La defensa de Nicolás Maduro prepara una nueva ofensiva legal para intentar frenar el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas, utilizando como uno de sus principales argumentos una supuesta inmunidad como jefe de Estado.
Maduro, de 63 años, se ha declarado no culpable de los cargos. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que el exmandatario venezolano estaría protegido frente a un proceso judicial estadounidense por su condición de jefe de un Estado soberano.
La defensa también ha cuestionado la forma en que Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero en Venezuela.
El próximo miércoles, los abogados de Maduro tienen previsto presentar mociones para solicitar que las acusaciones sean desestimadas. Sin embargo, expertos consultados por Reuters consideran que la defensa enfrenta importantes dificultades debido a precedentes judiciales estadounidenses.
Durante más de un siglo, tribunales de Estados Unidos han rechazado argumentos basados en supuestas violaciones del derecho internacional o de tratados como fundamento suficiente para anular procesos penales.
Aunque el derecho internacional suele otorgar protección a los jefes de Estado en ejercicio frente a procesos judiciales en otros países, el caso de Maduro presenta una particularidad: Estados Unidos no lo reconoce como presidente de Venezuela desde 2019.
La determinación de si Maduro puede beneficiarse de inmunidad dependería, en buena medida, de si los tribunales estadounidenses consideran que efectivamente era jefe de Estado.
Los tribunales de EEUU suelen seguir la posición del Poder Ejecutivo en disputas relacionadas con el reconocimiento de los líderes extranjeros. Según la profesora de Derecho Chimène Keitner, en los pocos casos similares que han llegado a los tribunales, los jueces han considerado la decisión del Ejecutivo de presentar cargos como una señal de que no existe inmunidad.
Otro obstáculo para la defensa es que los tribunales estadounidenses han establecido de manera reiterada que una persona acusada penalmente puede ser procesada incluso cuando su traslado hacia Estados Unidos haya ocurrido de manera ilegal.
Seis expertos estadounidenses en derecho internacional y defensa penal consultados por Reuters coincidieron en que los antecedentes existentes no favorecen la posición de Maduro, aunque reconocieron que los procesos penales contra jefes de Estado extranjeros o personas capturadas por la fuerza fuera de Estados Unidos son casos extremadamente poco frecuentes.
