El canal que separa a Trinidad y Tobago de Venezuela sigue siendo un corredor de tránsito para migrantes y contrabandistas, a pesar del aumento del despliegue militar en ambos lados de la frontera. El tráfico de personas, principalmente de comunidades indígenas como los warao del delta del Orinoco, así como el contrabando de alimentos y otros productos, mantiene activa esta ruta de apenas 20 minutos de navegación. No obstante, la vigilancia reforzada ha reducido el flujo y ha acentuado las tensiones entre Caracas y Puerto España.
Migración indígena en medio de la precariedad
Diariamente, pequeñas lanchas con motores fuera de borda transportan familias warao hacia el extremo suroeste de Trinidad. Huyen de las condiciones críticas en Tucupita, donde sobreviven en palafitos sin servicios básicos. En Trinidad, muchos encuentran refugio improvisado en lugares como la playa de Icacos.
Allí, hombres, mujeres y niños se adaptan a viviendas precarias hechas con láminas oxidadas y madera. El caso de Carlos Silva, padre de 11 hijos, refleja la realidad de cientos de waraos: niños sin registro de nacimiento, embarazos adolescentes frecuentes y ausencia total de escolarización. A pesar de ello, muchos valoran la solidaridad local, el acceso a ropa y la posibilidad de compartir alimentos.
Reacciones de la comunidad trinitense
Mientras algunos habitantes de Icacos describen a los migrantes como pacíficos, otros se quejan de que compiten con los trabajadores locales, aceptando salarios más bajos y afectando la economía de la zona.
Residentes también han denunciado robos de cocos y enfrentamientos con migrantes que buscan alimento en plantaciones cercanas. El malestar crece ante la percepción de que los recién llegados alteran la dinámica comunitaria, aunque otros insisten en que los waraos forman parte de un fenómeno humanitario que no puede ignorarse.
Contrabando y tráfico de personas
La frontera marítima no solo es escenario de migración irregular. Embarcaciones trasladan mercancías como queso y miel, pero también armas, drogas y, según testimonios, mujeres víctimas de explotación sexual.
Un pescador de la zona declaró a EFE que “todavía tenemos tráfico sexual”, confirmando lo que en 2019 documentó un estudio de Caricom, que identificó 289 puntos de trata en Trinidad y Tobago y 39 rutas de entrada, muchas con origen en localidades venezolanas como Tucupita y Güiria.
Entre 2013 y 2024, la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas de Trinidad rescató 102 víctimas, en su mayoría venezolanas, y procesó a 63 personas implicadas.
Escalada militar y tensiones diplomáticas
El pasado 21 de septiembre, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ordenó el despliegue de tropas cerca de Trinidad y Tobago para frenar los viajes ilegales. En paralelo, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, advirtió que podría autorizar el uso de fuerza letal contra embarcaciones no identificadas.
Además, Trinidad ha respaldado el despliegue naval estadounidense en el Caribe, lo que ha elevado la tensión regional. El resultado inmediato ha sido la reducción a la mitad del número de lanchas que llegan diariamente a las costas trinitenses, aunque la porosidad de la frontera mantiene abierta la posibilidad de nuevos ingresos, especialmente por puntos como Puerto Grande, Erin, Los Iros y Moruga.
La migración y el contrabando entre Venezuela y Trinidad persisten como dos caras de una misma realidad. De un lado, comunidades vulnerables buscan sobrevivir en medio de la precariedad; del otro, actividades ilícitas como la trata y el tráfico de mercancías se entrelazan con un contexto de seguridad cada vez más militarizado. Aunque la vigilancia ha reducido el flujo, la complejidad del fenómeno revela que ni el despliegue de tropas ni la amenaza de medidas más severas resuelven el trasfondo social, económico y humano de esta ruta que sigue activa a pesar de los obstáculos.
Con información de Alberto News
