La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela inicia hoy, jueves 5 de febrero de 2026, la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convención Democrática que propuso la presidenta interina Delcy Rodríguez para liberar a los presos políticos. El debate se realizó en una sesión ordinaria programada a las 12:00 del mediodía.
La decisión, adoptada sin disidencias internas, reaviva el debate nacional sobre el alcance, las motivaciones y las posibles consecuencias de una medida que se presenta en un contexto de tensiones institucionales, cuestionamientos internacionales y una prolongada crisis de legitimidad democrática.
Un respaldo sin fisuras dentro del hemiciclo
La sesión plenaria estuvo marcada por la disciplina partidista y la ausencia de posiciones divergentes. Todos los integrantes presentes respaldaron la apertura de la discusión, evidenciando una cohesión interna que ha caracterizado al cuerpo legislativo durante los últimos años. Este comportamiento no resulta novedoso, ya que el Parlamento ha funcionado como un engranaje alineado con las directrices del Ejecutivo, validando sin mayores obstáculos las propuestas emanadas del oficialismo.
El proyecto sometido a consideración plantea un marco jurídico orientado a conceder medidas de clemencia a determinados actores involucrados en procesos judiciales, aunque los criterios específicos y los beneficiarios potenciales aún no han sido detallados de manera exhaustiva. Esta falta de precisión ha generado interrogantes entre analistas políticos y sectores de la sociedad civil.
El rol de la alta dirigencia en la iniciativa
La propuesta legislativa fue impulsada por una de las figuras más influyentes del poder gubernamental, cuya cercanía con el núcleo decisorio del Estado le otorga un peso político considerable. Su participación directa refuerza la percepción de que el proyecto responde a una estrategia diseñada desde el Ejecutivo, más que a una demanda surgida del debate parlamentario autónomo.
Voceros oficialistas han defendido la iniciativa como un mecanismo para fomentar la reconciliación y reducir tensiones políticas. Sin embargo, críticos advierten que este tipo de instrumentos legales han sido utilizados anteriormente con fines selectivos, beneficiando a sectores afines mientras se mantiene la persecución contra voces disidentes.
Delitos como crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas también quedan fuera de la amnistía. Esta medida abarcará el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. «La ley servirá para reparar las heridas dejadas por la confrontación, reencauzar la justicia y la convivencia entre venezolanos y venezolanas», proclamó Rodríguez en un acto realizado el pasado 30 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
De aprobarse en el Parlamento unicameral, la propuesta se convertiría en la segunda amnistía en la era del chavismo. La primera fue aprobada por Hugo Chávez en 2007 para las personas involucradas en el golpe de Estado de 2002
Durante su participación en ‘Hablemos de Venezuela’ en el ‘Hay Festival de Cartagena de Indias’, la líder opositora venezolana María Corina Machado comentó que la amnistía de Delcy Rodríguez es una respuesta a la «presión real» de Estados Unidos. «Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer», expresó.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 espera que la medida se centre para que «los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto». Machado incluso consideró que la sucesora de Maduro es «incapaz» de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.
