El presidente electo Edmundo González Urrutia calificó como una práctica de “abuso de poder” la condena de 30 años impuesta a su yerno, Rafael Tudares, en un proceso judicial que, según afirma, carece de transparencia, fundamentos legales y garantías mínimas.
La sentencia, dictada tras una extensa audiencia, profundizó las denuncias de persecución política contra el dirigente, quien permanece en el exilio desde septiembre de 2024. Su familia, sin acceso al expediente ni posibilidad de designar abogados de confianza, advierte que el caso forma parte de un patrón de represalias contra figuras vinculadas a la oposición.
Un castigo “político” para afectar su liderazgo
Desde su exilio, González Urrutia se pronunció con firmeza ante la decisión judicial. Aseguró que el castigo contra su yerno no solo es ajeno a cualquier responsabilidad pública, sino que constituye una maniobra destinada a socavar su imagen y manipular el clima político tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral.
El dirigente sostuvo que perseguir a familiares de adversarios políticos es una muestra de la erosión institucional del país. “Utilizar el sistema de justicia para castigar a terceros es una práctica que confirma la confusión entre poder e impunidad que tanto daño le ha hecho al país”, expresó en su cuenta de X. Enfatizó además que la decisión es incompatible con el marco constitucional y carece de sustento jurídico.
González subrayó que, pese a este nuevo episodio, la defensa de los derechos civiles continúa siendo una prioridad para él y para quienes lo acompañan en su proyecto político.
Una audiencia maratónica y sin garantías
La hija del dirigente opositor, Mariana González, también denunció graves irregularidades procesales. Según relató, la audiencia única que culminó con la condena a Tudares se prolongó por más de doce horas, sin permitir a la familia acceder al expediente ni conocer el número de causa, restricciones que se mantienen desde septiembre de 2024.
Mariana aseguró que durante los diez meses que ha durado el proceso no se les permitió revisar las actas, obtener copias de la documentación ni designar un equipo de defensa independiente. La representación legal fue impuesta por el Estado mediante un defensor público, del cual solo conoce lo que se ha informado de manera oficial.
La situación de incomunicación agrava la incertidumbre: desde su detención el 7 de enero, ni ella ni otros allegados han podido comunicarse con Tudares. Ese mismo día fueron arresEl líder político afirmó que el castigo busca debilitar su liderazgo tras las elecciones de julio 2024 y que el sistema judicial está siendo usado para perseguir a tercerostados el defensor de derechos humanos Carlos Correa —posteriormente liberado— y el exaspirante presidencial Enrique Márquez, lo que configuró un operativo que sectores opositores interpretan como un intento de intimidación coordinada.
Antecedentes que elevan las alarmas
La condena se produce en un contexto en el que múltiples organizaciones nacionales e internacionales han documentado patrones de persecución judicial contra opositores, activistas y figuras cercanas a dirigentes críticos del gobierno. Tras las elecciones de 2024, la vigilancia, las detenciones arbitrarias y las restricciones al debido proceso se intensificaron, especialmente en casos asociados a figuras de alta visibilidad política.
La imposibilidad de acceder al expediente, la asignación obligatoria de un defensor público y la prohibición de comunicaciones directas constituyen elementos que, según especialistas en derechos humanos, vulneran principios esenciales establecidos en tratados internacionales suscritos por Venezuela.
Una familia sin respuestas y un proceso sin transparencia
Mariana González continúa sin conocer la situación real de su esposo. La ausencia de información sobre las condiciones de reclusión, la fecha de traslado o el estado físico y emocional de Tudares incrementa la preocupación de sus allegados. Su testimonio refleja la angustia acumulada durante meses de silencio institucional y la percepción de que el caso se utiliza como herramienta de presión contra su padre.
Para Edmundo González Urrutia, el mensaje es claro: “La defensa de los derechos y la dignidad de todos los venezolanos se mantiene firme y no retrocede”. Sus palabras buscan transmitir fortaleza, aunque el entorno político y judicial del país muestre cada vez menos espacios para la disidencia sin consecuencias colaterales.
Con información de EFE
