El acuerdo petrolero de Delcy Rodríguez con Estados Unidos mantiene al menos nueve interrogantes relacionadas con su legalidad, las condiciones económicas, la selección de las empresas y el manejo de los recursos, según advirtió el economista Francisco Rodríguez. El especialista pidió este domingo 30 de agosto que el Gobierno publique la documentación necesaria para evaluar si el convenio beneficia a Venezuela.
Rodríguez reconoció que la presidenta encargada ofreció algunos detalles adicionales sobre el pacto durante una alocución. Sin embargo, consideró que la información todavía resulta insuficiente para analizar sus efectos sobre las reservas, las finanzas públicas y la soberanía energética del país.
“Necesitamos mucha más información que la que fue proporcionada en esa breve alocución para evaluar si este acuerdo beneficia a la nación”, escribió el economista en su cuenta de X.
Sus preguntas abarcan la eventual aprobación legislativa, la ausencia de una licitación pública, el cálculo de los ingresos fiscales y la diferencia entre los barriles mencionados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el volumen que Venezuela extraería durante los próximos 25 años.
El planteamiento también incluye dudas sobre las empresas que aportarían 100.000 millones de dólares, las consecuencias de un incumplimiento y los posibles derechos preferenciales de Washington sobre una parte de la producción venezolana.
Acuerdo petrolero de Delcy Rodríguez abre dudas sobre su legalidad
El primer cuestionamiento de Francisco Rodríguez se concentra en el procedimiento constitucional que debería seguir el convenio. El economista preguntó si las autoridades someterán el instrumento a la consideración de la Asamblea Nacional.
Para sustentar su inquietud, mencionó el artículo 150 de la Constitución, relacionado con los contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras. Su pregunta apunta a determinar si el acuerdo necesita autorización legislativa antes de su ejecución.
La información proporcionada no incluye una respuesta oficial sobre este punto. Tampoco precisa la naturaleza jurídica del pacto, los organismos que lo suscribieron o las normas que regularán su aplicación.
Conocer el texto permitiría establecer si se trata de un contrato, un convenio marco, una asociación comercial o algún otro instrumento. Esa definición ayudaría a precisar cuáles controles institucionales corresponden y qué obligaciones asumiría cada parte.
El economista también preguntó cómo seleccionaron a las empresas operadoras. Hasta ahora, según su planteamiento, las autoridades no han explicado los criterios técnicos, financieros o comerciales utilizados para elegirlas.
La falta de información sobre una licitación pública constituye otra de sus preocupaciones. Un procedimiento abierto permitiría comparar ofertas, capacidades y condiciones antes de adjudicar proyectos vinculados con activos estratégicos.
Rodríguez pidió identificar las empresas que aportarían los 100.000 millones de dólares de inversión privada anunciados por el Gobierno. También reclamó explicar qué ocurriría si esas compañías no entregan el capital prometido.
Este punto requiere conocer si el convenio incluye garantías, cronogramas o sanciones por incumplimiento. Sin esos datos, resulta difícil determinar quién asumiría los riesgos si las inversiones llegan parcialmente o no se concretan.
Las preguntas sobre legalidad y selección empresarial convergen en una exigencia: publicar las bases del acuerdo. El acceso al documento permitiría conocer su duración, las responsabilidades contractuales y los mecanismos para resolver controversias.
Las cifras fiscales y petroleras muestran diferencias por aclarar
Otro bloque de interrogantes se relaciona con los 209.000 millones de dólares en ingresos fiscales que el Gobierno proyecta recibir durante 25 años. Francisco Rodríguez pidió precisar cómo calcularon esa cantidad.
El economista preguntó si se trata de dólares nominales, montos ajustados por inflación o una estimación expresada a valor presente. Cada método produce una lectura diferente sobre el verdadero alcance económico de los recursos.
Si las autoridades distribuyen los 209.000 millones uniformemente durante 25 años, el promedio rondaría los 8.360 millones de dólares anuales. Rodríguez lo aproximó a 8.400 millones y consideró que esa suma resulta relativamente baja frente a los ingresos fiscales que Venezuela obtuvo en el pasado con niveles similares de producción.
