La organización no gubernamental Provea denunció la captura de los médicos Juan Torres y Elizabeth Rodríguez en el estado Trujillo. Ambos fueron interceptados el 10 de septiembre cuando se dirigían a sus labores diarias y, posteriormente, trasladados a la capital venezolana. El caso ha encendido alarmas por presuntas irregularidades en el procedimiento y por la ausencia de información oficial sobre los cargos que se les imputan.
Detención en plena rutina
Según declaraciones de sus familiares, los profesionales de la salud fueron interceptados por un amplio contingente de fuerzas de seguridad. En el operativo participaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), la Policía regional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y dos divisiones de la Policía Nacional Bolivariana. Los parientes relataron que el arresto ocurrió cuando los doctores se dirigían a su centro de trabajo en Valera.
Juan Torres, coordinador del movimiento Renovación Ciudadana, había denunciado en varias ocasiones la escasez de insumos médicos y la falta de transparencia en el Hospital Central de Valera, donde laboró durante años hasta que se le prohibió la entrada. De acuerdo con sus allegados, estas denuncias le valieron múltiples advertencias de funcionarios oficiales, lo que alimenta la hipótesis de una persecución motivada por su activismo cívico.
Allanamiento y daños materiales
Posterior a la captura, la residencia de la pareja fue registrada sin una orden judicial y sin la presencia de representantes del Ministerio Público, señalaron sus familiares. Durante el procedimiento, se habrían sustraído objetos personales y ocasionado destrozos. Provea calificó estos hechos como violatorios de las garantías constitucionales, al no respetarse el debido proceso ni la propiedad privada.
Dos días después del arresto, el 12 de septiembre, los médicos fueron llevados a la sede del Conas en la parroquia El Paraíso, Caracas. Hasta el momento, se desconoce la acusación formal en su contra y no se ha permitido la designación de abogados de confianza. Organismos de derechos humanos exigen claridad sobre su situación legal y acceso inmediato a representación jurídica independiente.
La detención de Juan Torres y Elizabeth Rodríguez se suma a otros episodios recientes de hostigamiento a voces críticas en el ámbito sanitario y social. Mientras las autoridades guardan silencio, familiares y organizaciones civiles insisten en que se respete el Estado de derecho y se garantice la integridad de los galenos, cuyo paradero y condiciones siguen generando inquietud en la opinión pública.
Con información de Tal Cual
