Excarcelan a 15 adolescentes acusados de traición a la patria en Anzoátegui

Fiscalía les imputó graves delitos por supuestamente celebrar la caída de Maduro; vecinos aseguran que jugaban Carnaval

Un operativo realizado por la Policía del Municipio Bolívar el pasado 5 de enero en el sector La Burra culminó con la detención de 23 personas, entre ellas 15 adolescentes.

Según testimonios de vecinos y familiares, el grupo se encontraba en la vía pública participando en los tradicionales juegos de agua por las fechas de Carnaval cuando fueron interceptados por los uniformados.

A pesar de que la comunidad de los sectores El Espejo y La Aduana sostiene que se trataba de una actividad recreativa común en el oriente del país, la versión oficial justificó el procedimiento alegando que los presentes festejaban una supuesta captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos.

Criminalización y proceso judicial

Bajo el mando del director José Gregorio Cano, los funcionarios trasladaron a los 15 menores (con edades entre 13 y 17 años) y a los 8 adultos. Posteriormente, la Fiscalía imputó a los adolescentes cargos de extrema gravedad: traición a la patria, instigación al odio y asociación para delinquir.

La Juez Indira Ortiz, del Tribunal de Control N.º 1 de Responsabilidad Penal del Adolescente, dictó privativa de libertad y ordenó su reclusión en el centro de detención de Las Casitas, impidiendo además el acceso a defensa privada.

Excarcelaciones y denuncias de montaje

La madrugada del martes 13 de enero, tras más de una semana de incertidumbre, se iniciaron las excarcelaciones de los menores de edad, quienes quedaron bajo medidas de presentación.

Fueron recibidos por sus allegados entre abrazos y música de samba. No obstante, los ocho adultos detenidos en el mismo contexto permanecen privados de libertad.

El abogado y exfiscal Zair Mundaray alertó sobre graves vicios en el proceso, denunciando que a los jóvenes se les habría «sembrado» evidencia (piedras y botellas) para sostener la acusación.

Mundaray calificó el hecho como un mecanismo de «puerta giratoria», utilizado para mantener el control social mediante detenciones selectivas.


Este caso se inserta en un contexto documentado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que en su informe de septiembre de 2025 reportó la detención de al menos 220 niños y niñas tras las elecciones de 2024, bajo patrones de violación al debido proceso y tratos crueles.

Con información de El Pitazo

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