La división ofrece una referencia aritmética, pero no representa necesariamente el flujo anual real. Los ingresos podrían variar de acuerdo con la producción, los precios internacionales, los costos, los impuestos y el avance de cada proyecto.
El economista también señaló una diferencia entre los 65.000 millones de barriles mencionados por Trump y los aproximadamente 11.000 millones que, según sus cálculos, Venezuela extraería durante los 25 años contemplados.
La discrepancia equivale a unos 54.000 millones de barriles. Rodríguez pidió aclarar qué derechos adquiriría Estados Unidos sobre el volumen restante después de que finalice el período.
La mención de 65.000 millones podría referirse a recursos vinculados con las áreas del acuerdo y no a la cantidad que efectivamente saldrá durante su vigencia. Sin el texto oficial, no resulta posible establecer el significado preciso de esa cifra.
Rodríguez también preguntó si un futuro Gobierno venezolano podría retirarse del convenio en caso de considerarlo inconveniente para el país. La respuesta dependerá de las cláusulas sobre terminación, prórroga y resolución de disputas.
Ese aspecto tiene relevancia porque el acuerdo se extendería durante varias administraciones. Las obligaciones asumidas ahora podrían condicionar decisiones futuras si el instrumento incorpora penalizaciones o compromisos de largo plazo.
El economista sumó preguntas sobre un supuesto suministro de crudo venezolano para la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Además, pidió aclarar si Washington obtendría un derecho preferencial para comprar el 20 % de la producción a costo.
La información suministrada no define qué significa “a costo” ni explica el método para fijar ese valor. También falta conocer si esa condición afectaría los ingresos de Venezuela o si formaría parte de una contraprestación por inversiones y servicios.
La transparencia de los ingresos continúa bajo cuestionamiento
La última parte de la crítica se centra en el control ciudadano sobre los recursos obtenidos mediante la actividad petrolera. Francisco Rodríguez recordó que Delcy Rodríguez anunció en marzo el portal transparenciasoberana.gob.ve como una plataforma de datos abiertos.
Según el economista, el sitio registra como última actualización el 13 de marzo de 2026 y solo muestra un ingreso de 300 millones de dólares. Esa falta de información reciente impediría utilizarlo para conocer el movimiento posterior de los recursos.
El señalamiento plantea dudas sobre cómo supervisarán los ciudadanos los ingresos del nuevo acuerdo. Una plataforma sin actualizaciones periódicas no permite comparar las cantidades anunciadas con el dinero efectivamente recibido.
La transparencia también debería incluir contratos, empresas participantes, cronogramas de inversión y criterios para calcular impuestos. Esos documentos ayudarían a diferenciar las proyecciones de los resultados alcanzados.
El reclamo no niega de antemano la posibilidad de que el convenio genere beneficios. Rodríguez sostiene que no puede emitir una evaluación completa mientras las autoridades mantengan sin publicar sus condiciones esenciales.
El Gobierno ha presentado el acuerdo como una oportunidad para recuperar la industria de hidrocarburos y atraer capital. El economista, en cambio, pide demostrar esos beneficios mediante información verificable y mecanismos institucionales de control.
Las nueve áreas de duda forman parte de una misma preocupación: Venezuela asumiría compromisos de largo plazo sobre recursos estratégicos sin que la ciudadanía conozca todavía todos sus términos.
La respuesta oficial deberá aclarar si la Asamblea Nacional revisará el instrumento, cómo escogieron a las compañías y qué garantías respaldan las inversiones. También tendrá que explicar los cálculos fiscales, la diferencia entre reservas y extracción, y los derechos que conservará cada país.
Mientras esos elementos permanezcan fuera del conocimiento público, las cifras anunciadas funcionarán como estimaciones sin suficiente respaldo documental. La divulgación del acuerdo completo permitiría evaluar sus ventajas, riesgos y consecuencias para las próximas administraciones.
Saludo que la Presidenta Encargada haya ofrecido anoche algunos detalles adicionales sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, necesitamos mucha más información que la que fue proporcionada en esa breve alocución para evaluar si este acuerdo…
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) August 30, 2026
Con información de La Patilla
