Los edificios de Misión Vivienda registraron una elevada proporción de derrumbes durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela el 24 de junio, pese a que científicos y especialistas habían advertido durante años sobre los peligros geológicos en varias de las zonas donde el Estado levantó esos complejos. Una investigación de The Washington Post cuestionó la calidad de las construcciones, la selección de los terrenos y los mecanismos de supervisión aplicados por el Gobierno.
Los dos movimientos sísmicos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y se convirtieron en los más fuertes registrados en el país en más de un siglo. El desastre derribó cientos de estructuras en Caracas y el litoral central, causó al menos 6.438 muertes y dejó a decenas de miles de personas sin hogar, según las cifras oficiales citadas por el medio estadounidense.
La investigación comparó imágenes satelitales tomadas desde comienzos de los años 2000 hasta 2026. El análisis se concentró especialmente en Caraballeda, estado La Guaira, una de las localidades más golpeadas por los terremotos.
De acuerdo con los resultados publicados, más de la mitad de los edificios de alta densidad construidos como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela colapsaron en esa población. En contraste, solo uno de cada 10 inmuebles privados con características similares sufrió un derrumbe total.
El medio también señaló que gran parte de las edificaciones privadas destruidas pertenecía a periodos anteriores, cuando el país aplicaba normas menos exigentes. Las torres públicas, en cambio, surgieron después de 2011 y debían cumplir códigos modernos de resistencia sísmica.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó después de la emergencia que la vivienda pública había mostrado un mejor comportamiento que la privada. Posteriormente evitó atribuir responsabilidades y sostuvo que el país enfrentó un doble terremoto de gran intensidad.
Sin embargo, los datos analizados por el periódico contradicen la comparación inicial de Rodríguez. Hasta el momento de la publicación, el Gobierno no había respondido la solicitud escrita de comentarios que le envió el medio.
Edificios de Misión Vivienda quedaron en áreas advertidas
Hace dos décadas, investigadores que trabajaban para el Estado venezolano identificaron zonas donde un gran terremoto podría causar daños severos. Los estudios advertían sobre condiciones especialmente peligrosas en sectores de Caracas y en la franja costera de La Guaira.
A pesar de esas evaluaciones, el Gobierno desarrolló nuevos complejos de vivienda pública en algunos de los lugares señalados. La presión por alojar a miles de personas que habían perdido sus casas durante las inundaciones de 2010 aceleró los planes de construcción.
A finales de ese año, lluvias extraordinarias provocaron inundaciones y deslizamientos en el norte y centro de Venezuela. Decenas de personas murieron y miles perdieron sus hogares. El Ejecutivo trasladó a muchas familias a hoteles, instalaciones militares y edificios públicos.
El entonces presidente Hugo Chávez declaró una emergencia habitacional y convirtió la entrega de casas en una de las principales prioridades de su administración. En 2011 lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela con la promesa de reducir rápidamente el déficit.
La urgencia coincidió con la campaña para las elecciones presidenciales de 2012. La administración aceleró proyectos, suspendió procedimientos ordinarios de contratación mediante un decreto de emergencia y concentró la ejecución en una oficina autónoma que respondía directamente a la Presidencia.
Carlos Genatios, ministro de Ciencia y Tecnología entre 1999 y 2002, explicó que algunos proyectos quedaron al margen de las revisiones, inspecciones y certificaciones municipales habituales. Según el especialista, la opacidad impide conocer con precisión qué normas aplicaron los responsables y qué materiales utilizaron.
Los códigos venezolanos exigían que las estructuras construidas después de 2011 resistieran movimientos como los registrados el 24 de junio. El país había desarrollado normas consideradas avanzadas después del terremoto de Caracas de 1967, que alcanzó una magnitud de 6,6, destruyó varios edificios y causó más de 225 muertes.
Tras aquella tragedia, el Gobierno creó una comisión con asesoría de destacados ingenieros sísmicos. El trabajo produjo directrices provisionales para la construcción resistente, impulsó un programa de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y condujo a la fundación, en 1972, de un organismo especializado en investigaciones sismológicas.
Esa institución elaboró códigos nacionales que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres llegó a describir como normas de vanguardia, comparables con los estándares estadounidenses. Venezuela actualizó esa regulación en 2019.
