, de la prórroga automática de los permisos de trabajo.
El informe sostiene que estas decisiones pueden generar consecuencias acumulativas para los migrantes. La falta de un permiso de trabajo vigente puede afectar la posibilidad de mantener un empleo, acceder a determinados seguros médicos o renovar una licencia de conducir, mientras los procesos migratorios permanecen abiertos.
Las organizaciones también documentaron al menos tres casos reportados por medios estadounidenses durante julio y agosto de venezolanos detenidos pese a contar con permisos de trabajo. Uno de ellos, además, tenía licencia de conducir y un proceso de asilo pendiente.
El reporte no califica estos casos como ilegales ni atribuye una única intención a las políticas migratorias. En cambio, solicita que las decisiones relacionadas con la custodia de migrantes sean tomadas de manera individual y puedan ser revisadas.
La misma petición se extiende a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada contra presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización criminal que Washington vincula con Venezuela y cuya relación con el país ha sido negada por el Gobierno venezolano.
Las organizaciones reconocen al Tren de Aragua como una organización criminal, pero consideran que cualquier determinación sobre la pertenencia de una persona debe sustentarse en pruebas individuales y no en factores como la nacionalidad, la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales.
El informe también aborda el acuerdo mediante el cual Liberia aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de otros países durante un período de 12 meses. Según el Gobierno liberiano, el programa contempla principalmente a ciudadanos latinoamericanos, entre ellos venezolanos.
El primer vuelo llegó a Monrovia el pasado 20 de agosto con 20 personas cuyas nacionalidades no fueron divulgadas por Estados Unidos. Hasta el momento, no consta que entre ellas hubiera ciudadanos venezolanos.
Las organizaciones plantearon tres solicitudes principales: disponer de cifras oficiales desglosadas sobre los venezolanos detenidos, evitar que retrasos administrativos provoquen la pérdida del empleo de personas que esperan sus documentos y obtener mayor transparencia sobre los acuerdos establecidos con países que reciben a personas expulsadas de Estados Unidos.
La terminación del TPS para venezolanos, decretada en 2025, continúa siendo objeto de una disputa judicial ante la Corte Suprema de Estados Unidos. De acuerdo con datos del Pew Research Center citados por EFE, alrededor de 1,2 millones de personas de origen venezolano vivían en Estados Unidos en 2024, y más del 40 % residía en Florida.
