Las informaciones sobre un eventual acuerdo que otorgaría a Estados Unidos un “control mayoritario sobre una parte importante de las reservas petroleras venezolanas” han generado legítima preocupación.
Hasta ahora no se conocen públicamente el texto completo, su estructura jurídica, las condiciones económicas ni los mecanismos mediante los cuales se ejercería ese supuesto control. Tampoco se ha explicado cómo podrían comprometerse durante décadas los recursos de la República sin la participación de instituciones democráticamente legitimadas.
Desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela no queremos responder con consignas antiestadounidenses ni con una retórica de confrontación. Reconocemos el interés legítimo de Estados Unidos en fortalecer su seguridad energética y facilitar la participación de sus empresas en la recuperación de la industria venezolana. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología, financiamiento y mercados seguros.
Precisamente por eso proponemos transformar esta preocupación en una oportunidad para construir una auténtica alianza energética entre dos naciones soberanas.
Una experiencia histórica diferente.
El acuerdo anunciado no puede compararse con el proceso que condujo a la nacionalización petrolera venezolana.
El Fifty-Fifty de 1948 fue un mecanismo para distribuir los beneficios entre el Estado y las compañías concesionarias. Posteriormente se aprobó la Ley de Reversión de 1971 y, finalmente, la Ley de Nacionalización Petrolera de 1975, vigente desde el 1.º de enero de 1976.
Aquel fue un proceso legislado, negociado e indemnizado. Las compañías recibieron compensaciones por sus activos y se conservaron las relaciones comerciales y técnicas con Estados Unidos.
No fue una confiscación ni una ruptura entre los dos países.
Esa experiencia histórica no puede utilizarse para justificar ahora la transferencia del control soberano sobre nuestras reservas. Son situaciones completamente diferentes.
Legitimidad y seguridad jurídica.
La Constitución venezolana (art.5) establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen a la República (art.12 y que los contratos de interés público celebrados con Estados o empresas extranjeras requieren aprobación parlamentaria
( art. 150).
Estas disposiciones no prohíben la inversión privada ni los acuerdos petroleros de largo plazo. Lo que impiden es transferir la propiedad de los yacimientos o comprometerlos mediante instrumentos secretos, vulnerables o suscritos por autoridades sin legitimidad democrática suficiente.
Por ello, cualquier convenio celebrado exclusivamente con la administración de Delcy Rodríguez, sin participación de representantes legítimos de la nación y sin aprobación de una Asamblea Nacional libremente elegida, podría ser revisado, impugnadoy anulado por un futuro gobierno constitucional.
Esto no constituye una amenaza contra Estados Unidos ni contra sus empresas. Es una advertencia responsable para proteger la soberanía venezolana y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas.
La alianza energética que proponemos:
La CTV y el movimiento sindical venezolano no rechazamos un acuerdo estratégico con Estados Unidos. Queremos contribuir activamente a construirlo.
Venezuela podría garantizar a Estados Unidos un suministro preferente y estable de petróleo (incluso bajo determinadas condiciones de exclusividad durante un período acordado) siempre que ello no implique transferir la propiedad de los yacimientos ni renunciar al control soberano de la República.
Un acuerdo equilibrado debe contemplar:
* Precios internacionales objetivos y verificables.
* Inversiones en producción, refinación, transporte e infraestructura.
* Recuperación de los servicios eléctricos, hospitalarios, hidráulicos, viales y portuarios.
* Salarios justos, libertad sindical, contratación colectiva y seguridad industrial.
* Formación profesional, transferencia tecnológica y participación de empresas y trabajadores venezolanos.
* Protección ambiental, auditorías independientes y mecanismos efectivos contra la corrupción.
* Respeto a los contratos y aprobación definitiva de una Asamblea Nacional legítimamente elegida.
El petróleo no puede continuar siendo una riqueza que empobrezca a quienes lo producen. Los trabajadores deben participar en la recuperación de la industria y recibir una parte justa de sus beneficios.
Una negociación representativa.
Un acuerdo de esta importancia debe incorporar al presidente electo el 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia; al liderazgo democrático de María Corina Machado; a la sociedad civil; a la CTV y a la Coalición Sindical Nacional; a los trabajadores petroleros; a las universidades y a los sectores productivos.
Podemos comenzar desde ahora a elaborar un marco preliminar de cooperación. Sin embargo, su aprobación definitiva debe corresponder a los poderes públicos legítimos de una Venezuela democrática.
Un llamado al presidente Trump y al secretario Rubio:
Durante varios meses, la CTV y el movimiento sindical organizado en todo el territorio nacional hemos solicitado una reunión con la Casa Blanca. Hasta ahora no hemos encontrado una respuesta efectiva ni un interlocutor institucional capaz de escuchar y canalizar nuestras propuestas.
Un diálogo oportuno con los trabajadores, la sociedad civil y la dirigencia democrática venezolana habría permitido explicar estas realidades históricas y constitucionales, y posiblemente evitar los temores y malentendidos surgidos alrededor del anuncio petrolero.
Renovamos públicamente nuestra solicitud.
Presidente Donald Trump; secretario de Estado Marco Rubio: estamos dispuestos a reunirnos con ustedes y con su Administración para contribuir a la construcción de un acuerdo serio, justo y constitucionalmente viable, a la altura de sus responsabilidades históricas con Venezuela, con la región y con el mundo democrático.
Solicitamos también reconsiderar el lenguaje relacionado con el “control” estadounidense sobre las reservas venezolanas. Esa expresión podria ser utilizada por los sectores autoritarios para reactivar la propaganda antiestadounidense y ocultar la responsabilidad de quienes destruyeron y saquearon nuestra industria.
No debe hablarse de dominación, apropiación ni entrega, sino de una gran “ alianza energética y comercial” entre dos naciones soberanas.
Venezuela quiere recuperar su industria, atraer inversiones, honrar sus compromisos y volver a ser un proveedor confiable para Estados Unidos y para el mundo.
No proponemos confrontación. Proponemos concordia.
No rechazamos la inversión. Exigimos legitimidad.
No queremos una entrega petrolera. Queremos una alianza entre iguales.
Ese es el camino: justicia y salarios dignos para los trabajadores, seguridad para los inversionistas, estabilidad energética para Estados Unidos y soberanía para Venezuela.
