Venezuela entró oficialmente en una fase de excepción institucional tras la publicación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, una medida que concede atribuciones extraordinarias al Ejecutivo y autoriza a los cuerpos policiales a detener a cualquier persona señalada de promover o respaldar el ataque militar ejecutado por Estados Unidos en territorio venezolano.
El documento, divulgado en la Gaceta Oficial N.º 6.954 Extraordinaria y fechado el sábado 3 de enero de 2026, se presenta como una respuesta gubernamental al remezón político que dejó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Sin embargo, el alcance del texto y los hechos ocurridos pocas horas después —incluida la detención de periodistas durante la instalación de la Asamblea Nacional— han encendido alarmas dentro y fuera del país sobre el riesgo de que el decreto sea utilizado como herramienta de intimidación contra voces independientes.
Un decreto que amplía el poder del Estado en nombre de la “normalidad”
El artículo 5 del decreto contiene la orden más explícita y contundente: instruye a los órganos de seguridad nacionales, estadales y municipales a “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura” de toda persona involucrada en la “promoción o apoyo” del ataque armado estadounidense contra Venezuela. En la misma disposición, se señala que los detenidos deberán ser puestos a la orden del Ministerio Público y del sistema penal, bajo la promesa formal de respetar las garantías de debido proceso y derecho a la defensa.
La redacción, no obstante, abre un amplio margen interpretativo: el concepto de apoyo o promoción puede abarcar desde acciones concretas hasta expresiones públicas, opiniones, difusión de contenidos o cualquier manifestación que el Estado decida considerar favorable a la operación militar. En un contexto donde la confrontación política y el control de la narrativa oficial han sido centrales, la ambigüedad se convierte en un punto crítico.
La “conmoción” como paraguas: medidas sociales, económicas y políticas sin límites claros
El artículo 4 del mismo texto establece que la Presidencia podrá dictar otras disposiciones “de orden social, económico o político” que considere convenientes, con el argumento de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. En otras palabras, la conmoción exterior no se limita al ámbito de seguridad: habilita al Ejecutivo a intervenir en múltiples áreas sin una delimitación precisa.
Ese tipo de cláusulas suele ser interpretado por sectores legales como una puerta abierta a restricciones adicionales: controles sobre reuniones, regulaciones informativas, limitaciones a la protesta o decisiones económicas extraordinarias. En la práctica, el decreto crea un marco legal que permite extender el poder estatal bajo el argumento de una situación excepcional.
Delcy Rodríguez: continuidad institucional en medio del terremoto político
La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que la medida habría sido suscrita por Nicolás Maduro semanas atrás y remitida al Tribunal Supremo de Justicia para su revisión constitucional. Esa afirmación busca dotar al decreto de un aura de legalidad previa y continuidad institucional, incluso cuando el país atraviesa un cambio abrupto de mando tras la captura del mandatario chavista.
La narrativa oficial intenta construir una línea de “orden y legalidad” en el momento más frágil del poder político venezolano en años recientes. Sin embargo, la sucesión, la falta de detalles sobre el proceso interno y la presión internacional convierten cada decisión en un pulso por el control del Estado.
Detenciones de periodistas: libertad de prensa en el centro del debate
En paralelo a la publicación del decreto, el lunes 5 de enero se reportó la detención de al menos siete periodistas y trabajadores de medios mientras cubrían la instalación del nuevo periodo legislativo en la Asamblea Nacional. Según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, los arrestos ocurrieron en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo y afectaron a reporteros de medios nacionales e internacionales.
Tres fueron liberados horas después, pero otros continuaron bajo custodia, lo que provocó reacciones inmediatas de organizaciones defensoras de derechos humanos y de sectores que interpretan estos hechos como un mensaje de advertencia: en tiempos de excepción, informar también puede ser considerado una amenaza.
¿Coincidencia o consecuencia?: la línea borrosa entre seguridad y censura
La proximidad temporal entre la publicación del decreto y los arrestos de comunicadores ha profundizado una interrogante incómoda: ¿se trata de hechos desconectados o de la aplicación anticipada de un nuevo marco represivo? Aunque el decreto menciona específicamente el apoyo al ataque estadounidense, la amplitud del lenguaje permite invocarlo para justificar acciones contra cualquier actor que el Estado considere “favorable” a Washington o crítico del nuevo orden interno.
La preocupación central radica en que el concepto de defensa nacional pueda usarse como excusa para restringir libertades fundamentales. En Venezuela, esa frontera ya ha sido cuestionada repetidamente por organizaciones internacionales en años anteriores. Ahora, el decreto revive el temor de que la excepcionalidad se transforme en norma.
Un contraste político: la exigencia de liberar presos frente a la expansión del control
La orden de captura masiva también contrasta con la postura expresada por Edmundo González, quien ha insistido en que la reconstrucción del “país real” solo será posible con la liberación de todos los detenidos por razones políticas. González describió a esas personas como rehenes de un sistema de persecución y reclamó que se respete la voluntad expresada en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
Así, mientras el decreto fortalece la capacidad del Estado para detener, sectores opositores y organizaciones civiles reclaman lo contrario: garantías, apertura y liberación de reclusos. Ese choque de enfoques perfila el conflicto que definirá los próximos días: si la transición venezolana se moverá hacia una salida democrática o hacia una consolidación de control bajo la figura del estado de excepción.
Con información de El Nacional
