En Venezuela, la libertad de circulación enfrenta un nuevo obstáculo: la anulación arbitraria de pasaportes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha denunciado esta práctica como una táctica deliberada del gobierno de Nicolás Maduro para restringir el movimiento de voces críticas, limitar la denuncia de violaciones de derechos humanos y generar temor entre quienes se atreven a disentir.
Entre julio y agosto de 2024, al menos 40 casos fueron documentados por la organización. La mayoría de los ciudadanos afectados se enteraron de la medida cuando intentaban viajar o al acudir a renovar sus documentos. La situación ocurre en un contexto de alta tensión política, marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales y un repunte en la movilización ciudadana.
Procedimientos opacos y sin respaldo legal
Uno de los aspectos más alarmantes del fenómeno es la ausencia total de explicaciones oficiales. Las personas involucradas no reciben notificación previa, ni existe un procedimiento administrativo o judicial que sustente la anulación de sus documentos. La falta de transparencia deja a los afectados en un limbo legal y sin mecanismos para ejercer su defensa.
Los perfiles de las víctimas son diversos: comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, investigadores, artistas, representantes sindicales, y hasta familiares cercanos. En algunos casos, también se han visto perjudicados hijos menores de edad y parejas sentimentales. La medida no solo afecta la vida personal y laboral, sino que constituye una violación a múltiples derechos fundamentales.
Implicación de organismos estatales y prácticas abusivas
De acuerdo con la información recopilada por el Cejil, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estarían directamente involucrados en estas acciones. Los testimonios recabados describen interrogatorios sin orden judicial, requisas de dispositivos móviles, retención de pasaportes y detenciones arbitrarias.
Los intentos por obtener información o reclamar ante instituciones como la Defensoría del Pueblo han resultado infructuosos. En el exterior, la falta de atención consular agrava el problema, dejando a cientos de venezolanos varados o en condición de irregularidad migratoria.
Extorsión y criminalización del disenso
En algunos casos, incluso después de pagar sumas considerables por la renovación del pasaporte, las personas vieron anulados sus documentos nuevamente en pocos días. Esta situación ha sido interpretada como una forma de extorsión institucionalizada, donde el Estado ejerce presión económica y psicológica sobre sectores vulnerables o incómodos para el régimen.
El uso discrecional de estas medidas busca inhibir la participación en el espacio público, generar autocensura y reforzar el control social a través del miedo. No se trata solo de impedir la salida del país, sino de desarticular redes de denuncia y activismo.
Un llamado a la acción internacional
El Cejil hace un urgente llamado a la comunidad internacional, organizaciones multilaterales y gobiernos democráticos para que tomen medidas efectivas que frenen estas prácticas. La exigencia es clara: restituir los derechos vulnerados, detener las anulaciones arbitrarias y establecer garantías para el libre tránsito de todos los ciudadanos.
El control de los pasaportes como instrumento de castigo político evidencia el deterioro institucional en Venezuela. Ante esta realidad, la presión externa, la documentación sistemática de los casos y la solidaridad internacional resultan esenciales para evitar que el silenciamiento se convierta en norma.
