Colombia reactivó las órdenes de captura contra 46 integrantes de tres grupos armados que participaron en negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación adoptó la medida después de que la administración del presidente Abelardo de la Espriella terminara las conversaciones y revocara el reconocimiento de los voceros que intervenían en esos procesos.
La decisión afecta a 27 miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), entre ellos su máximo jefe, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; a 13 representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), y a seis integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Estos dirigentes gozaban de la suspensión temporal de sus requerimientos judiciales porque el Ejecutivo anterior los había reconocido como negociadores. Ese beneficio les permitía asistir a reuniones, desplazarse y participar en actividades relacionadas con las mesas sin que las autoridades ejecutaran las medidas pendientes en su contra.
El cierre de los diálogos modificó su situación jurídica. Al perder la condición de voceros, los 46 integrantes volvieron a quedar expuestos a la actuación de la Policía, las Fuerzas Militares y los organismos de investigación. Las autoridades podrán detenerlos cuando los localicen y presentarlos ante los tribunales correspondientes.
Órdenes de captura vuelven a regir tras el cierre de las negociaciones
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, autorizó la reactivación de los requerimientos luego de que el Gobierno pusiera fin a los tres procesos el pasado 28 de agosto. La Fiscalía explicó que la suspensión dependía directamente de la participación de estas personas en las mesas de diálogo y que la cancelación de ese reconocimiento eliminó el fundamento legal del beneficio.
“La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
La mayor cantidad de decisiones judiciales corresponde al EMBF. Un total de 27 miembros de esta estructura afrontan nuevamente solicitudes de detención, incluida la dirigencia encabezada por alias Calarcá. Este grupo había participado desde 2022 en acercamientos con el Ejecutivo de Petro dentro de la política conocida como “paz total”.
Las autoridades vinculan a los hombres de Calarcá con ataques contra la población civil y la fuerza pública, atentados con explosivos, secuestros y extorsiones. También señalan que la organización obtiene recursos del narcotráfico y de la explotación ilegal de minerales en los territorios donde mantiene presencia.
Alias Calarcá protagonizó uno de los episodios más controvertidos del proceso cuando las autoridades lo detuvieron durante un retén en 2024. Los funcionarios permitieron posteriormente su liberación porque el Gobierno lo había reconocido como negociador y las medidas judiciales en su contra permanecían suspendidas.
Ese antecedente mostró el alcance de los beneficios que recibían los voceros, pero también provocó cuestionamientos sobre la continuidad de las acciones violentas mientras avanzaban las conversaciones. El propósito de la suspensión consistía en facilitar la participación de los delegados y permitir que el diálogo avanzara. Sin embargo, el mecanismo dependía del mantenimiento de la mesa y de la voluntad gubernamental de conservar el reconocimiento político.
La reactivación no constituye una sentencia ni determina por sí sola la responsabilidad penal de los afectados. El procedimiento permite que los organismos de seguridad ejecuten las decisiones que los jueces y fiscales habían emitido antes o durante las conversaciones. Cada detenido deberá responder dentro del proceso correspondiente y ejercer su defensa ante la justicia.
La medida también alcanza a 13 integrantes de la CNEB y a seis miembros de las ACSN. Aunque las tres organizaciones tienen orígenes, zonas de influencia y estructuras diferentes, todas pierden la protección temporal que recibieron durante los acercamientos con el Estado.
De la Espriella alega falta de voluntad para alcanzar la paz
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el domingo que su Gobierno decidió terminar las conversaciones con las tres organizaciones. El mandatario argumentó que los grupos no demostraron una voluntad real de abandonar las armas ni de avanzar hacia acuerdos que redujeran la violencia.
La decisión marca una ruptura con la estrategia desarrollada por Gustavo Petro, quien impulsó negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias y estructuras de origen paramilitar. La administración anterior buscó crear distintos mecanismos de diálogo de acuerdo con la naturaleza de cada organización, sus intereses y su presencia territorial.
El EMBF surgió dentro del Estado Mayor Central (EMC), considerado la principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sus integrantes rechazaron el acuerdo firmado en 2016 o regresaron a las armas después de participar inicialmente en el proceso.
