EL VENEZOLANO COLOMBIA
A pesar de que dos cortes estadounidenses ordenaron detener las deportaciones de venezolanos a El Salvador, el gobierno de Donald Trump ha seguido adelante con su política de expulsión. La operación más reciente ocurrió el pasado domingo, cuando un avión militar trasladó a un grupo de presuntos criminales al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot).
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida argumentando que se trataba de “una exitosa operación de contraterrorismo” en conjunto con el gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, los tribunales han advertido que estas deportaciones violan el debido proceso y la Ley de Enemigos Extranjeros, que priva a los acusados de la oportunidad de defenderse antes de ser expulsados.
Imágenes sin identidad y dudas sobre los deportados
Al igual que en ocasiones anteriores, el gobierno salvadoreño difundió videos propagandísticos mostrando a los deportados con las cabezas rapadas y escoltados hacia sus celdas. No se especificaron sus identidades ni se aclararon cuántos eran realmente venezolanos.
Familiares de los expulsados han reconocido a algunos de ellos en las grabaciones y aseguran que no tienen vínculos con el Tren de Aragua. La falta de pruebas concretas ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la criminalización basada únicamente en tatuajes o presunciones sin fundamento.
Enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
La política migratoria de Trump ha chocado frontalmente con las decisiones judiciales. El juez James Boasberg y la Corte de Apelaciones de Washington DC habían ordenado frenar las expulsiones, pero la administración estadounidense solicitó a la Corte Suprema revocar la medida.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha soportado su postura contra la inmigración venezolana, eliminando una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) y clasificando a grupos como el Tren de Aragua y la MS-13 como organizaciones terroristas. Esta política ha servido como justificación para agilizar las deportaciones sin un proceso legal completo.
Reacciones y consecuencias
La comunidad internacional y activistas han condenado estas acciones, señalando que muchos de los deportados podrían no estar vinculados a actividades delictivas. La falta de transparencia en los procedimientos ha despertado preocupación sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Mientras la Corte Suprema analiza la solicitud del gobierno, la incertidumbre crece entre las familias de los detenidos. El debate sobre si estas medidas forman parte de una estrategia de seguridad o de una táctica política para fortalecer el control migratorio sigue abierto, pero lo cierto es que cientos de venezolanos se enfrentan a un futuro incierto en un país que no es el suyo.
A través de un nuevo video en redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele informó otra situación relacionada a criminales del Tren de Aragua y la MS-13.
— El Venezolano Colombia (@ElVenezolanoCo) March 31, 2025
El mandatario puntualizó: “Anoche, en un operativo militar conjunto con nuestros aliados de Estados Unidos,… pic.twitter.com/lOLrqK5csm