El geólogo Michael Schmitz, profesor de la Universidad Central de Venezuela y antiguo investigador de la fundación sismológica, sostuvo que ningún inmueble levantado después de la norma de 2001 debió sufrir un colapso total.
La magnitud de los derrumbes abre, por tanto, dos posibilidades principales: que las normas resultaran insuficientes ante un fenómeno excepcional o que los responsables no las cumplieran durante el diseño y la construcción. Solo una investigación técnica puede establecer cuál explicación corresponde a cada estructura.
Residentes y especialistas denuncian irregularidades
Los testimonios de antiguos habitantes describen problemas desde los primeros años de funcionamiento de los complejos. Kimberlyng León, de 39 años, vivió desde 2014 en un apartamento situado en el décimo piso de uno de los edificios que colapsaron en junio.
León recordó que la estructura presentó filtraciones de agua desde el comienzo. También cuestionó la diferencia entre su residencia y otros inmuebles privados que permanecieron en pie, como el Gran Hotel Meliá Carib.
Los responsables del proyecto aseguraron a los habitantes que la construcción soportaría los terremotos. Después del derrumbe, León perdió su hogar y exigió explicaciones sobre la calidad de una edificación que el Estado había presentado como segura.
Otra residente, Auroma Álamo, afirmó que observó hierro, concreto y poliestireno entre los materiales empleados. Para ella, las condiciones del inmueble mostraban que las familias quedaron expuestas a un experimento gubernamental.
Los testimonios expresan la percepción de los afectados, pero una evaluación forense deberá determinar si los componentes cumplían las especificaciones y si los constructores los instalaron de manera adecuada. La presencia de determinados materiales, por sí sola, no demuestra una falla estructural.
Transparencia Venezuela sostuvo que numerosos proyectos no contaron con estudios de suelos. Estas evaluaciones permiten conocer la capacidad del terreno, detectar riesgos de licuefacción y definir el tipo de cimentación que necesita cada edificio.
La planificadora urbana Ketty Mendes, quien estudió Caraballeda y trabajó en la institución venezolana de investigación sísmica, encontró que varios terrenos utilizados para vivienda pública carecían de certificaciones técnicas de uso. Esos documentos debían confirmar que las condiciones de riesgo permitían desarrollar las estructuras proyectadas.
Alejandro Linayo, ingeniero especializado en gestión de desastres, aseguró que antiguos alumnos que trabajaron en la Misión Vivienda le hablaron de irregularidades. Entre las denuncias mencionaron una menor cantidad de acero, cemento deficiente y columnas que no cumplían las normas.
Estas acusaciones requieren comprobación mediante el examen de planos, contratos, muestras de concreto, refuerzos metálicos y restos recuperados. Los expertos también deben evaluar las cimentaciones, la distribución de las cargas y la relación entre cada estructura y el suelo.
La costa de La Guaira presenta condiciones particulares. El nivel freático elevado y los terrenos arenosos saturados pueden generar licuefacción durante un sismo. En ese proceso, el suelo pierde temporalmente su resistencia y reduce su capacidad para sostener el peso de los edificios.
El geólogo Franck Audemard ya había documentado indicios de licuefacción en Caraballeda después del terremoto de 1967. En sus estudios advirtió que el fenómeno podía extenderse ampliamente y recomendó profundizar las investigaciones.
Los científicos también determinaron que el suelo de Caraballeda oscila naturalmente en periodos de entre 1,5 y 1,8 segundos. Ese ritmo coincide con el comportamiento de edificios de entre 15 y 18 pisos.
Cuando el terreno y una estructura oscilan con una frecuencia similar, se produce un efecto de resonancia. En vez de neutralizar el movimiento, ambas oscilaciones se refuerzan y aumentan la fuerza que soporta el inmueble.
Caracas presenta riesgos diferentes según cada sector. Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, concentró la mayor cantidad oficial de muertes en la capital. La zona se asienta sobre una profunda cuenca de sedimentos formada por arena, grava y roca.
Un estudio encargado después del terremoto de 1967 calculó que esa capa alcanza unos 366 metros de profundidad, una medida superior a la altura de la Torre Eiffel. Los sedimentos sueltos pueden amplificar las ondas sísmicas y prolongar el movimiento.