La división interna del EMC se profundizó en 2024. El sector dirigido por Calarcá aceptó continuar las conversaciones con el Gobierno de Petro, mientras otra facción rechazó la negociación. Esa fractura fragmentó todavía más el escenario armado y dificultó la aplicación de compromisos uniformes en las regiones.
La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano también nació de una separación. Sus integrantes pertenecieron a la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, pero las disputas internas llevaron a la formación de una estructura diferente. La CNEB reúne a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y a los Comandos de Frontera.
Las dos facciones operan en zonas estratégicas para las economías ilícitas y las rutas fronterizas. Sus actividades incluyen control territorial, cobro de extorsiones y participación en mercados ilegales. Estas características convirtieron la negociación en un proceso complejo, pues las autoridades debían abordar tanto los asuntos políticos como los intereses económicos que sostienen a las organizaciones.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada representan un fenómeno distinto. Esta estructura de origen paramilitar mantiene influencia en áreas de la región Caribe y ejerce control mediante amenazas, cobros ilegales y violencia contra las comunidades. El Gobierno anterior abrió acercamientos con la intención de reducir los enfrentamientos y buscar una salida jurídica.
De la Espriella consideró que los tres espacios no ofrecían resultados suficientes para justificar su continuidad. Al cerrar las mesas, su administración reemplazó la negociación por una estrategia centrada en la persecución judicial y las operaciones de seguridad.
La decisión también envía un mensaje a otras organizaciones: el Ejecutivo condicionará cualquier acercamiento a muestras concretas de desescalamiento, cumplimiento de compromisos y protección de la población civil. Las autoridades deberán definir ahora cómo enfrentarán las posibles respuestas de los grupos afectados y qué medidas adoptarán en las zonas donde estas estructuras ejercen influencia.
El fracaso de la “paz total” modifica la estrategia de seguridad
Gustavo Petro presentó la “paz total” como uno de los principales proyectos de su Gobierno. La política pretendía negociar con guerrillas y disidencias, al tiempo que ofrecía mecanismos de sometimiento a las bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.
La iniciativa abrió varios canales de comunicación, pero encontró obstáculos desde sus primeras etapas. Los grupos mantuvieron acciones violentas, disputas territoriales y actividades criminales mientras sus representantes participaban en los encuentros. Esa situación debilitó la confianza, aumentó las críticas y dificultó que el Ejecutivo mostrara avances concretos ante la ciudadanía.
El propio Petro suspendió los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con sectores del Estado Mayor Central después de acusarlos de carecer de voluntad para avanzar. Las crisis dentro de las mesas, los incumplimientos y la continuidad de los ataques impidieron que la propuesta alcanzara los objetivos planteados.
La estrategia también contemplaba el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, considerado la mayor organización criminal del país. Sin embargo, ese componente produjo pocos resultados y enfrentó debates jurídicos sobre el tratamiento que el Estado debía ofrecer a las estructuras sin carácter político.
El nuevo Gobierno recibe, por tanto, un escenario fragmentado. Colombia no enfrenta a una sola organización con una dirección unificada, sino a diversas estructuras que cambian de nombre, forman alianzas, se dividen y compiten por territorios. Esa dispersión complica tanto la negociación como la acción militar.
La reactivación de las 46 órdenes inicia una nueva fase. Los organismos de seguridad tendrán que ubicar a los dirigentes, actualizar la información sobre sus movimientos y coordinar los operativos. Al mismo tiempo, el Estado deberá reforzar la protección de las comunidades expuestas a represalias o nuevos enfrentamientos.
El cierre de las mesas no elimina las causas que alimentan la violencia en las regiones. La ausencia institucional, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y las disputas por corredores estratégicos siguen ofreciendo recursos a los grupos. Una política de seguridad necesitará combinar las capturas con presencia estatal, inversión social, justicia y oportunidades económicas.
Las próximas semanas permitirán observar la reacción de las tres organizaciones. También mostrarán si el Gobierno mantendrá abierta alguna posibilidad de diálogo bajo condiciones diferentes o si concentrará todos sus esfuerzos en la vía judicial y operativa.
Por ahora, la Fiscalía retiró el principal beneficio que protegía a los negociadores. Los 46 integrantes dejaron de actuar como voceros reconocidos y volvieron a enfrentar los procesos pendientes. Con esta decisión, Colombia cierra tres capítulos de la “paz total” y abre una etapa marcada por la persecución penal de quienes participaron en esas conversaciones.
