La tortura en Venezuela centra la iniciativa que el abogado Kelvi Zambrano y otros defensores de derechos humanos promovieron ante las autoridades estadounidenses contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. En una entrevista con EL TIEMPO, el coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia explicó los fundamentos de esa actuación y la importancia de escuchar a las víctimas.
El jurista sostuvo que la presencia de Maduro en Estados Unidos abrió una posibilidad para solicitar una investigación por hechos ocurridos en Venezuela. Su explicación distingue un elemento fundamental: presentar una petición ante el Departamento de Justicia no equivale, por sí solo, a formular cargos ni establece responsabilidad penal.
Tortura en Venezuela: cómo impulsaron la solicitud de investigación
Zambrano relató que, junto con José Farín Valderrama y el activista Vilca Fernández, examinó los requisitos legales después de conocer que Maduro se encontraba en territorio estadounidense.
El grupo dirigió una solicitud al Departamento de Justicia para que evaluara abrir una investigación. Según el abogado, la decisión corresponde a las autoridades federales, dentro de sus competencias y criterios de actuación.
El defensor también señaló que habían realizado gestiones similares respecto de otras personas identificadas en Estados Unidos como presuntos responsables de tortura. Añadió que establecieron contacto con funcionarios del FBI, quienes solicitaron información de víctimas para entrevistarlas.
Ese relato describe las actuaciones del grupo promotor. El material suministrado no incorpora las comunicaciones con los investigadores ni permite conocer el contenido completo de los elementos entregados.
Para Zambrano, el examen debe abarcar tanto los actos individuales denunciados como la estructura institucional que habría permitido ejecutarlos. Esa perspectiva plantea investigar responsabilidades concretas dentro de una cadena de decisiones, sin sustituir la obligación de demostrar la participación de cada señalado.
La legislación estadounidense contempla hechos cometidos en el extranjero
La solicitud se apoya en el Estatuto Federal contra la Tortura, incluido en el título 18 del Código de Estados Unidos. El Departamento de Justicia explica que la norma comprende actos cometidos fuera del país por funcionarios, bajo apariencia de autoridad legal, contra personas bajo su custodia o control.
La definición exige una intención específica de causar dolor o sufrimiento físico o mental grave. Por tanto, una investigación debe comprobar los elementos del delito y no limitarse a reproducir la calificación utilizada en una denuncia.
La sección 2340A establece jurisdicción cuando el presunto autor es estadounidense o cuando se encuentra en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o de la nacionalidad de la víctima. También contempla la conspiración para cometer el delito.
La presencia del señalado permite examinar una de las condiciones de competencia, pero no demuestra los hechos. Las autoridades deben evaluar las pruebas y respetar las garantías de defensa antes de que un tribunal determine una eventual culpabilidad.
En la entrevista, Zambrano presenta esta herramienta como una vía para perseguir responsabilidades más allá del lugar donde ocurrieron los abusos.
Las víctimas buscan respuestas frente a los anuncios de reforma
La iniciativa judicial coincide con las declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. La funcionaria aseguró que instruyó a los organismos para que no practiquen detenciones sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia.
También defendió la reforma del sistema de justicia y la revisión de procesos relacionados con la Ley contra el Odio. Esos anuncios abordan la actuación institucional presente, mientras las denuncias de tortura plantean la necesidad de esclarecer hechos anteriores e identificar a sus responsables.
El título de la entrevista recoge la advertencia de Zambrano de que la cifra de personas torturadas es «incalculable». Se trata de una valoración del activista sobre la magnitud del problema, no de un registro estadístico verificable incluido en el fragmento.
Su relato sitúa los testimonios en el centro de la búsqueda de justicia. Las entrevistas solicitadas por los investigadores, según explicó, permitirían ampliar la información disponible y contrastar las denuncias.
El material también menciona nuevos cargos contra Maduro y Flores y señala que ambos se declararon no culpables. Sin embargo, no adjunta la acusación ni identifica su fecha exacta, por lo que no permite precisar aquí su alcance procesal.
La solicitud impulsada por los defensores, la eventual formulación de cargos y una sentencia corresponden a etapas distintas. Para las víctimas, el avance dependerá de que las autoridades transformen las denuncias en investigaciones sustentadas y decisiones judiciales.
Con información de El Tiempo