Schmitz trabajó durante 15 años para incorporar los datos científicos en ordenanzas municipales. Sin embargo, no logró completar ese proceso en Chacao, precisamente uno de los municipios situados sobre terrenos con mayor peligro dentro del área metropolitana.
Ingeniería forense deberá explicar los colapsos
Delcy Rodríguez creó una comisión presidencial para evaluar la seguridad de los edificios afectados. El equipo debe determinar cuáles estructuras pueden repararse, cuáles necesitan refuerzos y cuáles representan un riesgo para sus ocupantes.
No obstante, más de ocho semanas después del desastre, el Gobierno no había informado sobre una investigación pública destinada a establecer por qué colapsaron tantas edificaciones que supuestamente debían resistir un terremoto.
Linayo considera indispensable aplicar ingeniería forense. Esta disciplina analiza los restos, reconstruye el comportamiento de las estructuras e identifica las causas técnicas de cada falla.
Si los edificios cumplieron las normas y aun así se derrumbaron, Venezuela tendría que actualizar sus conocimientos, revisar los códigos y modificar la forma de construir. Si las empresas ignoraron los requisitos, las autoridades deberán establecer responsabilidades.
La investigación también necesita identificar quién diseñó cada proyecto, qué compañías ejecutaron las obras, cuáles funcionarios autorizaron los terrenos y qué organismos certificaron la calidad de los materiales.
Los contratos, las memorias de cálculo, los estudios geotécnicos y las inspecciones municipales pueden ofrecer respuestas. Sin acceso a estos documentos, resultará difícil diferenciar entre errores de diseño, defectos de ejecución y daños provocados por condiciones extremas del suelo.
La transparencia adquiere especial importancia porque el Gobierno lidera ahora la reconstrucción. La administración estadounidense comprometió más de 300 millones de dólares para apoyar las labores después de la captura de Nicolás Maduro en enero y el establecimiento del Ejecutivo interino.
El Departamento de Estado trabaja con Miyamoto International, una firma especializada en ingeniería y gestión del riesgo de desastres. La compañía evalúa edificios en Caracas y La Guaira y desarrolla actividades de transferencia de conocimientos para fortalecer la ingeniería nacional.
La información disponible no aclara si esa misión también investigará las causas de los derrumbes. Evaluar la seguridad actual y determinar por qué falló un edificio representan tareas relacionadas, pero exigen procedimientos diferentes.
La primera busca saber si las personas pueden regresar a sus hogares. La segunda reconstruye decisiones tomadas años atrás, identifica incumplimientos y permite aprender de los errores.
Venezuela necesita ambas evaluaciones. Miles de ciudadanos requieren respuestas rápidas sobre sus viviendas, pero el país también debe comprender las causas del desastre antes de levantar nuevos complejos.
Reconstruir sin una investigación completa podría repetir los mismos problemas. Los nuevos planes deben considerar los mapas de amenaza, los estudios de suelo, la resistencia de los materiales y los controles independientes.
El caso de los edificios públicos no permite atribuir una única causa a todos los derrumbes. Cada inmueble tuvo un diseño, una cimentación, una ubicación y un proceso constructivo distintos. Sin embargo, la diferencia detectada en Caraballeda exige una explicación documentada.
Las advertencias científicas existían, los códigos establecían condiciones exigentes y los complejos eran relativamente recientes. La combinación de esos elementos aumenta la necesidad de examinar las decisiones institucionales que permitieron construir en terrenos vulnerables.
Para los sobrevivientes, la discusión va más allá de un problema técnico. Muchas familias aceptaron las viviendas porque el Estado garantizó su seguridad. Ahora perdieron sus hogares, parientes y bienes dentro de estructuras que debían protegerlas.
Una investigación independiente podría aclarar las responsabilidades y orientar la reconstrucción. También permitiría recuperar la confianza en las instituciones encargadas de aprobar, inspeccionar y certificar edificios.
Los terremotos resultaron extraordinariamente fuertes, pero el riesgo no era desconocido. Venezuela acumulaba décadas de estudios sobre la amenaza sísmica en Caracas y La Guaira. La pregunta central consiste en determinar por qué ese conocimiento no evitó los colapsos y qué medidas tomará el país para que la tragedia no vuelva a repetirse.
Con información de The Washington Post
